APRO/ Sergio Rincón / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas *
Han pasado nueve meses desde que Gonzalo compró cerca de cinco kilos de semillas de jamaica. El tiempo no ha logrado aminorar su enojo y decepción. Desde que recibió los paquetes, se le hizo extraño que no tuvieran etiquetado o marca y sólo estuvieran envueltos con plástico negro y papel de estraza. Al abrir el primer empaque percibió un olor agrio. Extendió el contenido y se indignó aún más al ver que eso parecía un montón de cáscaras de pepita abiertas y mojadas. Eran 12 mil pesos de semillas pudriéndose entre sus dedos.
Para adquirir esas semillas de jamaica, así como otras de papaya y de limón –estas últimas también en descomposición–, el campesino utilizó cerca de 20 mil pesos que su grupo de sembradores recibió como “apoyo económico adicional” procedente del programa Sembrando Vida.
El sembrador –a quien en esta investigación se llamará Gonzalo porque solicitó ocultar su identidad para evitar represalias– recuerda que no tenía idea de quién era el proveedor de esas semillas podridas, porque la gente que las entregó eran y siguen siendo funcionarios de Sembrando Vida, uno de los programas sociales emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este programa, que busca combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, consiste en pagar un jornal de 5 mil pesos mensuales a los sembradores beneficiarios, quienes deben integrarse a una Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC), como se le conoce a los grupos con 25 personas, e implementar sistemas de siembra de árboles frutales y maderables en sus parcelas.
Al realizar entrevistas con integrantes de 17 CAC del norte de Veracruz se documentó que por lo menos 400 beneficiarios de Sembrando Vida se vieron obligados a reponer, con su dinero, los insumos de mala calidad que adquirieron con proveedores impuestos por funcionarios del programa. Eso, además, provocó que se retrasaran los planes de trabajo en sus parcelas.
Detrás de este y otros episodios padecidos por sembradores de la huasteca veracruzana están funcionarios de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, sus familiares o amigos.
Técnicos y facilitadores del programa Sembrando Vida amenazaron a sembradores de la huasteca veracruzana con sacarlos del programa si no compraban con ciertas empresas y personas físicas. Estos proveedores entregaron semillas en mal estado, herramientas de mala calidad o productos a sobreprecio, como revelan facturas, recibos bancarios, catálogos, cotizaciones, fotografías, audios y otros documentos entregados por 36 sembradores y cinco exfuncionarios de Sembrando Vida.
Hidrauver: la empresa del amigo
Desde mayo de 2020 Emmanuel Randú Ortiz Herrera, restaurantero y político de Morena, está a cargo de la coordinación territorial del programa Sembrando Vida en la huasteca veracruzana.
En 2018 Randú Ortiz fue candidato a diputado local por Morena en Perote, pero perdió. Sus hermanos Luis Enrique y Baruch Víctor también trabajan en la Secretaría del Bienestar, este último como facilitador del programa Sembrando Vida en el municipio de Perote.
Pocos meses después de que Sembrando Vida arrancó en la huasteca veracruzana, los técnicos y facilitadores del programa solicitaron a la Secretaría del Bienestar que se aprobaran “apoyos económicos adicionales” –recurso complementario al jornal de los sembradores– para comprar insumos y herramientas.
Hasta julio de 2021 Bienestar destinó 75.9 millones de pesos de “apoyos adicionales” para 669 CAC de la huasteca veracruzana, de acuerdo con documentos obtenidos vía Ley de Transparencia.
Los “apoyos económicos adicionales” se dividieron en dos entregas para cada CAC: un primer depósito de 30 mil pesos para semillas y herramientas y otra transferencia de hasta 120 mil pesos para la instalación de sistemas de riego. Así lo revelan copias de solicitudes de estos apoyos que sembradores compartieron con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Líderes de 17 CAC detallaron cómo operó el esquema de “proveedores consentidos”: en octubre de 2020 llegó el primer apoyo extraordinario por 30 mil pesos a cada grupo de sembradores. Los técnicos y facilitadores del programa no les informaron cómo debía utilizarse el recurso; tampoco les advirtieron que debían gastar el dinero en 30 días, pues de lo contrario sería devuelto a la Tesorería de la Federación.
