APRO/Arturo Rodríguez
El pasado 14 de octubre, unos días después de que José Ramón Gómez Leal fue designado dirigente de Morena en Tamaulipas, Luis Rivera, uno de sus operadores, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante un Ministerio Público federal.
Los delitos que la UIF pretende se le imputen son: “Contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, todos relacionados con el llamado “huachicol fiscal” en las aduanas, consistente en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina, evitando con eso el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La operación era facilitada por personal aduanero.
El caso de Rivera, a quien se atribuye la recaudación de sobornos, es apenas el primer avance de una indagatoria que involucra a morenistas de Tamaulipas, a la Administración General de Aduanas (AGA) antes de su ocupación por personal de la Armada, así como a funcionarios relacionados con los programas sociales y que intersectan con las indagatorias al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Hasta el pasado septiembre Gómez Leal se desempeñaba como coordinador estatal de Programas de Desarrollo, es decir, como “superdelegado”, la figura destinada a concentrar en una misma persona todas las funciones del gobierno.
Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien en diciembre de 2019 desestimó el hecho de que José Ramón –quien es apodado con sus iniciales, El JR, y así se hace llamar en sus redes sociales– fuera cuñado del gobernador García Cabeza de Vaca. El mandatario admitió, en la mañanera del 4 de diciembre de aquel año, que, en efecto, son familiares, pero “para decirlo con claridad: están peleados”.
Gómez Leal ya hizo público su interés de ser postulado por Morena como candidato a gobernador el próximo año. El primer paso es haberse convertido en el nuevo dirigente del partido en Tamaulipas, merced a la operación de Gabriel García Hernández, el senador y excoordinador general de Programas de Desarrollo, y su subordinado, Alejandro Peña, con aval del dirigente Mario Delgado.
La designación motivó la inconformidad de algunos miembros del Comité Nacional, entre éstos la de la secretaria de Organización del partido, Xóchitl Zagal.
Y es que entre morenistas, así como entre la clase política de Tamaulipas, El JR es considerado el “plan B” de García Cabeza de Vaca, cuyo hermano, el senador Ismael, a su vez, aspira a la candidatura del PAN, aunque con oposición interna por el escándalo de corrupción que tiene al actual mandatario frente a la posibilidad de un desafuero para enfrentar diversos delitos en los que la Fiscalía General de la República (FGR), debido al fuero constitucional, no ha podido avanzar.
Movimientos financieros
Una investigación del estadounidense FBI puso sobre la pista de García Cabeza de Vaca a la UIF, dado que el caso consiste en rastrear una red de lavado de dinero.
La dependencia, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha presentado tres denuncias desde julio de 2020, a partir de la información que ha recabado sobre movimientos financieros.
La primera de esas denuncias fue con base en el expediente DEN-UIF-65-2020, presentada el 28 de julio de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), por una serie de transferencias realizadas entre personas físicas y morales vinculadas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Ese caso involucra, además del gobernador, a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario identificado por la FGR y la UIF como testaferro del primero y quien fue detenido el pasado 1 de julio en Texas para ser entregado a las autoridades mexicanas, que lo tienen vinculado a proceso.
En ese mismo caso figuran Francisco Javier Tamez Arellano y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, así como las razones sociales Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, T Seis Doce, Bluelimit Comercial e Inmobiliaria RC de Tamaulipas.
El segundo caso fue presentado ante la misma Femdo el 27 de noviembre de 2020, con base en el expediente DEN-UIF-120-2020, en el que se acredita una riqueza personal del aún gobernador tamaulipeco por el orden de 104 millones de pesos, cuando sus ingresos reportados a lo largo de 20 años suman sólo 21 millones de pesos.
Una tercera denuncia fue presentada el pasado 22 de enero, con base en el expediente DEN-UIF-004-2021, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, en tal caso, se trata de una serie de contrataciones públicas que implicarían daño al erario de Tamaulipas.
El primero de los casos es el que coincide con las investigaciones del FBI. Aunque la UIF presentó la denuncia en julio de 2020, mantiene líneas de investigación abiertas que le llevaron al aseguramiento y retención de las cuentas bancarias de El JR en mayo pasado, una acción inusitada pues aún era representante del gobierno federal en Tamaulipas; por cierto, uno de los más cercanos al coordinador nacional de Programas de Desarrollo, Gabriel García Hernández.
Según testimonios recogidos por el reportero a condición de anonimato, fue el propio García Hernández quien influyó en Aduanas para que desde el inicio de la administración el superdelegado tamaulipeco recomendara a los jefes aduanales de Nuevo Laredo y Reynosa.
