APRO/Gloria Leticia Díaz
Durante nueve meses de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, Lucía Salcedo y sus 14 compañeros activistas de Fomento a la Cultura, Arte, Promoción y Asistencia Social (Focapas), una organización sin fines de lucro, dedicaron buena parte de sus días y noches a distribuir gratuitamente en hospitales públicos implementos de seguridad para personal sanitario.
“Un empresario nos donó mascarillas, cubrebocas, overoles, cubrezapatos, respiradores, y de mayo a noviembre nos dedicamos a entregar ese material a médicos y enfermeras a quienes sus dependencias, de Ecatepec e Ixtapaluca, no les aportaban esos materiales de seguridad”, cuenta Salcedo, también coordinadora de la Red Andrómeda, a la cual se encuentran afiliadas 70 organizaciones sociales del país.
Como directora de Focapas, una de las 9 mil 354 organizaciones donatarias autorizadas –un grupo mínimo frente a las más de 40 mil que existen en México–, Salcedo también coordinó los apoyos a cientos de familias damnificadas por las inundaciones que ocasionaron las lluvias en este año.
“Fuimos a colonias del Estado de México, como La Esperanza, La Teja, Los Bordos, donde autoridades municipales ni siquiera llegaron, y menos las federales; donde no tienen agua, no hay drenaje, donde muchos perdieron sus casas, y no ha entrado nadie, sólo las organizaciones de la sociedad civil”, añade.
En entrevista, la defensora dice que Focapas –dedicada además a la prevención de la violencia contra mujeres y niños– ha realizado desde hace más de 16 años su trabajo de apoyo a las comunidades más vulnerables a través del trabajo de sus 15 voluntarios y donativos de empresas y de personas físicas, que este año ya no tendrán la opción de destinar 7% de sus ingresos anuales a donativos y deducirlos de impuestos.
La miscelánea para el ejercicio fiscal 2022, aprobada en el Cámara de Diputados y en proceso de discusión o en su caso ratificación por el Senado, incluye una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que sólo permite a las personas físicas deducir 15% del total de sus ingresos o el equivalente a 163 mil pesos, siendo deducibles los gastos médicos, seguros de vida, hipotecas, gastos funerarios, colegiaturas y transporte escolar obligatorio, entre otros.
“Nunca hemos accedido a tomar dinero del gobierno; de las personas morales lo que se toma en su mayoría son donaciones en especie, y de las personas físicas, sus donaciones económicas nos sirven como viáticos, para movernos o mover a beneficiarios.
“Dependemos en 40% de nuestros ingresos de las personas físicas, por eso la miscelánea fiscal nos va perjudicar, porque la deducción fiscal era un incentivo, porque contribuía para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, y su aportación era deducible de impuestos, y esto ya no va a pasar”, lamenta.
Lucía sostiene que la reforma fiscal de 2022 se suma a una serie de obstáculos que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a las organizaciones sociales.
En la lista de “piedritas en el camino” está la prohibición de obtener más de 50% de sus ingresos de otras formas que no sea su objeto social, bajo la amenaza de perder el registro de donataria. Otra razón para perder ese registro es no actualizar las actas constitutivas con las reformas fiscales, tal cual fueron publicadas, e ingresarlas una vez más en el Registro Público de la Propiedad, lo que implica costos de más de 15 mil pesos, “dinero que muchas organizaciones ni siquiera tenemos”, dice.
A ello se suman las amenazas de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les impondrá multas de entre 86 mil y 100 mil pesos si las organizaciones donatarias no declaran “santo y seña” de los donativos recibidos para atender eventualidades, como los sismos o la pandemia de covid-19.
“Esos montos los conozco muy bien porque, como coordinadora de Andrómeda, unas organizaciones me reportaron que les llegaron multas, cuando en sus estados ni siquiera hubo desastres por los sismos.
“A una de nuestras organizaciones le llegaron los del SAT a embargar porque no pudo pagar la multa y los compañeros les dijeron a los funcionarios: ‘Llévense los árboles que nos donaron, es lo único que tenemos’.
“No tenemos dinero, porque además a las personas morales les están poniendo muchas trabas burocráticas para donar, por ejemplo, alimentos. Ahora prefieren declararlo como merma y destruirlos que donarlos, porque si se equivocan en algún papeleo, las multas para ellos son todavía más graves que las que nos aplican a nosotros”, cuenta.
Pese a esas dificultades, Salcedo confía en que Focapas y las organizaciones asociadas a Andrómeda puedan continuar con su trabajo: “Nos queda claro que el gobierno trae un tema personal con la filantropía ajena, con la gente, pero finalmente nosotros como sociedad civil no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir adelante; siempre lo hemos hecho prácticamente sin recursos, no nos va a espantar este gobierno”.
