Hace tres días apareció en nuestro diario una nota de nuestra compañera Claudia Rodríguez Loera sobre la entrevista que hizo a la estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) Andrea Vázquez, quien afirma que la comunidad estudiantil demanda el regreso a clases en sus instalaciones, ya que la falta de comunicación directa con los profesores ha provocado severas deficiencias en relación con el aprovechamiento académico; por otra parte, la devolución de parte de sus cuotas, ya que al atenderlos con clases virtuales por medio de internet a causa de la pandemia, ha ahorrado gastos que la Institución ejerce cuando su presencia es real y en forma cotidiana.
LAS DEMANDAS parecen lógicas y por tanto justificadas, pero es conveniente aprovechar la oportunidad para hacer al gremio estudiantil algunas observaciones que juzgamos necesarias, a fin de aclarar conceptos contenidos en sus expresiones que evidencian errores u omisiones por deficiencias en la inducción que los estudiantes reciben al ingresar, relativos al conocimiento de los principios, fines, estructura, organización y funcionamiento del organismo educativo en que se inscribieron.
LA MANIFESTACIÓN. En primer término se alude a un acto de presión que consistirá, según lo dijo la entrevistada, en una manifestación dentro del campus universitario anunciada para el día de ayer por la tarde, con el propósito de “exigir a la institución el regreso de clases presenciales”; si así ocurrió, seguramente usted ya habrá leído la crónica correspondiente.
La estudiante aclaró a Rodríguez Loera que la manifestación sería pacífica, pero eso no significa que no sea un acto de presión, paso que no es lógico realizar si antes no se han dado los previstos en los procedimientos establecidos, o bien los recomendados por la prudencia. Nos enteramos primero los lectores de un diario público antes de que el funcionario responsable se entere formalmente de sus inquietudes, sin darle oportunidad de analizar el caso para ofrecerles la respuesta apropiada.
LAS CUOTAS. En segundo lugar, la referencia al descuento de cuotas nos conduce a la reflexión de que -al menos en la UAA- se ignora totalmente el contenido del artículo 3º de nuestra Constitución Política que, en la fracción cuarta del texto vigente dice textualmente:
“IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.”
¿Conocerán el texto de este artículo los estudiantes de la UAA y en especial quienes cursan la carrera de Derecho? Porque es preocupante que a los más afectados por este tema -que se supone son los estudiantes- no parezca interesarles, ya que a lo más que llegan es a reclamar un insignificante descuento de las cuotas que cubren y que son, evidentemente, inconstitucionales.
Me dirán que esto no compete resolverlo al rector y eso sería cierto. Pero si todos los ciudadanos están felices pagando la educación que como cualquier mercancía reciben sus hijos, entonces se entenderá que no les interesa exigir el derecho que la Constitución les otorga. Y en ese caso, los más felices serán los funcionarios públicos por los que votaron para gobernarlos, ya que tendrán un problema menos qué resolver.
Porque de hecho, el actual presidente de la República prometió formalmente que restablecería la vigencia de la fracción IV al clausurar las cuotas en todas las instituciones educativas dependientes del Estado, como la UAA en su calidad de organismo descentralizado como todas las universidades autónomas, que tienen esa calidad administrativa pero al fin y al cabo pertenecen al Estado, mismo que solo cubre un subsidio insuficiente. Pero una vez en el poder, el ciudadano convertido en Presidente de la República se olvidó de su promesa.
Sin embargo, siendo la educación cívica uno de las primeros compromisos hacia los estudiantes por parte de quienes dirigen la Universidad de acuerdo con la teoría universitaria, ellos -los estudiantes- están obligados no solo a saber que deben cumplir cabalmente sus obligaciones y reclamar sus derechos, lo que deberán, también, enseñar a sus conciudadanos tanto en sus labores de extensión a la comunidad como en su vida diaria. ¿Pero qué van a difundir si no conocen ni unas ni otros? O bien, si nos aseguran que sí los conocen, entonces lo que estaría ausente de la UAA sería la consciencia crítica.
