Ernesto Villanueva
Una parte de la comunidad académica del Centro de Investigación y Docencia Académicas (CIDE) mantiene una campaña contra lo que califica una afectación a la libertad de investigación y a la autonomía de esa institución por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se han difundido muchos mensajes contradictorios que, en suma, vulneran el derecho a la información, de ahí que sea oportuno y pertinente aclarar las cosas.
Primero. El fondo del problema reside en un tema de concepción sobre cómo y para qué se investiga, no sobre las temáticas susceptibles de investigación, donde queda a salvo la libertad de investigación. El asunto es de pesos y centavos. Para el Conacyt y la 4T la investigación que se lleva a cabo en los centros académicos que viven con cargo al erario, debe tener una finalidad de interés público; es decir, no debe estar sujeta al encargo pecuniario donde concurran el sueldo del investigador, los incentivos internos, el reconocimiento económico del SNI del Conacyt, los apoyos de esta misma institución a proyectos de investigación sumados a los pagos de otras fuentes de ingresos derivadas del propio erario (ya sea municipal, estatal, federal o de organismos autónomos) cuyos montos sustantivos van dirigidos a los participantes del proyecto pagando un overhead o gastos, destinados en este caso al CIDE por concepto de uso del logo y de sus instalaciones. Por el contrario, esta modalidad de investigación se ha internalizado en los investigadores y estudiantes participantes de proyectos de investigación aplicada. Las movilizaciones estudiantiles más acabadas como las de la UNAM en el pasado reciente han estado relacionadas con asuntos de interés público, principalmente la defensa de la gratuidad de la educación y, por ello mismo, la igualdad de oportunidades. Esto ahora no tiene mayor interés para los activistas del CIDE, toda vez que la gratuidad anunciada por el Conacyt para este 2022 no tuvo el menor impacto en el ánimo estudiantil más preocupado y ocupado en los proyectos con una derrama económica más allá de las becas institucionales.
Segundo. Los detractores del Conacyt han señalado que las reformas al Estatuto General del CIDE deben observar “lo dispuesto por su artículo 42, fracción V, de conformidad con el cual corresponde al Consejo Académico del CIDE conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento, por parte del director general, al Consejo Directivo o a esta Asamblea, según corresponda”. Esto es una verdad a medias porque opera cuando se trata de propuestas de reformas por parte de la dirección general del CIDE, no de los asociados de la Asamblea General. Tampoco es dable afirmar que hay una intervención externa porque la propia Asamblea General es el máximo órgano colegiado del CIDE previsto en su normativa interna. En todo caso, se encuentran los tribunales como la mejor alternativa para dirimir, si las hubiera, las dudas sobre la debida interpretación de las reglas jurídicas que rigen la vida del CIDE. Hasta ahora por lo menos, los jueces de distrito no han ordenado suspensiones provisionales para evitar la aplicación de la normativa vigente en ese centro de estudios que, no sobra decir, no es autónomo, sino un centro público de investigación que depende enteramente del gobierno federal cuya naturaleza jurídica existe intacta desde su fundación.
Tercero. Sin duda, quienes se oponen a la política pública del gobierno federal están en todo su derecho de manifestarse y hacer públicos sus disensos como lo están haciendo a través de declaraciones en los medios de comunicación. Esas inquietudes, empero, no obligan en modo alguno al Conacyt para que ajuste sus pautas de comportamiento a los requerimientos de sus detractores. En esa lógica, el Conacyt hace lo que puede hacer en el marco de la Constitución y la ley para traducir en acto su plataforma política, salvo que por resolución judicial definitiva e inapelable se disponga algo distinto o que por la creación de una eventual ley orgánica del CIDE que se nutra de los puntos de vista de quienes ahora están en contra de los cambios administrativos internos que se promueve desde el Conacyt y la 4T, quede fuera de toda relación con el CIDE. En la única encuesta interna del gobierno federal que mide el tema CIDE no hay impacto alguno en el electorado de la 4T ni en la imagen presidencial. Las denuncias de quienes cuestionan al gobierno federal desde los medios sólo convencen a quienes ya estaban convencidos. Y contrario a lo que sucedía en el pasado reciente, las denuncias mediáticas tienen el efecto de fortalecer la postura presidencial y del Conacyt sobre el tema del CIDE. Como se ha visto en muchos casos, la crítica recurrente no dobla ni modifica el quehacer presidencial, sino paradójicamente lo justifica. La supuesta defensa de la ley violando la ley como se ha hecho ahora cerrando una parte de la entrada y salida de la carretera México-Toluca no tendrá un final feliz para sus promoventes y sí, por el contrario, generará malestar ciudadano y una reacción esperable de las autoridades para evitar que se vulnere el derecho humano al libre tránsito.
@evillanuevamx
