Desde la campaña proselitista de 2018, Andrés Manuel López Obrador se cansó en destacar que una de las banderas distintivas de lo que sería su gobierno lo representaría su lucha desde el poder contra la corrupción, otros temas serían su combate a la inseguridad, impulsar un crecimiento económico sostenido de al menos un 4% anual promedio durante su gestión, y así, la pirotécnica de lo que sería la Cuarta Transformación del país. Y llegó el triunfo arrollador del 1 de julio y la asunción a la silla presidencial el 1º de diciembre de ese mismo año, de eso ya 3 años y dos meses… ¿y?
El pasado mes de noviembre del 2021, el diario británico de perfil económico Financial Times señaló acerca del discurso reiterado del líder de la 4T respecto a su estandarte político de combate a la corrupción, y ¿los resultados? Para aderezar su narrativa, el presidente López se cansa de acompañar su perorata con el impulso de lo que él considera la condición sine qua non de la lucha anticorrupción que identifica e impulsa como la “austeridad republicana”.
Este impulso a la austeridad ha llegado al extremo cuando en alguna de sus mañaneras de mayo del 2020 señaló que, en el marco del ascenso de la pandemia y sus complicaciones asociadas: …debemos “no consumir de manera enfermiza. Si ya tenemos zapatos ¿Para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado ¿Por qué el lujo?”, así lo expresó al tratar de explicar su concepto de austeridad republicana. Aunque nos queda claro, a los que escuchamos y damos seguimiento a las declaraciones del jefe del Estado mexicano desde su llegada a Palacio Nacional, respecto a sus aseveraciones moralistas e ideológicas, y las constatamos frente a la realidad nacional, como chocan y confrontan las circunstancias cotidianas del país que sólo va dando tumbos a este respecto.
El viernes pasado, nos enteramos por conducto del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, acerca de la existencia de una iniciativa del presidente López Obrador de desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de fusionar 16 órganos desconcentrados de diversos ámbitos de la vida institucional de México, y que ahora se está evaluando en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. El propio vocero aceptó que aún no hay fecha para enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados. Con esta iniciativa AMLO prepara la absorción (sumisión) de 16 organismos por el Ejecutivo, desapareciendo 9 órganos desconcentrados y 7 descentralizados, entre ellos las propia Secretaría Ejecutiva del SNA.
La idea de la austeridad espartana, perdón, republicana, está, desde la ignorancia de su concepción, llevando el esfuerzo de los mexicanos invertido desde 2015 a la fecha, al basurero de la historia. Combatir la corrupción del aparato del Estado desde el aparato del Estado, esa es la “lucha” de AMLO contra el flagelo. Mal.
Pero algo no cuadra en todo esto, el rey, perdón, el presidente López, responde a la opinión pública, después de una serie de hechos que hacen tambalear su discurso. Veamos.
En la semana que concluyó el 21 de enero pasado, el recién designado titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, declaró que el tramo 5 del famoso Tren Maya sufriría un importante cambio (o recorte) en su trazado original y ya no se construiría el viaducto elevado frente a Playa del Carmen, de hecho, ya no habría estación ahí. ¿Mala planeación? No. Hacer lo previsto en el plan original llevaría a un desastroso papelón del jefe del Ejecutivo ante la opinión pública. Pequeño detalle, este cambió puso en evidencia una afectación de 22 mil árboles que ocupaban la zona del malogrado trazado. Para el ciudadano promedio, eso fue una criminal tala de varias especies de la zona, como macuili, ceiba, ciricote, cedro y palmas. Nada más 22 mil. El funcionario turístico se defendió y habló de “reubicación y rescate” en hoteles, parques y otras zonas. Lastimaron al medio ambiente, sí. Lo peor es que a esos árboles los rescataron y reubicaron inútilmente. La mala planeación fondeada con recursos públicos es ciertamente una grave forma de corrupción.
Para esas mismas fechas, tras la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, nos enteramos de un par de noticias, uno que a pesar de que la secretaria Rocío Nahle y el presidente López Obrador señalaron que con Estados Unidos todo era miel sobre hojuelas respecto a la reforma eléctrica en trámite, la funcionaria norteamericana precisó en una declaración oficial que: “En cada reunión expresamos abiertamente las preocupaciones reales de la Administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México sobre la inversión estadounidense en el país.” Vamos, los funcionarios mexicanos mintieron a los mexicanos. ¿Otra forma de corrupción? Además, también se hizo pública la modificación al presupuesto de la refinería Dos Bocas, mismo que, desde su propuesta original, se había incrementado su costo real para pasar de 8 mmdd a la bagatela de 12.5 mmdd, es decir, un 56% más. ¿Pandemia, costo de materiales, mala planeación? ¿Corrupción?
Para rematar la semana, la periodista Carmen Aristegui, publicó un reportaje del reportero de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Raúl Olmos, relativo a la casa que ocupó José Ramón López Beltrán y familia, hijo del presidente López Obrador entre 2019 y 2020, en Houston, Texas, que estaba a nombre de uno de los presidentes de la petrolera Baker Hughes, empresa que recibió contratos de PEMEX por 151 millones de dólares. La austera casa contaba con salón de juegos, sala de cine, alberca, bar, y ubicada en una zona de alta plusvalía de la ciudad norteamericana. Para este año, José Ramón se mudó a otra lujosa residencia también en Houston, a nombre de su esposa, en un terreno de 2,500 m2 y que cuenta con los mismos lujos de la casa anterior. La casa perteneció a otro alto ejecutivo de Baker Hughes, amén de trasladarse en una camioneta Mercedes Benz de valor de 1.36 millones de pesos.
