Dicen que Sir Winston Churchill dijo que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Cuando se pregunta si el sistema electoral mexicano es bueno, siempre me imagino esa respuesta: nuestro sistema probablemente diste de ser el mejor, pero descontando todos los demás, es el que mejor nos acomoda para el país que queremos llegar a ser.
No quiero que se entienda que pienso que nuestro sistema es bueno o malo. Despojándolo de estos adjetivos de valoración, nuestro sistema resulta ser adecuado, perfectible por donde se le vea. Esto es, el diseño en el que se sustenta se encuentra bien afianzado (todos lo sabemos) en la desconfianza.
¿Desconfiamos de que el gobierno organice las elecciones? Hagamos un organismo autónomo ciudadanizado para que lo haga. ¿Desconfiamos si los muertos votan? Diseñemos un registro de electores actualizado constantemente y a la vista de los partidos políticos. ¿Desconfiamos de que las boletas se puedan falsificar? Construyamos un andamiaje legal para obligar a que sean impresas con las más altas medidas de seguridad, aunque su costo sea igual al de la producción de papel moneda. Esto, a vistas de alguien que no conozca el sistema electoral mexicano, le parecería exagerado; para nosotros, esa es la normalidad. Es el mínimo aceptable.
Una de las particularidades del sistema es la consecuente reforma a cada proceso electoral que concluye. A partir de 1977, con aquella reforma impulsada por Reyes Heroles que significa el inicio del sistema como ahora lo conocemos, se han sucedido una serie de reformas que se han intensificado en los últimos años. Estas reformas tienen un común denominador: todas se realizaban tras las elecciones (unas más polémicas que otras) y servían como despresurización del ambiente político que imperaba, donde el ganador concedía algunos reclamos del perdedor.
¿Qué el resultado estuvo muy cerrado y el perdedor exigía que se recontaran los votos otra vez aún sin estar estipulado en la ley? Que se modifique la ley para que contemple el supuesto. Resultado: si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es reducida, por ley habrán de abrirse los paquetes en la sede distrital. ¿Qué el ámbito político se encuentra copado por hombres? Habrá que imponer cuotas que se transformen en igualdad sustantiva.
Otro común denominador es que las reformas son progresivas, es decir, todas representan un avance en la consolidación de este camino democrático iniciado hace 45 años. A estas alturas no se entendería una reforma que pugnara por eliminar la credencial para votar, por ejemplo. Por el contrario, cada vez son más los mecanismos de seguridad que se le añaden para estar acorde a la nueva tecnología.
Como está por concluir oficialmente el proceso electoral más grande que ha vivido este país, se empieza a cocinar su correspondiente reforma. Esta reforma es especial porque parece no cumplir con las características antes mencionadas: no es impulsada por el que aparente perdedor de las elecciones y en algunos aspectos parece ser restrictiva.
Basada en un argumento falaz y en cifras que tienden al engaño, se presume que el costo de las elecciones se duplica al contar con organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, estatales, coexistiendo con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta no es la primera vez que se propone la desaparición de instituciones electorales pretendiendo un supuesto ahorro en los recursos públicos con los que operan.
Las opciones son variadas: que el INE asuma las funciones de los organismos locales, extendiéndose ahora esa premisa a los tribunales estatales, en cuyo caso asumiría las funciones el tribunal federal. Casualmente son las mismas voces que callan ante las propuestas de que los partidos políticos subsistan con la mitad de sus prerrogativas, mismas que también se duplican al otorgarse cantidades millonarias a estos entes de interés público en el ámbito local y en el ámbito federal. Otra de las opciones es desaparecer tajantemente al INE para que sea la Secretaría de Gobernación la que organice las elecciones, lo cual sería una regresión a, por lo menos, treinta años.
¿Reforma? Sí. ¿Regresión? Definitivamente no. Una de las lecciones que nos debe dejar la elección intermedia que acabamos de pasar es que la democracia no termina con la Jornada Electoral, sino que, acaso, apenas empieza con la actividad de ir a votar. Estar interesados en la política es hacerlo desde sus bases, como lo es el andamiaje legislativo que sostiene el sistema que tanto nos ha costado construir. Les invito, pues, a estar muy al pendiente del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso federal, y las noticias que se deriven, tanto para conocer las propuestas (algunas necesarias) como los pros y los contras, de manera informada, tras la reforma que viene.
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