La preocupación por el tema de la vivienda, en especial por las cualidades que esta debe reunir para asegurar el bienestar de quienes la ocupan y respecto a cómo garantizar un hábitat digno y contribuir a la estructuración de ciudades sostenibles e incluyentes, sigue siendo un desafío vigente, frente al cual se han planteado distintas discusiones, propuestas y alternativas de solución que han permitido evidenciar cómo este asunto involucra aspectos culturales, económicos, espaciales, técnicos, políticos e institucionales que deben ser abordados en conjunto para su gestión; por lo que es necesaria la participación y construcción de acuerdos entre los distintos actores que intervienen en la producción del espacio urbano.
Entre los múltiples elementos discutidos está el relacionado con el tamaño que debe tener la vivienda. La consideración de este asunto se remonta al proceso de reconstrucción europea emprendido al final de la primera guerra mundial, donde el principal reto era encontrar alternativas al déficit de viviendas para hogares devastados por la confrontación bélica a bajo costo dada la situación de crisis económica y social. En tal contexto, dentro de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna CIAM, se acogió el término de “vivienda mínima” que encierra la discusión sobre cuál es el espacio mínimo que permite al hombre desarrollar sus funciones vitales, teniendo en cuenta tanto parámetros de higiene como sociológicos.
Se emprendió la búsqueda de soluciones técnicas que facilitaran disponer de un alojamiento que permitiera el flujo de elementos como el aire, luz, calor necesarios para vivir y al mismo tiempo responder a los cambios en la composición de los hogares y los roles al interior e estos derivados de la posguerra, surgiendo así diversos planteamientos y propuestas, dentro de las que se destacan los aportes de los arquitectos Hermann Muthesius (“Casa mínima y barrio mínimo”, 1922) y Walter Gropius (“Los fundamentos sociológicos de la vivienda mínima para la población obrera de la ciudad”,1929), entre otros, quienes asumieron el reto de buscar la reducción del tamaño de las distintas piezas de las viviendas tradicionales y de establecer nuevos sistemas constructivos de rápida edificación a bajo costo garantizando el confort y la calidad.
Como resultado surgieron soluciones basadas en “programas de necesidades” y “tipologías” que permitieron bajar los costos y ofrecer viviendas a la clase obrera europea basadas en el cuestionamiento a patrones culturales como la disposición de espacios para trabajadores domésticos en el hogar, la forma y tamaño de las cocinas y la existencia de antesalas o espacios poco usados. Estas propuestas homogeneizadoras fueron acogidas a nivel estatal y dieron paso a la construcción de proyectos en zonas periurbanas, donde el suelo era más económico, y al desarrollo de esquemas de transporte para facilitar los desplazamientos.
Ante la consagración del derecho a la vivienda como un derecho fundamental en 1948, el incremento de la migración campo-ciudad y la suscripción de agendas y acuerdos internacionales en materia de hábitat y desarrollo urbano, la estrategia de definición de parámetros de vivienda mínima fue acogida en otros contextos como el latinoamericano, centrándose la intervención en la producción de espacios a bajo costo para atender el déficit habitacional. Allí, en un primer momento, bajo un modelo de Estado interventor en la economía, se emplazaron proyectos de “vivienda social” para las familias trabajadoras y de bajos recursos y se definieron normatividades que incluyen dimensiones de lo que se considera como vivienda mínima; para luego transitar a esquemas de producción de vivienda orientados por el libre mercado, en los que el Estado abandonó su función como constructor y se limitó a establecer regulaciones sobre los componentes y lineamientos a tener en cuenta por parte de los desarrolladores privados.