Los sembradores mencionan que esto generó confusión y, por temor a ser sancionados, prefirieron no gastar este dinero. Casi un mes después (para noviembre de 2020) el personal de Sembrando Vida les informó que sólo tenían un par de días para adquirir herramientas y semillas, y que debían hacerlo con Ageo Barradas Flores, Fe Toss Quezada y la empresa Hidrauver.
Un sembrador líder de un CAC, quien pidió no revelar su nombre, señaló que compraron semillas en noviembre de 2020 con el proveedor Ageo Barradas Flores. A pesar de que esta persona les entregó la factura por una compra de más de 11 mil pesos, hasta junio pasado el producto no les había llegado.
Algo similar ocurrió con la compra de semillas de canela al proveedor Fe Toss Quezada, quien finalmente las cambió por tallos de bambú, planta no acorde con la región.
Los técnicos de Sembrando Vida promocionaron sobre todo a Hidrauver. Los sembradores que adquirieron insumos con esta empresa realizaron los pagos a cuentas bancarias de Jesús Herrera Herrera; también se les entregaron facturas donde aparece el nombre de esta persona.
En las elecciones de 2017 Jesús Herrera fue el candidato suplente de Morena a la alcaldía de Perote. Baruch Ortiz Herrera, actual facilitador de Sembrando Vida y hermano mayor de Randú Ortiz, se presentó como el candidato principal por ese partido y perdió en las urnas.
Para esta investigación se buscó a los proveedores Ageo Barradas Flores, Fe Toss Quezada y a Jesús Herrera Herrera. Sólo contestó el primero. “Los facilitadores me contactaron y yo vendí semilla, pero no mucho. Después algunos facilitadores vieron el programa como negocio, unos agarraron el dinero de los productores y comenzaron a comprar semillas en la región”, señala Barradas Flores.
Depósitos a familiares de funcionarios
A partir de diciembre de 2020, a la huasteca veracruzana llegó un segundo apoyo adicional, de hasta 120 mil pesos por CAC, para instalar sistemas de riego en viveros comunitarios. Exfuncionarios del programa Sembrando Vida en Veracruz detallaron que en reuniones con Randú Ortiz –en las que se les pidió que sus teléfonos celulares fueran depositados en una caja– se les exigió recomendar a ciertas empresas y amenazar a los sembradores para que compraran con esos proveedores.
Las empresas recomendadas fueron Construcciones e Hidrociencias de Puebla, SA de CV (Cohisa); Crennel Comercial, SA de CV, y la persona física Alexander Hequet Moreno, accionista fundador de Cohisa y cuya socia es Isabel Azúa Montiel, originaria de Perote, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa.
“No quiero una factura que no sea de este proveedor, porque así viene estipulado. (…) Hágaselo saber de forma inmediata a todos. (…) O lo toman o lo dejan”; es lo que se escucha en una grabación que mandó el facilitador Alan Rebolledo en diciembre de 2020 a grupos de sembradores en WhatsApp, quienes en ese entonces la compartieron con periodistas de varios medios, como La Crónica de Hoy, Versiones, Periódico Veraz y El Sol de Tampico.
Un técnico social de esta región recuerda que, para no perder su trabajo, participó en la imposición de proveedores: “Lo vendimos como en 120 mil pesos por cada CAC, pero los costos eran muy elevados y el material era de muy mala calidad”.
Explica: “Eran pagos en efectivo, y nosotros como técnicos fungimos como intermediarios, como cobradores y repartidores. Nosotros le depositamos en una cuenta al facilitador, o en ocasiones le dábamos el dinero en efectivo. (…) Todo fue imposición, todo se manejó arbitrariamente, a nosotros como técnicos se nos dijo (su facilitador Alan Rebolledo) que así tenía que ser porque eran órdenes de arriba”. Al técnico no se le renovó contrato en Sembrando Vida para 2021.
Extécnicos aseguran que en diciembre de 2020 Allan Rebolledo obligó a sus subordinados a vender malla sombra y otros insumos para viveros. Algunos productos fueron pagados en efectivo, pero también se pidió hacer el pago a un número de una cuenta a nombre de Leonardo Rebolledo, hermano del facilitador.
Sembradores también señalan a Eddi Castillo, Eduardo Hernández, Alder Borrager y Abraham Zumaya entre los funcionarios del programa que favorecen a ciertos proveedores.
Se buscó la postura de los funcionarios mencionados, pero ninguno respondió. El enlace de prensa de la Secretaría del Bienestar informó que existe una investigación en curso y que “no puede hablar del tema”.
