APRO/Patricia Dávila
La catástrofe ocurrida el martes 6 en Tula, Hidalgo, exhibió el impacto negativo causado por el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección Civil que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que el Banco Mundial consideraba a ese sistema como uno de los mejores modelos del mundo para prevenir y atender los desastres naturales, la 4T hizo modificaciones en su interior.
Aunque desde 2009 el Atlas de Riesgo sobre el estado de Hidalgo advertía sobre el peligro de que el Río Tula se podría desbordar por los escurrimientos que originalmente captaban los lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco, ninguna autoridad federal, como Laura Velázquez, titular del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC), y Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la estatal encabezada por Omar Fayad Meneses alertaron de la urgencia de desalojar las zonas aleñadas al afluente.
Otro factor de riesgo son las descargas de aguas residuales de la Ciudad de México y el excedente de la presa Danxhó en Jilotepec, Estado de México, que también desfoga hacia el Río Tula.
De acuerdo con la página de internet de la Conagua, otras dos presas de Hidalgo representaban un peligro…
El miércoles 1 la presa Endhó alcanzó el punto NAMO, que es el máximo nivel con el cual se puede operar para satisfacer los requerimientos cuando el vertedor de excedencias no está controlado por compuertas; mientras que el viernes 3 la presa Requena estaba a punto de llegar al máximo nivel.
El martes 7 el gobernador Omar Fayad solicitó a la Conagua abrir las compuertas de ambas presas y evitar mayores afectaciones para la capital del estado, así como para los municipios afectados como Tepeji del Río, Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, Chilcuautla, Mixquiahuala de Juárez, Tasquillo, Tezontepec de Aldama y Tlaxcoapan.
Alerta fuera de foco
“Nadie lo vimos venir, nadie sabíamos la magnitud (de las lluvias)”, confirmó Manuel Hernández, presidente municipal de Tula.
De acuerdo con el alcalde, ahora puede decirse que antes de la tragedia de Tula hubo otro evento que pudo significar una alerta, pero que nadie reparó:
Cerca de las 16 horas del domingo 29 de agosto último, la joven Ana Karen García Díaz, de 19 años, viajaba con su novio Dennis en una motoneta por las calles de Tlalnepantla, Estado de México. Las fuertes lluvias convirtieron las calles en intensos caudales de agua. La pareja trató de cruzar la corriente, pero fue arrastrada. Él logró sujetarse a un árbol hasta ser rescatado, pero Ana Karen fue arrastrada por la corriente.
Dos días después, el 31 de agosto, el cuerpo de Ana Karen fue localizado a 72 kilómetros de Tlalnepantla en un embalse de Tula, Hidalgo, alrededor de la presa Endhó que almacena parte de las aguas residuales del Valle de México. Incluso, el padre de la joven responsabiliza al gobierno federal por la muerte de su hija, por no tomar medidas para evitar este tipo de inundaciones.
“Sabemos que Tula vive en situación de alerta permanente porque somos el vaso receptor de las aguas de la Ciudad de México y, pese a ello, no nos dimos cuenta de que el desplazamiento del cuerpo de la joven hasta Tula era un aviso de lo que se nos avecinaba”, reconoce en entrevista con este semanario.
Ignoraron a Tula
Desde julio último diversas entidades del gobierno federal han exhibido la falta de coordinación entre ellas para prevenir y atender los desastres naturales, tal es el caso de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a cargo de Laura Velázquez Alzúa, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyo titular es el general Luis Cresencio Sandoval González.
En la reunión regional convocada en julio en Oaxaca por la CNPC, que incluyó sólo a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, se expusieron los objetivos de protección civil: “Actuar con mayor prontitud y establecer la prevención como eje rector”. Sin embargo, ya no hubo más encuentros de trabajo de este tipo.
El 10 de julio pasado la Sedena anunció que, debido a la temporada de lluvias y ciclones 2021, desde el 15 de mayo se tenía estructurada la Fase de Prevención del Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, dirigidos para Chiapas, Baja California Sur, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México.
Hidalgo tampoco estaba en dicha estrategia, pese a que durante décadas el agua que se precipita desde la Ciudad de México y el Estado de México convirtieron a Tula en su vaso receptor.
A sabiendas de ello, y de que el huracán Grace estaba causando desastres a su paso, ni lo que quedó del CNPC ni la Conagua fueron capaces de advertir del peligro que se avecinaba para la población del municipio hidalguense.
