El pasado viernes 17 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, sesionó y determinó por mayoría -seis votos a favor y cinco en contra- como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022, aunque, se precisó que, independientemente de ello, el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyo que están llegando, ya sea vía la aplicación (APP) o en formatos físicos, cuyo plazo para entregar las mismas vence el próximo sábado 25 de diciembre.
La medida ciertamente fue impulsada por el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y queda claro que la misma obedeció a una clara responsabilidad para acatar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 14 de septiembre de 2021, que señala en su artículo 27 la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral de la “organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y de la Ley General, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la participación ciudadana.” Además, en el segundo párrafo del artículo 41 de la misma ley, se precisa que el INE “deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal.” Así el Instituto deberá instalar la friolera de 162 mil 374 casillas a lo largo y ancho del país. Asimismo, la Ley prevé que en cada casilla exista un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, esto es, 649,496 ciudadanos que deben ser convocados, preparados y capacitados por la autoridad electoral para este inédito ejercicio ciudadano, ello sí sólo consideramos a los titulares, si se contempla a los posibles suplentes la cifra asciende a 1,298,992.
Fiel a su estilo bravucón, el presidente López acusó en su mañanera del propio viernes pasado que, la iniciativa del presidente Córdova Vianello era una “chicanada” contra “el derecho ciudadano de la revocación de mandato”. AMLO ejerciendo de facto una falsa atribución de juzgar el quehacer de otras instituciones, descalificaba una decisión (que aún no se tomaba, la sesión sería por la tarde de ese día) de un órgano constitucional autónomo, interpretando (mal) la resolución previa de la Corte al reclamo del INE por la insuficiencia presupuestal. Desde el punto de vista jurídico, todavía quedará pendiente la definición por parte del Poder Judicial pues la resolución del ministro instructor, Juan Luis González Alcántara sólo negó la suspensión por el hecho de que no se ha producido la afectación presupuestal al Instituto. Así, el huésped de Palacio Nacional, consistente en su aversión personal, golpeaba al INE sin muchas vueltas.
La declaración avinagrada del presidente López, desató, por supuesto, a sus seguidores de Morena y la 4T. El líder nacional del partido oficial, Mario Delgado, acusó a “un grupo de 6 consejeros y consejeras del @INEMexico decidieron sumarse al bloque conservador que desprecia la voluntad popular”. Por su parte el disciplinado diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, directo como es, acusó a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de lo que, a su entender, lastimó el orgullo de su jefe político López Obrador. En este mismo sentido, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, demandó que “sí (los consejeros del INE) no pueden, que renuncien”. En fin, la batalla por el INE ya pasó a una nueva fase más enconada, de pronóstico reservado.
La aún incipiente democracia institucional y legal que el país vive está siendo amenazada por un régimen cuya filosofía política es tremendamente simplista y está basada en hacer lo que se deba (para lograr su cuarta transformación) aunque se deba lo que se haga, no importa el costo económico, político o social. Al atacar de manera tan grosera al Instituto Nacional Electoral, se está atacando esa democracia mexicana, a los propios mexicanos que aspiran a una vida en convivencia segura y con certidumbre en la ley. Lo preocupante es que sean precisamente los gobernantes, los representantes políticos del Estado quienes encabecen esas agresiones al pilar de esa democracia necesaria para nuestro presente y futuro como nación.
Al corte del propio 17 de diciembre, según el portal del INE de reportes de avance y estadísticos de los registros se han entregado 1,272,152 de las cuales 1,008,547 corresponden a la lista nominal y son válidas, esto es, hay un avance del 36.6%, y de los 17 estados de la república que deben cumplir con el requisito del 3% de su lista nominal sólo 2 han cumplido, la Ciudad de México y Tabasco (faltaba más).
Defender al INE es una responsabilidad ciudadana general, este instituto organizó y llevó de la mano de la legalidad al triunfo de López Obrador en el 2018, y este año certificó los triunfos en diversos estados del movimiento político encabezado por Morena, entonces ¿dónde están los argumentos del conservadurismo y el bloqueo “democrático y popular” del que es acusado?
Conocer la ley, entender la ley, son tareas pendientes del presidente López y su 4T.
