APRO/Rafael Rodríguez Castañeda*
Compañía sin futuro en manos del Estado, declarada así por el propio gobierno de Carlos Salinas, Telmex se convirtió en una de las telefónicas más lucrativas del mundo en manos privadas. ¿Pero cómo se logró el milagro empresarial? Rafael Rodríguez Castañeda, exdirector de Proceso, reveló en 1995 en su libro Operación Telmex. Contacto con el poder la operación, maniobras, manipulaciones legales y trucos fiscales ejecutados por la autoridad –por encima de la Constitución– y que le otorgaron a Teléfonos de México carretadas de dinero en efectivo en los años siguientes a su privatización.
¿Qué era lo que iban a comprar los postores de Telmex? ¿Qué fue lo que finalmente adquirieron Carlos Slim y sus socios?
Según funcionarios del gobierno salinista, Telmex era una empresa sin futuro en manos del Estado, sin capacidad de inversión, con escasas perspectivas de enfrentar los retos tecnológicos.
Según los datos disponibles, Telmex no sólo era una empresa paraestatal viable, sino financiera, tecnológica y socialmente rentable.
Jacques Rogozinsky, subsecretario de Hacienda y coordinador de la Unidad de Desincorporación de Paraestatales, explicó en 1994, cuatro años después de la venta de Telmex:
“La crisis económica del inicio de la década de los ochenta impidió que el Estado proporcionara a Telmex los recursos necesarios para el mejoramiento y mantenimiento de un buen servicio (…)
“Era evidente que la empresa telefónica necesitaba cuantiosos recursos económicos, que el gobierno podía aplicar, pues consideraba que las necesidades de crecimiento y modernización requerían una inversión de 10,000 millones de dólares en cinco años (…)”.
Como parte de la desincorporación, las autoridades llevaron a cabo, durante 1990, una serie de acciones de depuración y saneamiento que, en realidad, constituyeron la cereza en el pastel destinado a los futuros compradores.
Relaciones laborales
Andrés Caso, secretario de Comunicaciones y Transportes y presidente del Consejo de Administración de Telmex, y Arsenio Farell, secretario de Trabajo, negociaron con Francisco Hernández Juárez, líder nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), modificaciones a las condiciones laborales paralelas al Contrato Colectivo de Trabajo de Telmex.
Destacaba la eliminación de 57 acuerdos laborales individuales que, de hecho, podían llegar a representar 57 contratos diferentes. El número de trabajadores se redujo de 1000 a sólo 140. La empresa obtuvo el derecho de asignar a los trabajadores a diversas áreas, según fuera necesario para “la expansión, modernización y calidad del servicio telefónico”.
A cambio, se ofreció a los líderes telefonistas la posibilidad de que el STRM se convirtiera en socio accionista de Telmex.
Reestructuración tarifaria y fiscal
El gobierno transfirió a Telmex, del sector comunicaciones y transportes, al sector encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Su titular, Pedro Aspe, sustituyó a Caso en la presidencia del Consejo de Administración de Telmex.
Con absoluta libertad en este sentido, el gobierno llevó a cabo un ajuste en las tarifas y en el régimen fiscal de Teléfonos de México. En enero de 1990 fue derogado el impuesto al consumo en los servicios telefónicos, lo cual permitió a Telmex incrementar sus ingresos entre un 68% (servicio local residencial) y un 100% en larga distancia nacional comercial.
Lo más relevante, sin embargo, es que la SHCP creó el Impuesto por Prestación de Servicios Telefónicos (IPST), equivalente a 29% de todos los ingresos de la empresa por prestación de servicios telefónicos, con una cláusula: durante cinco años, a partir de 1991, Telmex podía retener y acreditar como inversión el 65% del monto de ese impuesto. Con otra ventaja: la empresa conservaba el derecho de deducir la totalidad de ese 29% del impuesto sobre la renta.
La SHCP rompió cualquier precedente. Los ingresos de Telmex eran de tal magnitud que esta verdadera devolución de impuestos arrojó cifras enormes que contribuyeron a la explosión de liquidez de la empresa en los años siguientes.
De hecho, las condiciones del IPST violaban la Constitución, que expresamente establece que los ingresos que el Estado obtenga mediante impuestos serán aplicados al gasto público. En el caso de Telmex, la SHCP prácticamente regalaba a Telmex dinero en efectivo.
En forma complementaria, una gran parte de la deuda de Teléfonos con instituciones del exterior fue intercambiada por deuda con el gobierno mexicano.
Nueva organización sectorial
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se convirtió en un órgano regulador, sin operar directamente servicios de telecomunicación. Y unas cuantas semanas antes del cierre de operación de compraventa, Telecomunicaciones de México (Telecomm) transfirió en venta a Telmex la Red Federal de Microondas. Con esta medida, Telmex quedó en condiciones de operar los sistemas de larga distancia telefónica de manera integral y absolutamente autónoma.
Ley de Vías Generales de Comunicación
Se emitió un nuevo Reglamento de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC), que abrió a la libre competencia el mercado de equipo terminal y de servicios de valor agregado; fijó “un periodo de ajuste”, hasta 1996, en el cual no podrían otorgarse concesiones de larga distancia; y se estableció que el Estado sólo podría operar los servicios de telecomunicación expresamente señalados en la Constitución: telégrafos y comunicación vía satélite. A mediados de 1995 se aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros cambios, permitió a la iniciativa privada el uso de satélites artificiales.
