- Presentan informe sobre investigación de feminicidios precedidos de desaparición en la FGJEM
- Las autoridades estatales no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones
Tan sólo en 2020, se registraron tres mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios; esa es una de las conclusiones que presentó Amnistía Internacional en las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en el nuevo informe.
Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición que tituló “Deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México violan los derechos de las mujeres a la vida, integridad personal y al acceso a la justicia”, en las que analizó específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.
El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.
“Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas -generalmente a las mujeres- a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres”, destaca el documento.
El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción.
Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia.
“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la Cedaw, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
