Estamos a dos semanas prácticamente de la sentencia, que no anuncio, del inminente regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica del país. El pasado 24 de julio en Veracruz, el presidente López sentenció lacónicamente: “Vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, truene o relampaguee no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante”. Esta afirmación presidencial alcanza a alrededor de 33 millones de estudiantes de educación básica y media superior del país.
Hace 17 meses que, por la emergencia sanitaria provocada por la presencia del coronavirus, se detuvo de manera abrupta el sistema educativo nacional. El Inegi en la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECovid-Ed) 2020, cuyos resultados hizo públicos el 23 de marzo pasado, señala que, para el ciclo escolar 2020-2021, y con relación a los efectos de la pandemia, se dejaron de registrar, a nivel nacional, alrededor de 5.2 millones de niños y jóvenes entre 3 y 29 años en todos los niveles educativos, casi el 10 por ciento de la matrícula general esperada para el ciclo de referencia. Debemos señalar también que, entre los resultados de la encuesta citada, más de la mitad de los entrevistados, muestra mucha disponibilidad a favor de regresar a clases presenciales, siempre y cuando el gobierno lo autorice.
México transita una encrucijada en su historia inmediata. A partir de la evolución de los efectos de la emergencia sanitaria, sobre la economía nacional, la propia salud pública, y la educación, el gobierno del país está obligado a tomar decisiones trascendentes, y ello por supuesto implica el cálculo del riesgo que significa para la nación. ¿Calculó?
En materia económica, el escenario de ninguna manera es halagüeño. Según el periodista Marco A, Mares, en su columna Ricos y poderosos, reseña que la Junta de Gobierno del Banco de México debió subir la tasa de referencia a partir del 13 de agosto, situándola en 4.5 por ciento, decisión relacionada con el comportamiento de la inflación general que aprieta a la economía mexicana, situándola en un nivel del 5.7 por ciento, casi un punto porcentual al esperado para este 2021, mientras que la inflación subyacente pasó del 3.9 al 5 por ciento (la inflación subyacente es el incremento continuo de los precios de un subconjunto de bienes y servicios que conforman el índice de precios al consumidor (IPC)). Mientras que para el año que está por venir, esa misma tasa general pasó de 3.1 a 3.4 por ciento, vamos los escenarios del desempeño de la economía mexicana son de cuesta arriba.
Adicionalmente, respecto al empleo, México no ha logrado reponer los empleos perdidos el año pasado, quedando un marcado déficit en la materia, y aún se contabilizan, según cifras del IMSS, 129 mil 519 empleos por debajo de los registrados en diciembre de 2019.
Respecto al tema de salud, la tercera ola del covid-19 sigue causando estragos entre la población. Sólo el 14 de agosto pasado se reportaron 23 mil 642 nuevos casos a nivel nacional. Julio se ha erigido como el mes más complicado de esta nueva etapa de la pandemia. Al mismo tiempo los decesos registrados ascienden a 248 mil 167 sumando los 753 de la última fecha del corte.
Ahora bien, es un hecho que en ese afán de los gobiernos de los distintos órdenes “por no quedar mal ni con Dios ni con el diablo”, han optado por la apertura de todas las actividades de la población, de una manera desordenada y mal organizada. Se han relajado de manera irresponsable las medidas sanitarias en todos los ámbitos, y por supuesto, la población ha colaborado de manera automática a este cotidiano descuido. Calles y plazas llenas, eventos masivos organizados por la propia autoridad (véase la conmemoración de la caída de Tenochtitlan el pasado viernes 13 organizado por el gobierno de la CDMX y el propio gobierno federal), todos participan en facilitarle a la tercera ola su paso por la salud de los mexicanos.
Aunado a lo anterior, y con referencia al tema de la educación, la relajación de los cuidados sanitarios, el proceso de vacunación impulsado por el gobierno federal se ha enfocado en la población mayor de 18 años, dejando fuera a la población infantil y adolescente del país, y que son precisamente la población que está contemplada para el proceso de regreso a las clases presenciales del 30 de agosto venidero. Según un artículo de la revista Expansión Política del 12 de agosto de 2021, señala que “(aunque) se han incrementado los contagios en todos los grupos de edad, la ausencia de vacunación para niños y adolescentes y la presencia de la variante Delta son dos factores que pueden provocar la aceleración en el aumento de casos en menores, señala Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM”.
La SEP publicó su estrategia nacional para atender la instrucción (orden) presidencial del regreso a clases presenciales hacia finales de 2020, sobra decir que esa estrategia no funcionó, por no decir tajantemente que fracasó. Y eso nos hace cuestionarnos, ¿por qué ahora sí habrá de dar buenos resultados?
La instrucción de “llueve, truene o relampaguee” del presidente López se está materializando a través de la Secretaría de Educación Pública, de 25 gobiernos estatales, entre ellos Aguascalientes, a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), para formalizar el regreso presencial a las aulas, chocando con la información que fluye a través de los medios de comunicación que destaca el incremento de contagios y la saturación de hospitales, y un no claro protocolo de seguridad sanitaria para los menores estudiantes, basado destacadamente en una “carta compromiso” de los padres de familia por “vigilar” la salud de sus hijos, pasando a la población la responsabilidad del cuidado de la salud pública en las escuelas, es un acto, por decir los menos, preocupante ante la inminencia del regreso a clases.
¿Y la carta responsiva de los gobiernos por la salud de los estudiantes?
