APRO/Noé Zavaleta y Pedro Zamora
El pasado 27 de julio, tras la eliminación definitiva del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el embate de los huracanes Grace y Nora -con daños considerables en las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, respectivamente- pone a prueba la adecuada asignación de recursos federales para la atención de las poblaciones afectadas, bajo un esquema que no ha acabado de nacer. Ante la urgencia de ayuda, lo que prevalece es la incertidumbre.
Si bien el 13 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió los Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores, lo cierto es que aún no se cuenta con la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Si bien la Cámara de Diputados ya aprobó una minuta al respecto, ésta se encuentra atorada en el Senado desde diciembre.
Ese proyecto de nueva legislación, cuya entrada en vigor abrogaría la Ley General de Protección Civil vigente, considera en su capítulo X la creación de los programas de Gestión del Riesgo de Desastres y Protección Civil, y de Administración y Transferencia del Riesgo de Desastres, con los que, según la comisión dictaminadora, se subsanará la extinción de los fideicomisos del Fonden y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la desaparición del fideicomiso del Fonden, junto con muchos otros, con el argumento de que “hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo sin licitar”.
No obstante, según el senador panista Julen Rementería del Puerto, el gobierno federal y los legisladores de Morena “no midieron la problemática en que se metieron al extinguir el Fonden y ahora no tienen la mínima idea de dónde van a sacar el dinero” para afrontar la contingencia de los dos huracanes que azotaron el territorio nacional en días recientes.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado considera que la administración federal no tiene claridad sobre el mecanismo que se utilizará para la dispersión de los apoyos.
“Lo grave es que no lo tienen claro ni el presidente, el Senado, ni tampoco el área de Protección Civil. Cuando extinguieron el Fonden para hacerse de recursos para otros fines -programas sociales, supongo-, ellos dijeron que lo regresarían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; casi un año después de esa extinción no nos pueden decir quién va a repartir esos apoyos sin ton ni son”.
Mientras, con un saldo de 12 personas fallecidas (ocho en Veracruz, tres en Puebla y una en Jalisco) y una desaparecida (en Jalisco), así como daños todavía sin calcular totalmente en viviendas, infraestructura, carreteras y superficies agrícolas, habitantes de poblaciones afectadas en casi una decena de entidades del país se encuentran en espera de la ayuda.
Apoyo selectivo…
En Xalapa, el alcalde morenista Hipólito Rodríguez admitió que hubo 13 mil damnificados por Grace, en la misma ciudad donde la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, admitió que fue “un error” no dar difusión a los ciudadanos para refugiarse en los albergues, pues la autoridad no midió la intensidad con la que llovería en la capital veracruzana.
En infraestructura educativa se reportaron más de cuatro mil escuelas con afectaciones diversas, lo que motivó, el pasado 31 de agosto, un recorrido de evaluación de daños por parte de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez.
De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García, han sido entregados casi 28 mil insumos básicos -alimentos y agua potable- en 12 municipios, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su última gira por Veracruz, calculó que hubo 150 mil casas destechadas.
Y mientras el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal, José Luis Lima, señaló que se tendría que esperar a que concluya la evaluación de daños para hacer uso del Fideicomiso Estatal de Desastres, de 100 millones de pesos, en diversos municipios se ha generado una lluvia de protestas.
En Tecolutla demandan que la autoridad estatal restablezca el agua potable y apoye con alimentos a los pequeños comercios que perdieron todo. La delegación de la Cámara Nacional de Comercio en esa región aseguró que el 90 por ciento de 375 comercios ubicados a la orilla del mar fueron devastados o tuvieron afectaciones graves.
En las redes sociales, pobladores se quejan de que en los municipios de San Rafael, Martínez de la Torre y Gutiérrez Zamora se perdió toda la siembra de limón persa, naranja y plátano.
En Xalapa, Ramón Pino Sánchez, líder productor de maíz, se quejó de que hay “ayuda selectiva” del gobierno federal para los productores afines al gobierno de la Cuarta Transformación.
Al cierre de edición continuaban las quejas y el bloqueo carretero en zonas afectadas por la falta de energía eléctrica, en Papantla, Tihuatlán, Gutiérrez Zamora, Álamo Temapache, Coxquihui, Chumatlán, Zozocolco, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Coahuitlán y Mecatlán, pese a la promesa del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de restablecer la energía eléctrica a más tardar una semana después del huracán.
