APRO/Verónica Espinosa
El gobierno del priista Juan Manuel Carreras López, quien termina su gestión el próximo 25 de septiembre, recurrió sin recato a empresas factureras o fantasma para la simulación de compras de decenas de lotes de medicamentos para pacientes con cáncer mamario y gástrico, con el agravante de que esos fármacos pudieron resultar falsificados.
Es el caso del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en la capital del estado, donde las adquisiciones directas fueron superiores a los 4 millones de pesos por lo menos entre 2016 y 2018.
La organización civil potosina Ciudadanos Observando investigó a 18 empresas que facturaron adjudicaciones directas al hospital central potosino por un total de 120 millones 600 mil pesos, no sólo por medicamento oncológico, sino también por equipo médico.
Como en los sexenios de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, el de Carreras López recurrió a firmas de dudosa reputación para operaciones que podrían configurar desvíos, triangulación de recursos o compras a sobreprecio, además del daño irreparable a los pacientes que debían ser tratados por cáncer con los medicamentos comprados.
En el entramado aparecen también empresas que fueron señaladas en 2018 por el Instituto Nacional Electoral como presumiblemente involucradas en la triangulación de recursos para el financiamiento irregular de la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco.
Carreras López tuvo conocimiento directo de las compras anómalas del sector salud estatal, gracias a integrantes de Ciudadanos Observando. Ellos le expusieron personalmente las irregularidades detectadas al revisar la documentación oficial de las mismas, obtenida mediante solicitudes de información pública.
José Guadalupe González Covarrubias, representante de la organización de la sociedad civil, proporciona a Proceso copia del expediente que se integró y de cuyos antecedentes informó a Carreras López hace dos años. Pese a ello, el mandatario potosino no inició ninguna investigación o denuncia para aclarar esas operaciones con empresas que facturaron lotes reportados como falsificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la comisión estatal del rubro, la Coepris.
Los últimos años, la asociación de González se ha dedicado a rastrear y a desenmascarar el negocio que desde el Congreso del estado y dependencias del Ejecutivo, como los Servicios de Salud (Proceso 2279), se fraguó a través de la facturación a empresas fantasma o factureras, muchas de las cuales comparten socios, representantes legales.
Por lo que atañe a los domicilios fiscales, han resultado ser todo menos las sedes de las empresas o de sus representantes: hay lotes baldíos, casas particulares de personas ajenas a las supuestas empresas e incluso talleres mecánicos. Por su magnitud, esas operaciones irregulares rebasan el ámbito de competencia estatal, según las indagatorias de Ciudadanos Observando.
Entre 2015 y 2019 esas 18 empresas con domicilios fiscales en Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí (que resultaron inexistentes) facturaron poco más de 84 millones de pesos a las delegaciones del IMSS en 18 estados: Coahuila, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Colima, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Sonora, Zacatecas, Querétaro, Durango, Michoacán y San Luis Potosí.
En entrevista, González explica que las pistas para dar con esas compras surgieron cuando Ciudadanos Observando reveló el uso de empresas fantasma por parte de diputados de diversos partidos en la legislatura pasada (LXI) del Congreso del estado, para justificar recursos que supuestamente eran destinados a ayuda social, corrupción que bautizó como “El honorable gremio del fraude”.
Como publicó Proceso en mayo de 2018, diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM y Nueva Alianza falsificaron hasta firmas de supuestos beneficiarios (personas de escasos recursos de quienes utilizaron documentación, como credenciales de elector) para simular que recibieron recursos superiores a 25 millones de pesos.
Por esto se presentaron denuncias penales, varias de las cuales no se resuelven en la Fiscalía General del Estado; en otros casos los legisladores acusados optaron por reparar el daño causado al erario y libraron los procesos en su contra.
Comercializadora Ismalog, creada en 2012, emitió facturas a los diputados panistas de la LXI Legislatura: Mariano Niño, Jorge Díaz Salinas y Josefina Salazar, actual diputada federal, por conceptos como dulces, electrodomésticos, material de construcción, despensas y juguetes, para justificar apoyos sociales.
“Al seguir el rastro, encontramos que Ismalog aparecía también facturando compras del hospital central (por casi dos millones de pesos en medicamentos para cáncer). Pedimos las facturas vía transparencia y fue tardado, porque nos pusieron muchos obstáculos y trataron de ocultarlo, pero cuando la obtuvimos y verificamos el domicilio, era una casa particular cuyo ocupante dijo desconocer a la empresa y las compras”, narra González Covarrubias.
González Covarrubias dice a Proceso que en el encuentro con Juan Manuel Carreras en el que fue informado de las anomalías que se estaban encontrando, “nos dijo que supuestamente iba a abrir una investigación por la Contraloría, que iban a poner candados administrativos y etcétera. Pero no pasó nada”.
Además de la presunción de que hubo un número indeterminado de pacientes con cáncer que no recibieron el tratamiento adecuado, González advirtió el desaseo y la deficiente revisión que por estas adquisiciones realizaron tanto la Auditoría Superior de la Federación como la del estado.
“La corrupción fue el sello de la administración de Juan Manuel Carreras López, y el sector salud, el que tuvo los mayores señalamientos”.
