APRO/Gloria Leticia Díaz
Conforme se abren los archivos de la Sedena toma forma el papel que el Ejército tuvo antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en la cual fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que marcó la Presidencia de Enrique Peña Nieto y cuyo esclarecimiento se mantiene como una de las promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La desclasificación de los registros confirma que, tres años antes de la funesta noche, las actividades de los normalistas eran vigiladas por todas las agencias gubernamentales de inteligencia.
De manera particular, el sistema de inteligencia militar, coordinado desde el Centro Militar de Información, de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, recurrió a la infiltración de su personal vía alumnos “fachada”, para informar a los altos mandos militares de Lomas de Sotelo lo que ocurría dentro y fuera de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, icónica escuela por ser cuna de guerrilleros como Lucio Cabañas.
Con la apertura de los archivos, ordenada por López Obrador hace año y medio, se sabe que unos días antes de la tragedia de Iguala, personal militar adscrito a los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), pertenecientes al Pelotón de Información de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, dio cuenta de las actividades programadas por los estudiantes.
De acuerdo con la información a la que Proceso accedió, el 22 de septiembre de 2014, con datos recabados de uno de esos elementos, desde Chilpancingo se notificó a la Sección Segunda de Inteligencia Militar, en la central de Lomas de Sotelo, sobre las actividades acordadas por el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para acudir a la manifestación por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
En el informe se relata que entre los acuerdos que se cumplirían esa semana se incluía la “retención” de 15 autobuses de pasajeros de las empresas Estrella de Oro y Estrella Blanca, para desplazarse a la Ciudad de México.
Con la información del OBI infiltrado entre el alumnado de la escuela normal rural, se reporta que ese mismo 22 de septiembre, a las 09:40 horas, unos 40 jóvenes abordaron el autobús 1544 de la empresa Estrella de Oro, con rumbo a la comunidad de Buenos Aires, municipio de Atoyac, para recabar dinero, vía boteo, así como para “extraer” diesel de los vehículos que circulaban por esa vialidad.
La vigilancia cercana que el sistema de inteligencia militar tenía sobre la normal de Ayotzinapa y sus alumnos se revela en un registro del 29 de septiembre de 2014, días después de la trágica noche de Iguala, en el cual se advierte a la superioridad de Lomas de Sotelo que uno de los OBI adscritos a la comandancia de Chilpancingo se encontraba en la lista de los estudiantes desaparecidos, que en un principio se cifró en 57.
Según el reporte, el OBI se habría comunicado con sus superiores el 27 de septiembre, pero no volvió a hacerlo porque participó en las protestas para reclamar la presentación de los desaparecidos, por lo que el 28 de septiembre se contactó a la madre del soldado infiltrado, quien sostuvo que alumnos la invitaron a sumarse a las manifestaciones y le informaron que su hijo estaba bien.
Esa información se corroboró con el testimonio de otro OBI que estaba en la cabecera de Tixtla, y quien supuestamente vio al infiltrado entrar a la escuela normal el 28 de septiembre, pero no lo vio salir.
Con esta última afirmación desde el mando castrense de Chilpancingo se planteó la hipótesis de que los estudiantes desaparecidos en realidad estarían dentro de la normal rural.
Apertura
La difusión de la infiltración militar como un elemento clave en el caso Ayotzinapa, no es nueva. En junio de 2015, en respuesta a una solicitud de información presentada por este semanario, la Sedena confirmó que uno de los 43 estudiantes de la normal desaparecidos era un militar activo, pero clasificó su nombre como “confidencial”, aunque se tenía evidencia de que se trataba de Julio César López Patoltzin, nombre que el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, confirmó meses más tarde en una entrevista televisiva, sin admitir la infiltración (Proceso 2006 y 2032).
Ante el continuo reclamo de los padres de los jóvenes desaparecidos, así como de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por la desatención de los miembros de la Sedena –al decreto presidencial por el que se crea la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa–, López Obrador tuvo que golpear la mesa de trabajo y ordenar al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, abrir sin límites los archivos militares.
La desclasificación de los archivos castrenses del caso Ayotzinapa ha confirmado que los estudiantes eran blanco de vigilancia constante, y ahora se sabe que eso ocurría desde 2011, año en el cual dos normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, que habían tomado junto con otros más la Autopista del Sol, murieron por impactos de arma de fuego al enfrentarse a policías federales y estatales durante el desalojo de la vialidad, el 12 de diciembre.
Objetivos de riesgo
Por el seguimiento permanente a los estudiantes, del que también participaban –además de los OBI– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el C-4, se sabía que los normalistas tuvieron actividades en municipios de la región norte de Guerrero, destacando su asistencia a las manifestaciones por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en junio de ese año y atribuido al entonces alcalde José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda.
En los informes castrenses y de corporaciones civiles se advierte la presencia de los estudiantes, por lo menos desde el 17 de septiembre de 2014, para hacerse de provisiones de alimentos y combustible, secuestrando para ello una pipa de diesel.
El Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), publicado en noviembre de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado en los informes que realizó el GIEI entre 2015 y 2016, y la supervisión de la investigación para localizar a los estudiantes, alerta sobre la vigilancia hacia ese grupo de ciudadanos.
El documento retoma una declaración ministerial que hizo quien fungía como comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, quien ante cuestionamientos del seguimiento que se daba a los jóvenes argumentó que estaba fundamentada en el reglamento castrense que da facultades al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de “garantizar la seguridad interior”, estar al tanto de acciones que “pudieran derivar en conflictos o disturbios sociales” y la protección del mismo personal militar.
Expuso que “la única finalidad de conocer sus actividades” era precisamente evitar a los jóvenes de Ayotzinapa, “puesto que es a las autoridades de seguridad pública, ya sea municipal, estatal o federal, a quienes corresponde controlar las alteraciones del orden público y los disturbios sociales y, en su caso, adoptar medidas que estimen convenientes”.
Para cerrar el tema sobre la vigilancia permanente a los jóvenes, el informe del MESA incluye un extracto de un Mensaje Formato Cifrado Arcano del 30 de septiembre, en el que se instruye al personal militar “evitar el tránsito por los lugares donde el citado grupo de normalistas realiza actividades, con el objetivo de evitar confrontaciones” y, con ello, prevenir “que se afecte la buena imagen del instituto armado”.
En ese documento se advierte cuál era la consideración que tenía o tiene el Ejército de los normalistas de Ayotzinapa: “Elementos (que) buscan la confrontación con autoridades a través de la provocación sistemática”.