De acuerdo con las personas que conocen las reuniones en corto entre funcionarios de la Conagua y del gobierno de Hidalgo, donde estuvieron presentes los alcaldes de la entidad, la dependencia federal les explicó que cinco factores detonaron la tragedia en Tula:
Primero, llovió demasiado en la Ciudad de México. Segundo, las precipitaciones recientes en el Estado de México, sobre todo en Ecatepec y Tlalnepantla. Tercero, las descargas de los emisores Central y Oriente. Cuarto, la propia precipitación pluvial en Hidalgo. Quinto, el desfogue de las presas Endhó y Requena… Todo se sumó para desatar la descontrolada venida de agua hacia Tula.
Sobre la declaración realizada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, de que nunca recibieron una advertencia sobre la necesidad de desalojar el hospital de Tula, situación que causó la muerte de 14 pacientes, Protección Civil y la Conagua han expuesto públicamente que sí emitieron el aviso correspondiente mediante un oficio.
Sin embargo, el documento –cuya copia posee Proceso– nunca estipula la necesidad de realizar un desalojo de lo que hoy es la zona afectada por inundación.
El oficio dirigido a Laura Velázquez, titular de la CNPC, está firmado por Alejandra M. Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional.
Con fecha del lunes 6 se pronostican “lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75mm” para Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Para el martes 7 se advertía de “posible caída de granizo” en Hidalgo, e “intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm” para la Ciudad de México y Estado de México.
Sin embargo, el pronóstico del director de la Conagua quedó muy lejos de lo que ocurrió.
En la madrugada del martes 7 en sólo diez minutos se inundó la clínica del IMSS en Tula y en cuestión de 30 minutos más el resto de las colonias aledañas.
“Tonta decisión”
Aún se desconoce el número real de damnificados en Tula. La titular de la CNPC habla de 31 mil afectados, pero el secretario de la Sedena, con minutos de diferencia, habló de 35 mil personas que requieren ayuda, dos mil 500 inmuebles afectados, 17 fallecidos y cinco puentes dañados en Hidalgo. La Conagua, a su vez, anunció que las lluvias volverán este domingo 12.
–¿La inundación de Tula se pudo prevenir? –se le pregunta a Laura Gurza, quien fue coordinadora nacional de Protección Civil en el sexenio del presidente Felipe Calderón.
–Todo puede prevenirse. Tenemos que partir de la idea de que el riesgo es una combinación de tres elementos: peligro, exposición y vulnerabilidad. El peligro es la lluvia extrema que escurre y que, por lo tanto, pudo haber puesto en riesgo, incluso, el drenaje profundo de la Ciudad de México, todo fluyendo hacia Hidalgo.
“Ahora hay que analizar si alguien está expuesto en la zona que se pudiera inundar en caso de que se desborden tantos metros cúbicos de agua. Luego se analiza qué tan vulnerable soy, o mi vivienda y yo frente a ese riesgo. Es complejo medir toda esa vulnerabilidad, esto se hace con estudios, por eso son los atlas de riesgo nacional, estatal y municipales que son obligatorios y que en el desarrollo de la infraestructura deben de observarse los riesgos que cada lugar ofrece”.
El Sistema Nacional de Protección Civil desde 1985 y hacia finales de los noventa tuvo claridad sobre la necesidad de tener previsiones financieras para atender los desastres; no tener dinero suficiente para atender a la población y sus necesidades atrasa el desarrollo de los países por 20 o 30 años, explican expertos en desastres naturales.
“Llega presidente López Obrador y dice que el Fonden está corrupto; la verdad es que el fideicomiso funcionaba perfectamente, y si había corrupción, en todo caso serían los ejecutores de la obra en materia de reconstrucción, pero esos no dependían del fideicomiso, sino de los gobiernos estatales, de las dependencias federales o de las delegaciones federales que ejecutan esos recursos”, expone Gurza.
Para la exfuncionaria, la desaparición del Fonden “fue un acto muy tonto y un retroceso de 20 años en materia de protección civil, es decir, regresamos a los noventa, una época donde no teníamos ninguna previsión financiera, porque cuando él (López Obrador) desaparece el fideicomiso ya se contemplaba el fondo de prevención, el cual, debió de estar operando para prevenir el desastre de Tula”.
Gurza explica que con la existencia del Fonden se emitía una declaratoria de emergencia para detonar apoyos para alimentos, cobijas, colchonetas, despensa, medicamentos, material de limpieza, saneamiento y algunos equipos y herramientas. “Pero ahora todo eso se lo dejaron a la Sedena”.
Y con la declaratoria de desastres, agrega la exfuncionaria, se atendían los daños materiales: “Se hacían mesas sectoriales para hacer los trabajos de evaluación de daños y con la cuantificación de daños se identificaba la infraestructura dañada y cuánto costaba reconstruirla o repararla.
“Hecha está evaluación se sesionaba en un comité técnico donde estaban sentados los representantes de los tres niveles de gobierno para validar que, efectivamente, eso era lo que estaba dañado”.