El 30 de agosto la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que Nora dejó daños en 44 municipios de seis estados del Pacífico, con un menor fallecido y una persona desaparecida en Jalisco. Además, quedaron sin energía eléctrica 355 mil usuarios de Colima, Jalisco y Nayarit; se colapsaron algunas estructuras y se desbordaron 30 ríos, mientras el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional rescataron a 155 personas, 225 fueron evacuadas y 562 se resguardaron en los refugios habilitados.
A consecuencia de los daños sufridos, autoridades de Sinaloa y Michoacán informaron que solicitaron al gobierno federal, para algunos de sus municipios, declaratorias de emergencia y posteriormente de desastre, en tanto que Colima pidió sólo esta última.
El director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Juan Francisco Vega Meza, dice a Proceso que Nora afectó principalmente los municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Rosario, Concordia y Escuinapa, donde hasta el miércoles 1 se habían contabilizado más de 30 mil damnificados, 8 mil viviendas dañadas, así como afectaciones todavía no cuantificadas en cultivos, ganadería e infraestructura carretera.
En Nayarit, el secretario en Desarrollo Rural, Juan Kelly Orozco, señala que, si bien hubo daños en superficies de cultivos, son bajos en comparación con los efectos de otros huracanes, pero que apenas se encuentran en la etapa de recepción de reportes de afectaciones, sobre todo en sembradíos de maíz en la zona alta de los municipios de Compostela y Bahía de Banderas.
… Y sin dinero
El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, Ricardo Ursúa Moctezuma, comenta que hubo serias afectaciones en algunas carreteras, en infraestructuras educativa y de salud, así como en las enramadas restauranteras de las playas de La Boquita, El Real, Boca de Pascuales y El Paraíso, en los municipios de Manzanillo, Tecomán y Armería.
En Jalisco, Narciso de Jesús Ramírez Rubio, expresidente de la Asociación de Productores de Plátano de Cihuatlán, dice a este semanario que los vientos de Nora arrasaron prácticamente con 95 por ciento de las huertas de plátano en la margen del río Marabasco correspondiente a esa entidad, mientras que, del otro lado, productores colimenses de plátano señalaron haber sufrido la inundación de cerca de mil 500 hectáreas.
Ramírez Rubio menciona que tras la desaparición del Fonden, los productores ignoran de qué manera llegarán los recursos. “No sabemos si va a ser mejor, pero en las condiciones en que se encuentra el país, dudo que vayamos a tener apoyo”.
Respecto de otros daños, tras un recuento preliminar el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, calculó que serán necesarios entre 60 y 70 millones de pesos para reconstruir la infraestructura dañada por Nora en la entidad, que incluye carreteras, puentes y escuelas, además de apoyar a mil 156 familias que sufrieron daños en sus viviendas en ocho municipios, aunque todavía no se evalúan las pérdidas en agricultura y ganadería.
A su paso por Michoacán, Nora también dejó gran cantidad de afectaciones en infraestructura carretera, turística, de vivienda, así como en cultivos de plátano y papaya, principalmente en los municipios de Arteaga, Nueva Italia, La Huacana, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Lombardía y Coahuayana.
En relación con los apoyos federales, el secretario de Desarrollo Rural de Nayarit señala que todavía no tiene información sobre el mecanismo por el que se harán llegar. “Estamos apenas en el primer paso, que es el levantamiento de los reportes de daños, ya veremos cómo se va a realizar”.
Ursúa refiere que en el caso de Colima las autoridades estatales se están apegando a los lineamientos de operación emitidos por la Federación, con la finalidad de que el estado pueda acceder a los recursos para la reconstrucción de infraestructura.
Juan Francisco Vega resalta que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, le precisó que desapareció el fideicomiso del Fonden, pero no los apoyos para estados y municipios.
Aunque dice desconocer el mecanismo por el que llegarán los recursos, expone que en Sinaloa las solicitudes se están realizando con base en los nuevos lineamientos para la atención de las emergencias y los desastres.
“Lo que hacemos es gestionar la emergencia dentro de nuestras facultades. Es lo que nos toca. Ya la parte federal, de los mecanismos que ellos vayan a implementar administrativa y técnicamente, lo desconocemos. Será un asunto de la propia Federación; es la primera vez que esto va a suceder, tenemos que aspirar a que esto va a funcionar, a que sí van a fluir los recursos”.
Vega Meza está convencido de que el manejo de los daños derivados de Grace y Nora serán una prueba para el nuevo mecanismo gubernamental de atención a los desastres en México. “Son los primeros retos ante los nuevos lineamientos, sin duda será un ejercicio interesante para el gobierno federal”, plantea.
