APRO/Hugo Martínez Téllez
En un fenómeno no visto en más de 60 años, el pasado domingo 11 ciudadanos cubanos tomaron masivamente las calles de las principales ciudades de la isla para protagonizar protestas masivas; en esas manifestaciones, que no han cesado, se exigen “libertad”, “comida”, medicamentos y el cese de la represión gubernamental.
La respuesta gubernamental ha consistido en reprimir las marchas y en bloquear el acceso de los ciudadanos a internet.
Las protestas se originaron por una crisis económica agudizada por el covid-19, lo que se ha traducido en escasez de alimentos, la venta de productos básicos en dólares o euros y la falta de medicamentos en medio de la pandemia; y las manifestaciones de ese hartazgo pudieron realizarse coordinadamente gracias a la comunicación de los ciudadanos vía las redes sociales.
El domingo 11 –luego de tres días de apagones– las protestas empezaron en San Antonio de los Baños –en las afueras de La Habana– con un millar de personas protestando frente a la sede del Partido Comunista. Pocas horas después las protestas se habían multiplicado por toda la isla, lo que provocó una airada respuesta del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel: “Convocamos a todos los revolucionarios y comunistas a enfrentar en las calles estas manifestaciones. No vamos a permitir que nadie manipule e imponga un plan anexionista (…) La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”.
El resultado –según el portal cubano revistaelestornudo.com que ya acuñó el término 11J para referirse a estos hechos históricos–, “ha sido el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden, cuyo saldo de heridos y muertos aún se desconoce debido al apagón de internet realizado por el régimen cubano y la inexistencia de organizaciones independientes que verifiquen las cifras en el territorio”.
“Hasta el momento”, según reportó El Estornudo el miércoles 14, “el gobierno ha reconocido la muerte de uno de los manifestantes, pero las imágenes de violencia policial, ciudadanos vestidos de civil y armados reprimiendo las protestas, tropas especiales, boinas negras y antimotines, han provocado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, gobiernos, políticos, artistas, empresas y ciudadanos”.
En efecto, el Ministerio del Interior confirmó el martes 13 la muerte, durante las protestas, de un ciudadano en el municipio de Arroyo Naranjo, aunque fuentes independientes dentro de la isla aseguran que hay más fallecidos.
Según un comunicado recogido por la Agencia Cubana de Noticias, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, murió la tarde del lunes 12 cuando “grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales (…) alteraron el orden” e intentaron dirigirse hacia una comisaría de policía “con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar las instalaciones”.
Además, grupos cubanos defensores de los derechos humanos informan que más de 200 personas han sido detenidas y se desconoce el paradero de muchas de ellas. Agentes de policía y de inteligencia también han aparecido en las casas de periodistas y activistas, ordenándoles que permanezcan allí, como publicó José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW) en el portal de esa organización.
Según la misma fuente, algunos periodistas señalan: “Han informado de golpizas policiales a manifestantes y hemos documentado múltiples casos de detenciones arbitrarias. Camila Acosta, periodista de CubaNet y el medio español ABC, fue detenida el lunes por la mañana. Ha estado incomunicada y la policía le dijo a su familia que la investigarían por ‘desacato’ y ‘desorden público’.
“Leonardo Romero Negrín, un estudiante de física que había asistido a una protesta en abril con un cartel que decía: ‘Sí al socialismo, no a la represión’, fue detenido el domingo en La Habana. Se desconoce su paradero. También han sido detenidos miembros de los movimientos San Isidro y 27N, dos coaliciones de artistas y periodistas que se han enfrentado a la represión del gobierno en los últimos meses”.
Otra de las respuestas del gobierno, de acuerdo con HRW, fue la censura de internet:
“Varias organizaciones informaron cortes de internet en todo el país ese día (el domingo 11), seguidos de conectividad errática, incluidas restricciones en las redes sociales y las plataformas de mensajería. Human Rights Watch ha intentado ponerse en contacto con periodistas y activistas de derechos humanos en Cuba, pero no lo ha logrado en muchos casos. Otros sólo han podido hablar por teléfonos fijos o eludiendo las restricciones de internet”.
