APRO/Claudia Villegas
El gobierno de Enrique Peña Nieto supo que la reforma de Felipe Calderón al sector eléctrico generó prácticas desleales contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo decidió no impugnar la legalidad de los permisos de autoabasto energético, porque hubiera enfrentado demandas por desconocer los derechos adquiridos que le heredó la administración panista, informaron exfuncionarios de la Secretaría de Energía del gobierno anterior.
En el contexto de la reforma constitucional de 2013 las empresas privadas defendieron sus contratos y los derechos previamente adquiridos, confirmó uno de estos funcionarios.
Ahora serán los votos del PRI los que harán posible echar atrás un sistema energético que hoy impugna la Cuarta Transformación por considerar que daña las finanzas de la CFE y pone en riesgo la soberanía del país en este rubro.
Sin embargo, de aprobarse la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, las empresas que operan permisos para el autoabastecimiento de electricidad podrán argumentar ante tribunales nacionales e internacionales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió desde el Poder Legislativo la cancelación de todos los contratos de compra-venta con la CFE, por lo que resulta expropiatoria y retroactiva.
La organización México Evalúa considera además que la iniciativa afectará el Presupuesto de Egresos de la Federación. Señala que el documento no toma en cuenta dicha afectación, lo cual, subraya, es “muy preocupante”.
En los próximos días los funcionarios de la 4T defenderán en foros públicos y privados que la reforma para el sector eléctrico impulsada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto obligó a la CFE a entregar energía que no tenía, por lo cual se vio forzada a comprar electricidad a privados a precios elevados afectando sus finanzas y operaciones.
“Vamos a informar a detalle en qué consistió la Reforma Energética (del sexenio de Enrique Peña Nieto) en materia de electricidad, por qué tienen subsidio las empresas, por qué las tiendas Oxxo pagan tarifas más baratas que lo que paga un usuario de una familia de la clase popular o de las clases medias”, dijo López Obrador en su conferencia matutina del pasado viernes 8.
Entre los argumentos que se presentarán para impulsar la iniciativa destacan que para satisfacer la demanda se despachan las centrales de la más barata a la más cara, pero todas reciben el precio que ofertó la central más cara, beneficiando a los privados. A CFE Suministro Básico, con 46.2 millones de usuarios, se le impide adquirir la energía de las centrales de CFE, y es obligada a comprar energía a los privados a través de subastas de largo plazo, la mayoría renovables, según la iniciativa.
En el caso de los Productores Independientes (PIE), se obliga a la Comisión Federal de Electricidad a comprarles energía en contratos por 25 años. Así, recuperan su inversión y se quedan con la propiedad de la central eléctrica compitiendo con la CFE en todas las áreas.
Actualmente, hay 34 centrales de los PIE, con 31% de la energía del país.
A pesar de que la reforma buscaría garantizar una participación de 46% a las empresas privadas que desde 2013 actúan en un mercado secundario de electricidad, Pablo Zárate, consultor en temas de energía del despacho FTI Consulting, asegura que los artículos transitorios de esta iniciativa resultan claramente expropiatorios porque le quitará a las compañías eléctricas privadas la posibilidad de seguir operando como lo habían hecho en el momento que decidieron invertir en el país, lo que también contraviene el T-MEC.
Expertos calculan que en el sector de la industria eléctrica, a partir de la reforma, se concentran activos por más de 40 mil millones de dólares sólo en inversión privada en plantas, campos de energía eólica e instalaciones para la generación que se permitió con el autoabastecimiento.
Zárate considera que la CFE prácticamente no tiene capacidad instalada eólica o solar.
Según México Evalúa, si la ineficiencia de la CFE aumenta, se afectarán los recursos públicos y, eventualmente, a los consumidores y contribuyentes.
“Lo poco que tiene en energía solar es experimental, viejito e ineficiente. A pesar de ello (la iniciativa) se está yendo de frente contra esta industria”, dice Zárate.
El abogado Jorge Sepúlveda, integrante del Comité Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, asegura que si la Comisión Federal de Electricidad, por “ineficiente” no ha podido con el reto de dar energía barata y sustentable al país para crecer, el gobierno tendría que respetar la participación de jugadores privados. Es más, agrega, “sí la CFE tiene que desaparecer, pues que desaparezca”.
Competencia desleal
Exfuncionarios de la Secretaría de Energía aseguran que la reforma de Calderón modificó la Constitución para otorgar derechos a las empresas con permisos de autoabasto, a pesar de que ello dañaría el mercado de la CFE.
Aún más, dicen que el gobierno de Peña Nieto sabía de prácticas de simulación para que grandes consumidores se asociaran con el propósito de competir de manera desleal con la CFE.
Sin embargo, con derechos adquiridos que evidentemente perjudicaban a la CFE, tratar de cambiar las condiciones que se aprobaron con Calderón hubiera representado para Peña Nieto enfrentar juicios ante tribunales y, por supuesto, el riesgo de perderlos en perjuicio del erario, dijo uno de los funcionarios que conoció del cabildeo para aprobar la reforma estructural para el sector eléctrico en 2013.
Si bien fue en 1992 cuando la administración salinista impulsó modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con el propósito de permitir la participación privada en la generación de energía eléctrica, fue entre 2010 y 2013 cuando se abrió la posibilidad de que las sociedades de autoabasto integraran “socios” a su estructura accionaria y operaran para comprar electricidad a estas empresas y no a la CFE.
La todavía Empresa Productiva del Estado, cuya operación se encuentra dividida en varias unidades de negocios, asegura que con las modificaciones constitucionales propuestas por el gobierno se busca garantizar la seguridad energética y rescatar a la Comisión de un sistema eléctrico que, bajo las condiciones actuales, no garantiza el abasto a precios bajos y sí las utilidades para las empresas nacionales y multinacionales que participan en el mercado paralelo de energía.
