APRO/Sara Pantoja y Carlos Olvera
Si José Antonio Romero Tellaeche no renuncia a la dirección general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), podría caer por la vía legal, debido a los amparos interpuestos contra el proceso de designación, “porque es burda la violación a la normatividad y los argumentos son sólidos”, afirma Javier Martín Reyes, académico de ese centro de estudios, experto en derecho constitucional y uno de los abogados involucrados en la defensa de la comunidad cideíta.
Hasta el momento, estudiantes y profesores han interpuesto al menos 11 amparos contra la designación “irregular” de Romero hecha por la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Y aunque la justicia no les ha concedido la solicitud para que se detenga el nombramiento, el proceso no está cancelado: en la semana que corre están programadas tres audiencias incidentales y se prevé que se interpongan más amparos, adelantan a Proceso representantes de la comunidad estudiantil y académica.
El conflicto entre la comunidad del CIDE y Álvarez-Buylla comenzó en agosto pasado, con la renuncia del director Sergio López-Ayllón y la designación de Romero Tellaeche como interino. Cuatro meses después se encuentra empantanado: los estudiantes y académicos exigen la remoción del economista –quien el 29 de noviembre fue “formalizado” como director general por la directora del Conacyt–; pero ésta sostiene que dicho nombramiento no está sujeto a negociación.
Hasta ahora los cinco intentos de diálogo que ha habido entre las partes han fracasado y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha guardado silencio ante la solicitud de los profesores del CIDE –enviada el 7 de diciembre– para que intervenga como mediador e instale una mesa de negociación. Sólo el Senado ha tomado cartas en el asunto. Tras recibir a una comisión de alumnos y profesores el pasado martes 14, legisladores de diferentes partidos anunciaron que en enero de 2022 llamarán a comparecer a Álvarez-Buylla, escalando el conflicto del terreno académico-administrativo al político.
El viernes 17 los alumnos suspendieron la toma de la sede Región Centro, en Aguascalientes, “en congruencia con la voluntad del Senado” para resolver la crisis, dijeron. No obstante, la sede Santa Fe, en la CDMX, permanece bajo su custodia.
Los amparos
Seis días antes de la sesión del Consejo Directivo del CIDE –el 29 de noviembre–, en la cual Álvarez-Buylla formalizó la designación de Romero Tellaeche, los estudiantes comenzaron a interponer demandas de amparo indirecto en contra del inminente nombramiento. Y, posterior a éste, colocaron más recursos, hasta sumar nueve, los cuales están en trámite.
Los profesores también interpusieron al menos dos amparos –presentados en la Ciudad de México– después de la designación del director. Sin embargo, hasta el momento ningún recurso ha prosperado con alguna suspensión provisional que detenga el nombramiento.
Jesús Martín Reyes, profesor del CIDE, explica las cinco principales irregularidades en el proceso de designación usadas como argumentos en los amparos:
“Si nos fuéramos en orden cronológico: primera irregularidad, no se permite participar a los estudiantes; segunda, se conforma un grupo de auscultación externa con evidentes conflictos de interés; tercera, este grupo no propone las tres o cuatro candidaturas que marca la ley y no incluye a ninguna mujer para garantizar la paridad; cuarta, Álvarez-Buylla no justifica por qué ignora y no le da peso a los resultados de la opinión de la comunidad y le da más peso al grupo de auscultación que tiene conflictos de interés; y quinta, ni siquiera permite que sea el Consejo Directivo el que vote”.
En entrevista con Proceso, abunda que “lo más burdo” es que la directora del Conacyt no permitió que votara el órgano colegiado que forma al Consejo Directivo. “Lo que hizo Elena Álvarez-Buylla fue llegar e imponer unilateralmente a José Antonio Romero Tellaeche”, dice.
Doctor en derecho y profesor-investigador del CIDE, José Roldán Xopa explica lo que debió ocurrir en el Consejo Directivo: de acuerdo con el artículo 30 del Estatuto del CIDE, Álvarez-Buylla, en su calidad de titular del Conacyt, tiene la facultad de nombrar al director del centro, “pero es el propio Consejo Directivo el que formaliza o no, a través de una votación de cada miembro. Después se debe protocolarizar con un notario el acta de formalización”.
Roldán Xopa agrega que en los amparos los profesores impugnan el nombramiento del director general y “el argumento central tiene que ver con que no se llevó a cabo la formalización a cargo del Consejo Directivo”.
David Jáuregui, estudiante de la licenciatura en derecho y coordinador de los litigios estudiantiles, explica que desde el 24 de noviembre interpusieron tres demandas de amparo en la Ciudad de México –ante el primero, quinto y décimo tercer juzgado de distrito en materia administrativa–, uno en Nuevo León y uno en Quintana Roo. Adelanta que fueron aprobadas en los tribunales y siguen en trámite para próximas audiencias incidentales el 20, 22 y 24 de diciembre. Además, el 1 de diciembre interpusieron otros tres amparos en la Ciudad de México y uno más en Baja California, mismos que están en proceso.
“¿Qué fue lo que alegaron los alumnos? Que el artículo 3 constitucional dice que en los temas educativos se tiene que privilegiar el interés superior de los adolescentes y de los jóvenes, que se tiene que garantizar su participación en los procesos educativos. Los estudiantes presentaron diversas demandas de amparo antes de la designación. Y después de la designación ampliaron la demanda y presentaron argumentos adicionales”, completa Javier Martín Reyes.
Éste y Roldán Xopa aseguran que hay argumentos sólidos para ganar los amparos, cuyas resoluciones podrían llegar en enero o febrero de 2022. En tanto, se prevé que la semana que corre se presenten más recursos para insistir en que Romero Tellaeche renuncie o sea destituido por la vía legal.