Reacción oficial
Al señalar que el bloqueo de Estados Unidos “supera los deseos de desarrollo y de hacer frente a las carencias”, el gobierno de Cuba anunció el miércoles 14, según reporta la agencia Europapress, “que levantará el resto del año restricciones aduaneras que limitan la importación de medicamentos y alimentos, tres días después de movilizaciones opositoras en esta capital y otras ciudades de la isla”.
A su vez Díaz-Canel llamó, el mismo miércoles 14, a la unidad durante una emisión especial del programa Mesa Redonda e instó a hacer un análisis crítico y autocrítico de las causas de los disturbios del domingo pasado, y convocó a la paz, la concordia y el respeto entre ciudadanos.
En el mismo programa televisivo cubano, el primer ministro, Manuel Marrero, indicó que a partir del lunes próximo y hasta el 31 de diciembre se podrá ingresar al país con maletas cargadas con alimentos, material para aseo y medicamentos que cumplan las normas sanitarias establecidas, sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles, con la finalidad de aliviar la situación de desabasto que vive el país.
Presiones del exterior
El gobierno estadounidense se manifestó el domingo 11, por conducto del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien afirmó que condenará “cualquier violencia o ataque” contra los manifestantes pacíficos en Cuba, pero no fue sino hasta el lunes 12 cuando el presidente Joe Biden ofreció su apoyo “al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba”.
En el comunicado emitido por la Casa Blanca agregó: “Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital, en lugar de enriquecerse”.
Más allá de Estados Unidos, país señalado por las autoridades cubanas como responsable de las protestas, las manifestaciones masivas cubanas generaron polémicas en países de Europa y América Latina.
El gobierno español se pronunció en la mañana del lunes 12 por conducto del Ministerio de Exteriores: defendió “el derecho fundamental a manifestarse libre y pacíficamente de todos los ciudadanos” y pidió a “las autoridades cubanas que lo respeten”.
En Latinoamérica, una de las figuras más críticas fue el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien afirmó que “Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos” y agregó que “la comunidad internacional debe ayudar y debe manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país”. Consultado por los periodistas locales, elogió el coraje del pueblo cubano y dijo que “la libertad es la que mueve al individuo. Llega un momento que a uno lo pueden arrinconar, pero cuando se dan determinadas situaciones, el individuo pelea por su libertad y por la sociedad”.
Contra el bloqueo
Al conocerse en México las protestas populares que tenían lugar en territorio cubano, el lunes 12 en su conferencia mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: “Si de verdad se quiere ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, como lo solicitan la mayoría de los países (…) Eso sería un gesto humanitario. Ningún país (…) debe ser cercado, bloqueado”.
El mandatario también señaló que le “llama la atención el despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba”, en referencia a la cobertura en medios internacionales sobre las protestas.
Y López Obrador ofreció ayuda al gobierno de Cuba; aseguró que de ser necesario ofrecería apoyo humanitario “sin ninguna tendencia o sesgo político”.
“México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiere, y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales”.
Insistió en que, para apoyar a la isla, se debe “suspender el bloqueo” en su contra, e indicó que pedirá al canciller, Marcelo Ebrard, establecer un puente de comunicación entre ambas naciones.
Llamó a los gobiernos de otros países a que no intervengan y respeten la autodeterminación del pueblo cubano. “Que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica, pero que no haya intervencionismo”, sentenció.
La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba emitieron un comunicado el lunes 12 en el que señalan: “Rechazamos enérgicamente la campaña desatada en las redes sociales desde Miami que están haciendo llamamientos a la subversión interna y por otro lado solicitando una supuesta intervención humanitaria para Cuba a partir del incremento de casos de contagios por la pandemia de covid-19.
“Condenamos la manera cínica en la que elementos contrarrevolucionarios hablan de instalar un corredor humanitario, cuando apoyaron y fomentaron todas las medidas que implementó la administración Trump que recrudecieron el genocida bloqueo en medio de la pandemia, imposibilitando al gobierno cubano adquirir los medicamentos, respiradores e insumos médicos necesarios para su combate”.
“Aclaramos que la verdadera ayuda al pueblo cubano”, según el mismo comunicado, “debe empezar por el levantamiento inmediato del criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, que es el principal obstáculo para su desarrollo, permitiendo que Cuba se abastezca de todo lo necesario para mejorar las condiciones de suministros de alimentos y medicinas para su población y de los medicamentos e insumos médicos para frenar el rebrote de la covid-19”.
