Si la próxima Legislatura del Congreso del Estado quiere reivindicarse y demostrar que sus servicios son para la sociedad de Aguascalientes, y no para intereses personales, de grupo o de otros poderes, se “pondrán la estrellita” si su agenda legislativa en materia penal atiende estos temas pendientes y necesarios para un mejor desarrollo en el ámbito de la procuración y administración de justicia:
Si queremos investigaciones de mayor calidad, acusaciones fuertes y objetivas, así como estrategias efectivas para la negociación de los conflictos y su solución pronta, es necesaria una modificación a la Constitución Local para dotar de Independencia Real y Autonomía efectiva a la Defensoría Pública, los Policías de Investigación, los Servicios Periciales, y las Asesorías de víctimas. Mientras éstas sigan perteneciendo a Poderes o Instituciones que tienen intereses concretos frente a la percepción de inseguridad, la resolución de conflictos para los involucrados en hechos delictivos seguirá siendo simbólica y no operativa. Además, si se quieren ambientes laborales armónicos que se reflejen en servicios públicos de calidad, las y los legisladores deberán dotar de estabilidad laboral a elementos de seguridad pública, Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos a los que se les rescinda la relación laboral sin sustento y de manera injusta; esto de la mano con la creación y fortalecimiento de servicios profesionales de carrera, para que las y los trabajadores se encuentren motivados con la certeza de que su ingreso, estabilidad y ascenso, se base en sus capacidades, aptitudes y experiencia, lo que necesariamente abonará a una eficaz procuración y administración de la justicia penal. Todo esto es válido ya que “ir en contra” de la Constitución Federal sería limitar derechos que establece, pero cuando un Estado amplía en mayor medida esos derechos, siempre está permitido.
También es necesario legislar para crear una Fiscalía especializada en Feminicidio, con Agentes, Investigadores y Peritos impregnad@s en perspectiva de género, y capacitad@s en el manejo y aplicación de los protocolos para la generación de líneas de investigación, búsqueda de información y litigación ante los tribunales. Además, desde el año 2013, Aguascalientes sigue incumpliendo la Ley General de Víctimas que lo obliga a crear su Comisión Estatal de Víctimas, por lo que esperemos que esa omisión legislativa termine con este nuevo Congreso y establezca en la ley correspondiente la creación, naturaleza independiente o autónoma de la Comisión, y el servicio profesional de carrera para sus integrantes (Comisionad@s, área psicológica, de trabajo social, jurídica, investigadora y de administración del fondo de reparación integral). Otra obligación en la que las legislaturas del Estado han sido omisas, es en igualar el salario de los Agentes del Ministerio Público, Defensores y Asesores Jurídicos Públicos, pues desde el 19 de junio de 2008 se ordenó esta situación en la Constitución Federal, y a la fecha siguen sin cumplirse esos derechos salariales de los operadores en materia penal, que lograrán disminuir la corrupción, e incentivar un mejor desarrollo de actividades por esa motivación laboral. Si a esto los Legisladores agregan el dotar de autonomía a tales Instituciones, y otorgar el manejo directo de sus recursos asignados por el Legislativo (fijación de un porcentaje de presupuesto obligatorio en la propia norma Constitucional), podrá aumentarse el número de Ministerios Públicos, Defensores y Asesores, Investigadores y Peritos para hacer frente a la cantidad de trabajo que en la actualidad rebasa en demasía a situaciones humanas para llevarlo a cabo. De lo contrario, el sistema penal acusatorio que ya está colapsando, terminará por hacerlo en forma grave en muy poco tiempo.
Por último, respecto al Código Penal y sus delitos, la solución nunca será incrementar en forma desproporcionada las sanciones, o castigar cualquier conducta antisocial, pero la misma evolución y el andar de la nueva “civilización” obliga a revisar ciertas figuras, crear otras y eliminar aquellas que no sean relevantes para la vida social. La intervención indebida de las comunicaciones privadas, la indebida difusión de información personal, privada, imagen y datos íntimos de una persona, pueden ser tipificados y sancionados, al igual que la provocación o incitación a la comisión de delitos por discursos de odio, división y discriminación que no están protegidos por ningún derecho o sistema jurídico de corte humano. De igual manera, debe revisarse el tratamiento que se da al maltrato animal y verificar la posibilidad de crear un delito autónomo que proteja a estos seres, con sanciones que hagan reflexionar a las y los autores de lo que han hecho, y pueda medirse el nivel de evolución social con la forma en que se trata a su entorno, parafraseando a Gandhi. Finalmente, la Legislatura debe analizar el incremento de supuestos para el pago de indemnizaciones por violaciones ilegítimas a derechos de víctimas e imputados, con el fin de resarcir el daño causado y además disminuir las actuaciones erróneas e ilegales de algunas autoridades, pues mientras no existan consecuencias, la práctica de un modelo inquisitivo disfrazado de acusatorio seguirá vigente.
Estas ideas las planteé la semana pasada en un foro con las y los legisladores electos de un partido que, más que verse como grupo, busca proyectarse como apoyo a la sociedad. Por lo que espero que todas y todos los integrantes legislativos, dejen a un lado sus intereses personales, partidistas o de grupo político, y sean la Legislatura que pase a la historia como aquella que realizó los cambios jurídicos trascendentales para la evolución social de nuestro Estado. El resultado está en sus manos, y el voto de confianza o presunción de que lo harán bien está latente. Que tengan éxito, pues si lo tienen, el éxito será para la sociedad de Aguascalientes.
