Una de cada cuatro niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana forzada antes de cumplir los 18 años, lo que las colocó en una situación vulnerable y sin posibilidad de ejercer sus Derechos Humanos; si la región no atiende esta problemática, se convertirá en segunda con más altos índices de matrimonio infantil para 2030, de acuerdo con la investigación “Los matrimonio y uniones infantiles, tempranos y forzados: prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe”.
Esta investigación fue realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Su objetivo es visibilizar los avances o retrocesos que han tenido los gobiernos en la erradicación del matrimonio infantil y las prácticas nocivas que profundizan las desigualdades en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con la CEPAL, se calcula que más del 25 por ciento de las niñas en el mundo son obligadas a contraer matrimonio. Si bien en Jamaica las niñas en esta condición representan menos del 10 por ciento, en Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Belice representan arriba del 30 por ciento.
Estos números, advirtió la CEPAL, podrían ser mayores, ya que falta un sistema que supervise o registre los datos sobre esta problemática, además de que en muchos países no generan esta información o no la actualizan.
Los matrimonio y las uniones infantiles, detalló la investigación, son fenómenos complejos y es una violación a los Derechos Humanos de las niñas y adolescentes, la cual se relaciona con la desigualdad de género, la violencia, la pobreza, el abandono escolar, el embarazo adolescentes, los marcos legales y las políticas públicas inadecuadas, limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente o futuro de las menores de edad, en particular de las que residen en zonas rurales.
Otros factores que impulsan los matrimonios infantiles son la falta de autonomía física, económica y de la toma de decisiones; no obstante, todo ello ha sido poco visibilizado y abordados por las autoridades y los gobierno en América Latina y el Caribe, quienes deben trabajar por un cambio cultural que modifique las “norma de género inequitativas” que limitan la vida de las menores de edad al matrimonio, maternidad y cuidar de otros, describió la investigación.
De acuerdo con la CEPAL, en República Dominicana, 58.6 por ciento de las niñas en condición de pobreza se casa antes de los 15 años; en México, 37.7 por ciento de las mujeres se casó antes de los 18 años, y en Chiapas, Guerrero y Veracruz, 40 por ciento de las indígenas fueron obligadas a unirse en matrimonio.
La investigación descubrió que en República Dominicana es más valorado que las niñas se conviertan en madres que un logro escolar, por lo que “rara vez” las menores de edad aspiran a tener autonomía emocional y económica, además de que no “para ellas ser una buena madre significa olvidar sus propias necesidades y proyectos para cuidar de sus hijos e hijas”; en El Salvador, las menores de edad son obligadas a asumir las tareas domésticas antes que acudir a la escuela; en Guatemala, incluso las niña que estudian tienen como proyecto de vida realizar actividades domésticas no remuneradas y “servir a su esposo”.
De igual manera, especificó la investigación, las menores de edad en Bolivia consideraron que su función es “pensar en sus hijos, cuidar de la casa, obedecer a sus maridos y que las y los hijos son responsabilidad exclusiva de la mujer”. Todas estas “enseñanzas”, añadió la investigación, son las que los gobiernos tienen que modificar, ya que conllevan a que las niñas y adolescentes no pueden ejercer su derecho al tiempo propio, lo que no permite que participen en las distintas esferas sociales.
Si las niñas y adolescentes no destinaran su tiempo al cuidado de otros o a las actividades domésticas, podrían desarrollar otras capacidades, como su potencial profesional y ganar autonomía corporal y económica, lo que contribuiría al bienestar presente y futuro de ellas, de acuerdo con la investigación, donde además se señala que a pesar de que el tiempo es un factor importante para la erradicación de los matrimonios infantiles, hay muy pocos estudios sobre ello, mucho menos enfocados en menores de edad.
Algunos países, detalló la investigación, que sí generan estadística sobre el uso del tiempo de niñas y niños son Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Colombia y Paraguay. Con estos datos se sabe, por ejemplo, que las niñas y adolescentes en Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú dedican más tiempo al aprendizaje y al estudio que los niños.
“Una carga tan alta de horas de trabajo en el hogar influye en el tiempo restante para el estudio, la socialización fuera del hogar, el trabajo remunerado, el autocuidado y la participación social y política, entre otros. Asimismo, puede contribuir a aumentar la dependencia económica de la pareja, el aislamiento social y el control que ejerce la pareja. Las niñas y adolescentes casadas como mínimo duplican la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado, que sus pares varones casados, y llegan a quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana)”, enfatizó la investigación.
De acuerdo con la CEPAL, los matrimonios o uniones tempranas intensifican la división sexual del trabajo hasta en un 85 por ciento, lo que dificulta aún más la presencia de las mujeres en la vida pública o política y las expone a mayores riesgos de violencia sexual, física o psicológica. En el último lustro, entre 13 y 18 por ciento de las adolescentes padeció violencia de género por parte de sus parejas, entre 15 y 20 por ciento reportó violencia emocional; y 4 por ciento declaró haber sido víctima de violencia sexual.
Actualmente en 9 países de América Latina y 2 del Caribe, entre ellos México, prohiben el matrimonio infantil, pero 14 países de la región todavía permiten las uniones tempranas a partir de los 16 años de edad con autorización de los padres, representantes legales o un juez, y en 6 países aún está permitido casarse a partir de los 14 años de edad, con autorización de los padres o representantes legales.
La CEPAL dijo que pese a que también el matrimonio infantil está prohibido en acuerdos y convenios internacional, es indispensable que todos los países de America Latina y el Caribe trabajen a favor de que las menores de edad puedan ejercer su autonomía, es decir, puedan decidir e informarse sobre sus vidas, aspiraciones y deseos, control sobre su cuerpo y de sus derechos sexuales y reproductivos; generar una agenda de cuidados, que distribuya el trabajo domésticos y de cuidados entre todos las persona que integran una familia.
La investigación recomendó además que exista un compromiso político para desarrollar marcos legales y políticas públicas, basada en los derechos, con perspectiva de género y el interés superior de la niñez; visibilizar la situación de los matrimonios forzados en la región como una vulneración a los Derechos Humanos; rendir cuenta sobre los compromisos asumidos en esta materia; y avanzar en los cambios de los marcos legales para que no sólo garanticen la edad mínima de matrimonio, sino también aborden la autonomía progresiva de las niñas.
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