CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) expuso tres modus operandi usados en la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México para desviar más de 2 mil millones de pesos de las arcas de la capital.
De acuerdo con el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, en ese delito estuvieron involucrados Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien hoy está en prisión domiciliaria tras aceptar ayudar a la autoridad con la investigación del caso; y Julio César Serna Chávez, amigo de Mancera desde la infancia y quien lleva dos semanas preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Ambos exfuncionarios eran integrantes del equipo más cercano del hoy senador de la República.
“El probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del gobierno del Distrito Federal durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares”. uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares”, dijo.
En un mensaje a medios, en el que no se permitieron preguntas de la prensa, Lara López explicó los tres esquemas de desvío de recursos públicos, principalmente de 2017 y 2018.
El primero fue encabezado por el propio Miguel Ángel Vázquez, entonces subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas. El delito consistió en que, pese a que esa área del gobierno capitalino realiza por Ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta (ISR)”, éste permitió que un grupo de servidores públicos, “coludidos posiblemente”, simulara hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.
Se trata de las empresas J J Acounting & Legal Matters SA de CV, Profesionistas Moliel SA de CV y Olivera Méndez y Asociados SC.
Dicho grupo de servidores públicos está conformado por personas cercanas y de total confianza de Vázquez Reyes. Incluso, algunas de ellas con parentescos familiares y conocidos entre ellos mismos.
El vocero de la FGJ local recordó que en enero de 2021, en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, fue asesinado Martiniano Rodríguez Sánchez, representante legal de dos de las empresas involucradas y agregó:
“No se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva”.
De acuerdo con la investigación, el dinero desviado fue de aproximadamente 986 millones de pesos, mientras que el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas. El funcionario se reservó los nombres de forma temporal “en apego al debido proceso”. Estas empresas, dijo, posiblemente cobraron el 20% de los recursos desviados, a cambio de ayudar en esta simulación.
Este acto, aseguró Lara López, “dio comienzo a una gigantesca operación de desvío de recursos, el dinero fue posiblemente entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel “N”, encargado del desvío, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores”.
Y agregó que, “posiblemente”, parte del patrimonio de Julio César Serna Chávez tiene su origen en este esquema de desvío.
Nómina y fondo de ahorro
El segundo modus operandi detectado para el desvío de dinero, según el vocero de la FGJ local, Ulises Lara, lo cometió el mismo grupo de funcionarios de total confianza de Miguel Ángel Vázquez, quien “posiblemente realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno”.
Ese desvío se hizo mediante el supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del gobierno capitalino.
Se trata de más de mil 100 millones de pesos que “fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores”.
Esos pagadores eran servidores públicos integrantes del grupo de Vázquez Reyes, “el mismo que autorizó la entrega”. Así, agregó Lara, “comenzó una nueva red de distribución millonaria entre servidores públicos del gobierno del Distrito Federal y de otros actores”.
Y reiteró que parte del patrimonio de Julio César Serna, excoordinador de asesores de Mancera Espinosa “posiblemente tenga su origen en este esquema de desvío”.
Bodegas en la Ceda
El tercer esquema de desvío de recursos, según el vocero de la FGJ, Ulises Lara, fue el aplicado en la Central de Abasto, donde el entonces administrador Julio César Serna Chávez “posiblemente realizó despojos de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para, posteriormente, venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero”.
De acuerdo con la autoridad, el amigo de Mancera Espinosa “celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios”.
Agregó que la Fiscalía capitalina detectó que “los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza, no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó. El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos”.
Con base en esas actividades, “se detectó que cuenta con un patrimonio de cinco inmuebles y un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México; además, se detectaron 14 propiedades, posiblemente relacionadas con él, ubicadas en la Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco, no incluidas en sus declaraciones patrimoniales y de intereses”.
Según la FGJ, “el probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del gobierno del Distrito Federal durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares”.
Con esos recursos, “las personas involucradas realizaron compras de diversos inmuebles y de distintos bienes de alta gama, cometiendo, posiblemente, delitos de los cuales la Fiscalía General de Justicia ya realizó diversas actuaciones ministeriales y judiciales que en su momento se darán a conocer”, concluyó Lara López.