Reestructuración de capital
En una medida cuyos alcances y objetivos se vieron claros cuando culminó la venta, el esquema accionario de Telmex fue reestructurado de tal manera que el control de la empresa pudiera quedar en un individuo o en un grupo con un desembolso mínimo.
Inversiones
Contra lo que posteriormente explicó Rogozinsky, aparte de las aportaciones en materia de infraestructura, el gobierno sí tuvo recursos suficientes para invertir en una empresa paraestatal que pensaba vender. A lo largo de 1990 Telmex hizo inversiones por casi cinco billones de pesos, alrededor de 55% de lo que invirtió en 1989.
Título de concesión
La culminación de todos estos esfuerzos fue la modificación al Título de Concesión de Telmex –preparada a lo largo de un año, por representantes de la SCT, la SHCP, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el propio Telmex–, cuyo objetivo expreso era el de poner a la empresa en condiciones de pasar a la iniciativa privada.
Entró en vigor el 10 de agosto de 1990, con las firmas de Andrés Caso, como titular de la SCT; Pedro Aspe, en calidad de presidente del Consejo de Administración de Telmex; y el director general de la empresa, Alfredo Baranda García.
Según la cláusula 2 del Capítulo 8, “Vigencia, Terminación y Caducidad”, la concesión –el periodo de 50 años termina en 2026– podrá ser renovada por un periodo adicional de 15 años, o sea, terminaría en el año 2041. Los nuevos dueños de Telmex aseguraron prácticamente el usufructo de la empresa hasta por 51 años, a partir del año en que la adquirieron, 1990.
Pero había más: un pequeño párrafo al calce de esa misma cláusula agregaba: “Al término de la primera prórroga, la concesión podrá ser prorrogable nuevamente por el periodo máximo que permita la ley”.
En mayo de 1995 fue expedida la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, cuyo artículo 27 señala: “Las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un plazo hasta de 30 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos”.
Una interpretación estricta permite deducir que los actuales dueños de Telmex podrán tener en sus manos la concesión telefónica hasta por un máximo de:
De 1990 a 2026= 36 años
Prórroga por + 15 años= 51 años
Prórroga por otros + 30 años= 81 años
Existen dudas, por lo demás, respecto de lo que podrá pasar con las instalaciones de Telmex al término de la concesión. La LVGC dispone que deben quedar, gratuitamente, en poder del gobierno. El título de concesión, a su vez, dice que el gobierno tendrá derecho preferencial de “adquirir en su totalidad las instalaciones telefónicas y sus accesorios, incluyendo terrenos, edificios, muebles y material de almacén y derecho a título oneroso.
Y, finalmente, el reglamento de Telecomunicaciones indica que al vencimiento de las concesiones el gobierno federal tendrá derecho preferente “para adquirir las instalaciones que se determinen en el título de concesión destinados a la prestación del servicio concesionado (…)”.
En materia de tarifas, el título de concesión estableció “un control tarifario” sobre lo que se denominó “canasta de servicios básicos”, que incluía: cargos por instalación y conexión de telefonía básica, renta básica mensual, servicio público de larga distancia nacional, servicio público de larga distancia internacional.
Precisaba: “La estructura tarifaria buscará propiciar una expansión eficiente de la red pública telefónica y proveer las bases para una sana competencia de los servicios.
“Las tarifas aplicables deberán permitir recuperar al menos el costo incremental de largo plazo, de tal forma que se eliminen los subsidios cruzados entre servicios. Ello, con el objeto de que exista el incentivo necesario para expandir cada servicio y establecer las bases justas para una competencia equitativa (…).
“Con base en estos criterios, Telmex podrá modificar periódicamente las tarifas de los servicios de telefonía básica, con el objeto de reducir los subsidios cruzados, de acuerdo con un sistema de precios tope, donde considerando los volúmenes de consumo del periodo anterior, la proyección del gasto de los usuarios por la canasta de servicios básicos para el periodo siguiente, se mantendrá constante en términos reales. Durante 1991 los periodos de ajuste serán mensuales y de 1992 a 1996 los ajustes se harán en forma trimestral (…)”.
De acuerdo con cálculos extraoficiales, Telmex incrementó en los dos primeros años de la concesión en 150% el nivel de sus tarifas de esta “canasta básica”. El costo del servicio telefónico fue mantenido al margen de los Pactos Económicos que incluían al resto de los servicios públicos.
La concesión, por otro lado, dejaba manos libres a Telmex en materia de servicios ajenos a la “canasta básica”.
“Los servicios complementarios y de valor agregado quedarán en régimen de competencia, por lo que las tarifas correspondientes sólo requerirán ser registradas anualmente ante la secretaría, de acuerdo con el reglamento vigente (…)”.
Estos servicios ocuparon pronto lugar prioritario en los proyectos de Telmex privatizada: la red digital superpuesta, los circuitos privados, los servicios de directorio y otros basados en tecnología digital.
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* Extractos del libro Operación Telmex. Contacto con el poder. Rafael Rodríguez Castañeda, Editorial Grijalbo, 1995, México.
