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viernes, diciembre 19, 2025

Congreso de Aguascalientes actuó con ilegalidad al negar ratificación a magistrada Lladó Lárraga

Claudia Rodríguez Loera
Claudia Rodríguez Loera
Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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  • Absurdo que ante situaciones iguales los criterios sean diferenciados
  • Rechazo a ratificar dos magistradas podría tratarse de un caso de violencia política de género

 

El procedimiento para ratificar una magistratura es muy claro, además de que el único órgano facultado para calificar si es idónea o no es el Consejo de la Judicatura, recalcó Claudio Antonio Granados Macías, profesor investigador de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; lo anterior lo refirió respecto a la solicitud de reelección presentada por la magistrada Edna Edith Lladó Lárraga, al considerar que el Congreso actuó con toda ilegalidad al negar su revalidación en el puesto.

Expuso que inclusive el hecho de que el Legislativo local haya solicitado la opinión de algunos colegios y agrupaciones de abogados está fuera de ley, pues para ello es necesario una reforma, ya que todo aquello que está fuera de ley no tiene sentido de continuar, pues llega a ser absurdo.

El también abogado constitucionalista destacó cómo la definición de los diputados integrantes de la Comisión de Justicio hizo fue diferenciado ante la solicitud de reelección de los magistrados Juan Manuel Ponce Sánchez, Edna Edith Lladó y la magistrada presidente Gabriela Espinosa Castorena; sin ninguna objeción aprueban la petición de Ponce Sánchez, mientras que en el caso de las dos magistradas la rechazan, luego de argumentar el resultado de una evaluación.

Granados Macías observó que los tres magistrados fueron compañeros de la sala penal, es decir que participaron en la toma de decisiones de los mismos casos, por lo que resulta absurdo que ante situaciones iguales los criterios sean diferenciados, además de que no parece que sea una coincidencia de que el rechazo sea con las dos mujeres, al parecer un caso de violencia política de género.

Luego de la reforma realizada en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, se estableció un principio fundamental para el Estado de Derecho mexicano, se trata de la posibilidad para que los magistrados de los tribunales superiores de justicia pudieran ratificarse, con el objetivo de alcanzar la inamovilidad, esto como la base de la autonomía e independencia en la toma de decisiones que tiene la Judicatura en beneficio de los gobernados, y evitar la influencia de otros poderes. Esta misma reforma dio las bases en 1994 para la creación del Consejo de la Judicatura, encargado de impulsar la carrera judicial, para que jueces y magistrados cuenten los conocimientos técnicos y la Hoja de Vida con base a una ética rigurosa para ejercer sus funciones.

Sólo el Consejo de la Judicatura de Aguascalientes, integrado por dos representantes del Poder Legislativo, dos del Ejecutivo y dos del Poder Judicial, tiene la facultad de determinar si un magistrado o un juez es idóneo para el cargo o no, y al respecto dictaron en positivo la ratificación de los tres solicitantes.

 

 

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