¿Qué es la Universidad, cómo se integra, organiza y funciona? Es de desear que todo estudiante universitario se entere del texto constitucional, pero también de la legislación que rige su propia institución, que es su Ley Orgánica, su Estatuto y reglamentos.
Otro acervo que les sería de gran utilidad, sería el conocimiento mínimo de la historia y doctrina universitarias que le ayuden a entender su lugar, derechos y obligaciones en relación con la institución en la que se encuentra y desempeña, para que pueda obtener el mejor provecho de su paso por ella -y a la que deberá continuar vinculado de por vida- para que su desempeño profesional sea lo más fructífero posible para la sociedad a la que pertenece.
Volviendo al tema de las peticiones, al dirigir su demanda a “la Universidad”, los estudiantes diluyen la responsabilidad de quien tiene la facultad y la obligación de atenderlos. La Universidad no va a darles respuesta, porque no es una persona física sino una persona moral, una institución con una estructura y una organización manejada por personas que, esas sí, tienen la autoridad y la obligación de contestar a sus demandas.
La estructura y la organización que implica, indican de manera lógica los pasos que se deben dar en toda gestión generada por sus estudiantes -que constituyen uno de los dos elementos imprescindibles de toda Universidad- desde los representantes de su grupo hasta sus representantes ante el Consejo Universitario -que debería ser el órgano supremo de la Universidad- pasando por la sociedad de alumnos; de la misma manera que los profesores -el otro elemento insustituible de la Institución- tienen los suyos; ambos son complementarios y juntos integran lo que conocemos como comunidad universitaria. Pueden faltar cualesquiera otro organismo o funcionario; pero si uno de esos dos elementos -estudiantes y profesores- llegara a faltar, la Universidad no existiría.
Y el representante de ambos -estudiantes y profesores- es el rector, que cuenta con toda una estructura administrativa facilitadora de la labor altamente humanística que debe consistir en atender los requerimientos de dicha comunidad, mediante el cumplimiento de fines básicos entre los que se encuentran la organización del saber, la transmisión de conocimientos mediante la formación de profesionales e investigadores dedicados a conservar y crear cultura, despertar conciencia crítica e iluminar por todos los medios a su alcance el camino de la paz, la libertad y la justicia en armonía con la Naturaleza, empezando por el desarrollo material y espiritual de la parte de la Nación que corresponde a nuestro Estado sin olvidar, en ningún momento, que formamos parte de una sola Humanidad.
Muchas cosas podrían decirse sobre el particular pero lo más importante, por el momento, consiste en saber si la comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene interés en recuperar la tradición latinoamericana a la que pertenece nuestra Nación, o si desea profundizar el contenido mercantil anglosajón de la corriente iniciada en el sexenio de Miguel Alemán Velasco y consolidada en el de Carlos Salinas de Gortari con la apertura total al capital extranjero que convirtió en letra muerta la enseñanza para todos, conservando de manera falaz el texto constitucional pero abandonando la educación en poder del dinero y convirtiendo la enseñanza en un instrumento en el que los rectores de las universidades no representan la voluntad de la comunidad universitaria sino el papel de los gerentes de los dueños de las empresas educativas que deben redituar lo necesario para pagar los altos sueldos que devengan sus administradores, vigilados por su “Trustees committee”, en español Comité de fideicomisarios o todopoderosa “Junta de Gobierno”, expresión que no existió en América Latina hasta que fue copiada de los College trustees anglosajonas en nuestras universidades, por primera vez, en el cuarto decenio del siglo XX.[1]
El asunto, pues, no es tan simple. Y tanto los estudiantes como los profesores deben empaparse en el tema para actuar con conocimiento de causa en un sentido o en el otro.
Por la unidad en la diversidad
Aguascalientes, México, América Latina
[1] Zwingle, J.L. and William V. Mayville. “College trustees: a question of legitimacy”. Washington, American Association for Higher Education, 1974. (ERIC Higher education research report n. 10) 53 p.
