APRO/Gloria Leticia Díaz
Considerar a los pueblos originarios en el diseño de las políticas de recuperación económica y concretar la reforma constitucional sobre derechos de los Pueblos Indígenas, son algunas de las exigencias dadas a conocer este lunes en que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU-DH), José Francisco Calí Tzay, alertó sobre la agudización de la marginación de los pueblos originarios por la pandemia de coronavirus, por lo que urgió a los Estados a incluir a este sector de la población “en el diseño e implementación de las políticas de recuperación”.
En una declaración fechada en Ginebra, resaltó que a más de un año del surgimiento de la pandemia “es especialmente preocupante que incluso los esfuerzos de recuperación estén causando impactos negativos para los pueblos indígenas”, pues el covid-19 se ha convertido en “un catalizador para que los Estados promuevan megaproyectos sin consulta adecuada a los pueblos indígenas”.
Al reconocer la resiliencia de los pueblos para mantener su exigencia del respeto a su derecho a autodeterminación y “responder a la pandemia de covid-19, a pesar de las adversidades que enfrentan”, llamó a los estados a “involucrar a representantes, líderes, lideresas y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, incluidos quienes viven en áreas urbanas” en el diseño de políticas de recuperación económica.
El relator recordó que antes de la pandemia “los pueblos indígenas ya experimentaban múltiples formas de discriminación racial, social y económica”, por lo que para superar esos momentos es necesario que los Estados intensifiquen su respaldo a este sector de la población y “colocar los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a la tierra en el centro de los esfuerzos de recuperación de la covid-19”.
En México, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir su compromiso de atender la demanda histórica de concretar la Reforma Constitucional sobre derechos de los Pueblos Indígenas.
En un pronunciamiento firmado por 48 pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Campeche, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, Sonora, Guerrero, los integrantes de Aldea exigieron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y calificaron “inadmisible” que el concepto de “Nación Pluricultural” sólo esté plasmado en la Constitución y sea “una promesa vacía”.
Los firmantes recordaron que mientras se mantienen inoperantes los derechos de los pueblos indígenas plasmados constitucionalmente, persisten la reforma Energética, la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas “a espaldas de los pueblos, que han traído violencia y despojo en nuestros territorios”.
Alertaron de las amenazas sobre sus formas de gobierno, sus sistemas normativos, territorios y bienes comunes, ya no sólo por “los proyectos de muerte, sino que ahora incluye a redes de criminalidad y corrupción en complicidad, con gobiernos, cacicazgos locales y actores empresariales”.
Denunciaron que a las agresiones a las comunidades se suman los ataques a los defensores del territorio “viviéndose una espiral de violencia sin precedentes”, y que ha cobrado la vida de 12 personas en lo que va de este año, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Para revertir estas injusticias acumuladas hacia pueblos y comunidades, la propuesta de Reforma resulta clave, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena; el control de nuestros territorios y bienes comunales y la aplicación de sistemas propios de seguridad y justicia”.
La iniciativa “busca romper con el tutelaje colonial del Estado para ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público con capacidad de darle toda la fuerza jurídica las decisiones comunitarias y a contar y disponer de presupuestos propios”.
Aldea reiteró su exigencia al presidente López Obrador, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión, a presentar la Reforma Constitucional de Pueblos Indígenas a comienzos de la siguiente legislatura, que inicia en septiembre, y se establezca como un tema prioritario.
Los firmantes apuntaron que “la propuesta no se desvíe del espíritu de los Acuerdos de San Andrés, los estándares internacionales en la materia y los aportes presentados por pueblos, comunidades, organizaciones y autoridades indígenas de los distintos estados del país durante el proceso previo de construcción de la propuesta de reforma”.
