La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, expuso ante la Cámara de Diputados que un pendiente de los congresos locales y del Congreso de la Unión es regular en la ley la paridad en gubernaturas y la Declaración 3 de 3 contra la violencia de género.
Al participar en la mesa Es Tiempo de Mujeres, que se organizó como parte del seminario El Congreso que México necesita. Una reforma urgente, la consejera mencionó que estos son temas que se pueden reforzar para garantizar la participación política de las mujeres en los próximos procesos electorales.
Después de la jornada electoral del 6 de junio, seis mujeres fueron electas como gobernadoras. Sin embargo, este logro fue posible por un acuerdo del INE y una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al impulso de las mujeres de la política.
En noviembre de 2020 el INE acordó pedir a los partidos postular a 7 mujeres para competir por alguna de las 15 gubernaturas que se eligieron este año. Ante esta decisión, los partidos se inconformaron ante el TEPJF, organismo que revocó el acuerdo, pero determinó que sí estaban obligados a cumplir la paridad en estos cargos.
Ante la presión del movimiento de mujeres, los partidos postularon candidatas a las gubernaturas, de las cuales seis resultaron ganadoras: Maru Campos Galván, en Chihuahua; Lorena Cuéllar, en Tlaxcala; Índira Vizcaíno, en Colima; Evelyn Salgado, en Guerrero; Marina del Pilar Ávila, en Baja California y Layda Sansores, en Campeche.
No obstante, la consejera Humphrey destacó que a pesar de que la sentencia del TEPFJ que dio origen a la paridad en gubernaturas también obliga a los congresos estatales y al Congreso de la Unión a legislar en esta materia, a la fecha ninguna entidad federativa tiene regulado este principio.
El año pasado, cuando el INE discutió este tema, los principales opositores fueron los senadores Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática; Claudia Ruiz Massieu, del Revolucionario Institucional; y Xóchitl Gálvez Ruiz, de Acción Nacional. Los representantes de los partidos políticos alegaron que dicha tarea le correspondía al Legislativo.
La consejera advirtió que el próximo año habrá seis gubernaturas en juego. La organización de tres de estos procesos electorales empieza en septiembre y el último en diciembre. “Es decir, estamos ya, con los dedos en la puerta para emitir desde los congresos estatales y desde el Congreso de la Unión esta normativa para garantizar estos espacios”.
Humphrey recordó que el artículo 105 constitucional establece que las reformas en materia electoral se deben aprobar 90 días antes del inicio del proceso para que sean vigentes en los comicios siguientes. “Creo que se está jugando, digamos, deliberadamente o interesadamente con estos plazos”.
Aunque ahora hay siete mujeres al frente de los gobiernos locales, incluyendo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ellas apenas representan 21.8 por ciento en estos espacios de poder, en las 32 entidades federativas. “Entonces, sí, hemos avanzado, pero estamos lejos de la paridad. Fue un triunfo, sí, es la primera vez que se obliga esto, pero tenemos que seguir incidiendo porque apenas vamos en el 21.8 por ciento”, dijo.
Declaración 3 de 3
Otro tema que la consejera electoral expuso ante la Cámara de Diputados fue la Declaración 3 de 3 contra la Violencia de Género. Esta propuesta fue una idea de organizaciones de la sociedad civil y fue retomada por el INE para que los partidos políticos atiendan, prevengan, reparen, sancionen y erradiquen la violencia política en razón de género.
La experta expuso que los partidos políticos también se resistieron a esta medida. Aun así, el INE logró establecer la obligación de las y los candidatos de presentar tres declaraciones: no haber cometido violencia familiar, no haber cometido violencia sexual y no ser deudor de pensión alimenticia.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE señaló que después de este acuerdo propuso revisar si todos las declaraciones eran veraces o si alguien mintió. Aunque se trataba de alrededor de siete mil candidaturas, con sus respectivas declaraciones, el Consejo General del INE decidió revisar sólo mil 177 casos.
Después de esta verificación se encontró que tres aspirantes mintieron y se les retiró la candidatura, pero el TEPJF les restituyó la postulación. “Tenemos que tener un diálogo más directo con la autoridad judicial, precisamente porque no podemos obligar a que las mujeres tengan que acudir a otra instancia para que se analice el modo honesto de vida (de los candidatos agresores)”.
La consejera expuso que cuando el INE verificó las declaraciones sobre violencia familiar, violencia sexual y personas deudoras alimentarias morosas, encontró que no existe información homogénea. Es decir, falta una base de datos con toda esta información sistematizada. Por ejemplo, sólo en 14 estados existe un Registro de personas deudoras alimentarias y sólo en la Ciudad de México está digitalizado.
Humphrey mencionó que en la anterior integración del Senado se aprobó una iniciativa para crear un registro nacional de personas deudoras alimentarias, propuesta que está pendiente de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. “Sería muy importante seguir con el impulso para su aprobación”, dijo a las legisladoras.
En el resto de los casos, sobre violencia sexual y violencia familiar, la autoridad electoral envío oficios a más de 156 autoridades, pero tampoco recibió información homogénea. Esto sucedió porque una autoridad puede clasificar la información por tipo de denuncia presentada o por sentencia y dichos datos pueden estar en el Poder Judicial o en un Órgano Interno de Control.
Explicó que no tener esta información ordenada afecta a muchas áreas del Estado mexicano, no sólo a la electoral y agregó que a la fecha hay cinco entidades federativas que establecieron la “Declaración 3 de 3” como requisitos para ser postulado a un cargo de elección popular, pero falta exigirlo en la ley federal.
En caso de que este tema se lleve a una reforma legislativa, dijo, hay que tomar en cuenta que en el país existe un alto índice de impunidad, así que exigir una sentencia firme o condenatoria es casi imposible. Además, hay que interpretar el principio de presunción de inocencia con el derecho a la vida y a la integridad de las mujeres.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
