En las últimas semanas, algunos políticos de Aguascalientes manifestaron su opinión acerca del uso de fotomultas para hacer frente a la creciente problemática de seguridad vial que se vive en la entidad. Es positivo que quienes tienen o han tenido alguna responsabilidad pública opinen sobre el tema, pues, por un lado, da visibilidad a una problemática por la cual mueren decenas de personas cada año y muchas más resultan lesionadas, y, por otro lado, permite contrastar ideas y opiniones para explorar mecanismos adecuados para prevenir los hechos viales en la entidad.
En días recientes, por ejemplo, la diputada local, Ana Laura Gómez, hizo referencia a las fotomultas que alguna vez existieron en el municipio capital y acusó que “fueron eliminadas con fines electoreros”, pues “el gobierno panista sabía los resultados positivos de esta política, pero la tiraron a la basura porque les interesa más obtener votos que el bienestar de los ciudadanos” (LJA 27-01-2022). En esa línea, a través de sus redes sociales, la exalcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, quien durante su administración instauró las fotomultas, arremetió contra el exalcalde Juan Antonio Martín del Campo por haberlas cancelado y aseguró que éstas son una “política pública exitosa en el mundo” que se “echó al suelo por pura demagogia”.
A su vez, el exalcalde Martín del Campo respondió que “la decisión de retirar las fotomultas fue considerando el no transgredir la ley y hacerla cumplir, recordando que fueron eliminadas por la Sala Administrativa por no estar contempladas en la Ley de vialidad”. Además, se preguntó “¿con qué cara íbamos a cobrar foto multas si como municipio no cumplíamos con tener vialidades en buenas condiciones?” Y, por último, el actual alcalde del municipio capital, Leonardo Montañez, descartó “la intención de impulsar nuevamente el esquema de fotomultas pues su objetivo es que se apruebe una ley que permita a la policía vial retirar las placas del auto o la licencia de conducir a los conductores que rebasen los límites de velocidad, los cuales serán detectados por los radares que se instalarán en lugares estratégicos (LJA 03-02-2022)”
En resumen, mientras algunos defienden el uso de las fotomultas para prevenir hechos viales, otros cuestionan su sustento jurídico y el cobro que se hace a la ciudadanía por este tipo de infracción, y otros más proponen explorar alternativas a las fotomultas que quizás sean menos impopulares o políticamente menos complejas de implementar. Pero ¿son buenas o malas las fotomultas? ¿Pueden ayudar a reducir los hechos viales por el exceso de velocidad?
El World Resources Institute (WRI) en México, una organización internacional especializada en movilidad y seguridad vial, ha reiterado “la importancia de mantener el programa de fotomultas como un medio que facilita el control de velocidades, comportamientos de riesgo y por tanto la disminución de la mortalidad (WRI, 09-03-2017)”. Según esa organización, en Guadalajara, Jalisco, por ejemplo, entre 2010 y 2015, las fotomultas contribuyeron a la “reducción de 52.8% de muertes por hechos de tránsito en una de las vías más conflictivas, que es caso del periférico” (ibíd.) Asimismo, el WRI sugiere que “las fotomultas no son inconstitucionales por sí mismas, es el proceso administrativo instalado, hasta ahora, el que cuenta con oportunidades de mejora (ibíd.)”
En otras palabras, las fotomultas pueden ser efectivas para reducir la velocidad vehicular y, con ello, la ocurrencia y severidad los accidentes, pero deben implementarse a través de procesos y modelos consistentes con el marco normativo de cada entidad y de manera transparente, eficiente y verificable. Por ejemplo, en caso de concesionar la operación de esta tecnología a una empresa externa, el pago por el servicio no debería asociarse a la cantidad de infracciones, pues incentivaría a dicha empresa a levantar el mayor número posible, lo que generaría desconfianza en el sistema. Igualmente, debe existir un proceso de verificación de cada fotomulta para reducir el margen de error de la tecnología y garantizar que cada multa está justificada. Además, para mitigar la posible inconformidad con ese tipo de medidas, los ingresos generados podrían invertirse en la mejora de la infraestructura municipal y hacer pública y accesible la información.
En ese contexto, en Aguascalientes la discusión no debería limitarse a la efectividad de las fotomultas para mejorar la seguridad vial, sobre lo cual existe evidencia robusta, sino también discutir su aplicabilidad en la entidad considerando el marco normativo vigente, las condiciones políticas, técnicas e institucionales existentes a nivel municipal, e incluso las condiciones socioculturales que pudieran influir en el éxito o fracaso de una política de esa naturaleza. La discusión, entonces, debería intentar responder principalmente a tres preguntas: ¿las fotomultas son un mecanismo adecuado para mejorar la seguridad vial en Aguascalientes? Si fuese el caso, ¿cuál sería el proceso y mecanismo indicado para implementarlas? Y si no, ¿cuál sería una alternativa efectiva, y cómo se aplicaría y medirían sus resultados?
En conclusión, es buena señal que la seguridad vial esté en la agenda pública y que quienes tienen o han tenido alguna responsabilidad pública opinen al respecto, pero la discusión debería ser más amplia e integral para establecer políticas más adecuadas para prevenir hechos viales en la entidad.
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