APRO/Ernesto Villanueva
En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado sus críticas a Proceso en virtud de dos piezas que difundió en sus páginas. Ya lo había hecho antes por semejantes razones. Las afirmaciones del presidente paradójicamente honran a este semanario y le brindan una suerte de certificado de garantía: con sus proclamas, el presidente da público testimonio de que desde Proceso se hace periodismo al amparo de la Constitución y las leyes y que se observan los principales estándares democráticos internacionales. Y no es para menos. Un medio de comunicación, por el contrario, que fuere objeto de palabras presidenciales de encomio haría al menos dudar de sus contenidos.
Lo que afirma AMLO sobre Proceso y otros medios es desafortunado, pero, por lo menos hasta ahora, no es constitutivo de delito o de ilícito alguno. Siempre, pero ahora en un clima de crispación todavía más, el periodismo juega un papel significativo en la medida en que, con el ejercicio profesional de las libertades de expresión e información, debe satisfacer un bien superior, el derecho a la información de la sociedad. Que no exista una ley (y qué bueno que no la haya, dicho sea de paso) para los medios escritos y digitales, no significa que no deban observarse procesos estandarizados de cómo se fabrican las noticias y de qué manera se jerarquizan. Y esas reglas aplican también para las secciones de análisis en las que, si bien es verdad hay mayores márgenes de libertad, también lo es que no existe ni aquí ni en ningún lugar del mundo una libertad absoluta. No hay que ir muy lejos para saber dónde se encuentran a detalle esas reglas del periodismo que deben ser atendibles. Baste con leer, a vía de ejemplo, el Código Europeo de Deontología del Periodismo (https://acortar.link/NDpEwv) y una lectura más a fondo se puede encontrar en mi obra Deontología informativa: códigos deontológicos de la prensa en el mundo (México, Miguel Ángel Porrúa, 2002).
Desde el siglo XIX y con mayor acento ahora en el siglo XXI, las reglas éticas son herramientas que guían el buen quehacer periodístico por cuanto hace al cómo se debe presentar la noticia y la opinión. Deja fuera como regla sobre qué se debe escribir; esta es una atribución estrictamente editorial que debe tomarse casuísticamente. La ética busca un propósito compatible con un Estado democrático de derecho: generar información veraz y opiniones honestas para que la opinión pública norme su propio criterio al cotejar todas las aproximaciones que sobre un tema puede informarse.
Ciertamente se ha registrado en algunos casos en el pasado, especialmente en los siglos XVIII y XIX, lo que se denominó “periodismo militante”, que no hacía distinción entre informaciones y juicios de valor y su razón de ser era posicionar un mensaje político anteponiendo la información de interés público pura y dura. Hoy quedan algunos vestigios de esa forma de hacer periodismo.
En Cuba, por ejemplo, el código de ética del periodista dispone en su artículo 2º que el periodista: “Debe mantener una conducta laboral, social y moral consecuente con los principios y normas de nuestra sociedad socialista” ( https://acortar.link/lG9seP).
El código de ética periodística de Corea del Norte establece cuatro disposiciones que debe observar sobre el gobierno: a)”Los periódicos deben publicar artículos en los que se tenga indefectiblemente en alta estima al presidente, se le adore y se le alabe como el gran líder revolucionario”; b) “Los medios de comunicación deben defender sistemáticamente el culto a la personalidad de la familia Kim”; c) “Los medios deben referirse a Kim Jong-Un como el ‘Querido Líder’”, y d) “Los medios deben promover las agendas nacionales e internacionales del Partido del Trabajo” (https://acortar.link/rxsGCy).
Y en Vietnam el código de ética de los periodistas establece en su artículo 2º sus obligaciones, entre las cuales se encuentran: “(a) Informar con veracidad de la actualidad nacional y mundial de acuerdo con los intereses del país y de sus ciudadanos; informar de las opiniones y las aspiraciones legítimas de los ciudadanos; contribuir al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación y del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos a través de los medios; (b) Proteger las directrices y políticas del Partido y las leyes del Estado; buscar y proteger las iniciativas positivas; luchar contra la ideología errónea y la conducta incorrecta” (https://acortar.link/zNbAPM).
¿Se imagina en México un código de ética periodística con esos contenidos? ¿No sería el acta de defunción de lo que en la democracia se entiende por periodismo? Precisamente porque esas prácticas se han superado, en la inmensa mayoría de los países los códigos de ética periodísticos buscan mejorar las técnicas del quehacer informativo, resolver las dudas más comunes al elaborar un reportaje o una nota informativa, así como los criterios que establecen los límites de los análisis u opiniones vertidas en los medios y algunos incluyen ya guías sobre nuevas tecnologías y su tratamiento editorial. Nada se dice por fortuna sobre qué publicar y en qué términos debe referirse a los gobernantes. Faltaba más.
Un código de ética como los existentes en Cuba, Vietnam o Corea del Norte representan la antítesis de la libertad de expresión y del derecho a saber. El periodismo por definición debe ser ajeno al apellido “militante”, porque este vocablo coarta la diversidad de ideas, acota la pluralidad de temas que deben ser tratados y jerarquiza reportajes por razones de ventaja de una causa política, no a la luz de criterios editoriales. En esta ruta de defensa de la libertad se inscribe el periodismo que ha hecho Proceso a lo largo de su historia (y lo sigue haciendo exactamente igual; quienes cambian son los candidatos cuando se convierten en gobernantes, no Proceso) para generar contrapesos informativos, poner al descubierto temas de interés público y cubrir aquellos asuntos noticiables, sean o no del agrado del gobierno en turno.
En todo momento el periodismo anclado en la veracidad y en las mejores prácticas internacionales es una necesidad informativa para formar ciudadanía y contagiar prácticas democráticas y, por ello mismo, hay que preservar estas instituciones para bien de la comunidad toda.
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