En países como México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia existen regulaciones al respecto que responden a la cultura, las costumbres propias y a la forma cómo asumieron la gestión del ordenamiento del territorio. Ellas incluyen diferentes tipos de directrices que abarcan desde la delimitación de tipos de áreas básicas con las que debe contar la vivienda (por ejemplo, estar, comedor, cocina y dormitorio en el caso argentino, y dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y circulaciones para el caso Chileno); hasta la definición de tipologías (VIS y VIP en el caso colombiano, y económica, popular, tradicional, media y residencial en México, según el Código de Edificación de Vivienda) cuyas áreas oscilan entre 26 y 57m2. Asimismo, algunas normas acogen parámetros diferenciados por climas, regiones o delimitaciones administrativas para la orientación de las viviendas mínimas. No obstante, existe un desencuentro entre estos parámetros y las necesidades de las poblaciones de bajos ingresos, en situación de discapacidad y étnicas.
La revisión de las normativas existentes y de sus modificaciones durante las últimas décadas indican una tendencia a la reducción de las áreas mínimas, que se puede explicar por el alto valor del suelo que han adquirido las zonas urbanas y la creciente migración de población hacia ellas. Ello ha demandado buscar alternativas para aprovechar al máximo la superficie edificable de manera tal que puedan ofrecerse un mayor número de soluciones. Se ha dado así el impulso a nuevos diseños, tecnologías y mobiliarios que buscan hacer más eficiente el espacio, en un escenario en el que las dinámicas de consumo impulsan el nomadismo y la preferencia por espacios mínimos para su uso por poco tiempo.
La búsqueda de eficiencia y practicidad ha coincidido con la tendencia del incremento de hogares unipersonales, lo cual ha servido para justificar el emplazamiento de nuevos modelos de vivienda, (tiny hauses, coliving, lofts), de dimensiones que van entre los 17 a los 25 m2, dirigidos a un reducido sector poblacional que puede acceder al crédito para su compra, dejando de lado las necesidades de las familias y los rezagos en cuanto a los déficit cualitativos y cuantitativos de vivienda que afectan a los sectores medios y de bajos ingresos. Vendiendo la ficción del confort y la sofisticación para encubrir la precarización de las condiciones del hábitat, asistimos al desarrollo de ofertas de vivienda que desconocen las restricciones identificadas durante los procesos de confinamiento obligados por las medidas sanitarias para enfrentar la última pandemia: la necesidad de espacios más amplios, ventilados, que favorezcan la intimidad y que permitan trabajar y estudiar, pues las viviendas ya no son solo espacios de residencia sino lugares donde se ejercen estas actividades.
Pese a que los Objetivos de Desarrollo sostenible No 9, 11 y 17 asumieron el reto de garantizar viviendas dignas, de calidad y asequibles basadas en soluciones tecnológicas que contribuyan a la sustentabilidad, y que se han desarrollado experiencias orientadas a innovar la vivienda social, aún falta mucho al respecto. Es necesario darle mayor relevancia al tema del espacio vital suficiente pues la vivienda cumple un rol dentro de la salud pública al interferir en las dimensiones física y mental de sus habitantes. Tal afecta sus capacidades para asumirse como sujetos políticos, relacionarse con otros, y para contribuir en la producción de la ciudad. Este parámetro debe considerarse desde razonamientos alternativos a los impuestos por el libre mercado, en particular por los agentes inmobiliarios, quienes se oponen al establecimiento de regulaciones sobre el tamaño de las unidades de vivienda en su afán de garantizar la rentabilidad. Aducen la introducción de distorsiones para sustentar su negativa y no asumen los costes sociales causados por los inadecuados estándares promovidos.
Al ser la vivienda simultáneamente un derecho, un valor de uso que refleja nuestra cultura y permite desarrollarnos como individuos, y un valor de cambio (considerado culturalmente en la región como un patrimonio familiar y garantía para el acceso a crédito); se evidencia, tras observar las soluciones habitacionales disponibles, que no nos hemos tomado en serio la dimensión del área mínima habitable y no aprendimos de la reciente crisis. Por el contrario, se mantiene la vulneración de derechos y avanzamos en la precarización de la vida urbana gracias a la especulación que directa o indirectamente favorecemos al aceptar productos inmobiliarios que interpretan a conveniencia las transformaciones sociodemográficas recientes. Debería importarnos más el tamaño.
