APRO/Sara Pantoja
Familiares de víctimas mortales y lesionadas por la tragedia de la Línea 12, acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de no prestarles la atención debida a tres meses de su desgracia.
Además, denunciaron que se ha negado el derecho a la justicia, pues hasta ahora no hay ninguna persona en prisión como responsable por el hecho.
Y pidieron que se lleve a cabo una “consulta popular” para que se deslinden responsabilidades del hecho ocurrido hace justo tres meses.
“El presidente se dedica a hacer consultas. Que haga la consulta por la Línea 12, que nos deje opinar quién va a caer en esta tragedia y quién va a ser el culpable… (las autoridades) sabían perfectamente que este Metro no estaba bien”, dijo Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanny, fallecido la noche de aquel 3 de mayo.
Familiares de víctimas y personas lesionadas, representadas por el abogado Teófilo Benítez, ofrecieron una conferencia para denunciar la falta de atención del gobierno de Sheinbaum Pardo y de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desde el colapso de la trabe metálica del tramo elevado que dejó 26 personas sin vida y más de 90 lesionadas.
La conferencia ocurrió un par de horas después del videomensaje que emitió Sheinbaum Pardo, en el que aseguró que “la atención a víctimas será siempre la principal prioridad”.
En respuesta, el abogado Benítez aseguró: “Es totalmente falso, no es verdad que ella y el área de atención a víctimas estén al pendiente, sino al contrario. Cuando han hecho declaraciones, se les ha retirado la ayuda”. Agregó que en algunos casos, ni siquiera les han pagado el costo de las terapias que necesitan por sus lesiones.
Adriana Galván, quien iba en el tren que colapsó con la trabe, afirmó: “Siento mucha frustración, coraje e impotencia de no poder gritar a los cuatro vientos y reclamar que el culpable ojalá esté en la cárcel. Si hubiera estado bien lo del Metro yo no estuviera como estoy”. Añadió que desde el 3 de mayo pasado tiene poca movilidad y perdió su trabajo como empleada del hogar.
La mujer, de edad mayor, añadió que ella misma ha tenido que comprar los medicamentos para tratar sus lesiones y el bastón que usa para caminar es donado “porque me dijeron que no había recursos para atenderme. Me dijeron que en un mes iba a estar bien y ya voy para tres meses y véanme cómo estoy, todavía padeciendo”, acusó.
“La señora Sheinbaum miente. A nosotros no nos han dado ni un bastón ni las herramientas que ocupamos para continuar con nuestras vidas. En mi caso solo me ayudaron con pasajes, no me han dado terapia psicológica y los aparatos que tengo son donados. De ellos, nada. Por eso digo que son unos mentirosos”, afirmó.
Rigoberto Quiroz comentó que no ha recibido “ningún apoyo” y demandó “que se haga justicia y se paguen los daños”. El hombre narró que, debido a las heridas que sufrió aquella noche en su pierna izquierda, aún no puede caminar.
Jocabed Pineda, madre de Immer, quien murió en el incidente y quien era el sustento económico de la familia, afirmó que “ni con todo el oro del mundo” le pueden regresar la vida a su hijo. Y señaló como responsables del hecho a todos los que han gobernado la ciudad “desde que inició el Metro hasta la fecha”.
Marisol Tapia, madre de Brando, de 13 años, dijo que ella no ha tenido apoyo desde que comenzó a buscar a su hijo, pues no aparecía en la lista de las personas fallecidas ni hospitalizadas. Agregó que su esposo, quien también iba en el Metro con el menor, “fue amenazado” de no darle ningún apoyo si era sacado del Hospital Balbuena, en lugar de darle ayuda.
Acusan negativa para ver expediente
El abogado Teófilo Benítez, representante de 9 víctimas, aseguró que las autoridades no se han reunido con ellos, además de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) les ha negado el acceso, tanto al peritaje independiente realizado por la empresa noruega DNV, como a la carpeta de investigación sobre el hecho.
No obstante, dijo que seguirán con la insistencia para que se cumplan los procesos judiciales y que, con ello, las víctimas tengan acceso a la verdad y la justicia.
Marisol Tapia cuestionó: “¿Cuánto tiempo ha pasado y no hay justicia? Entre ellos se protegen, por eso nosotros queremos una verdadera justicia y no que metan a la cárcel a un albañil o a alguien que puso un ladrillo. No vamos a dejar de pedir justicia por todas las víctimas. Que eso lo sepan los funcionarios”.
La afirmación de Benítez y Tapia coincide con la de los defensores legales de otras 18 víctimas, representadas por el despacho Carbino Legal, quienes en la edición 2335 de Proceso -que circula esta semana-, acusaron que la fiscal Ernestina Godoy se ha negado a recibirlos y tampoco les han dado acceso a la carpeta de investigación y a los peritajes que ya hicieron sus especialistas, además de que tampoco los ha reconocido como coadyuvantes de las víctimas.
Con ello, dijeron, les niega el derecho a las víctimas a vigilar que se haga una investigación “objetiva y exhaustiva” del hecho.
