Con el concepto gobernanza se suele indicar una interrelación equilibrada entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, con el objetivo de lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. Cuando la gobernanza aplica a la ciencia tiene que ver con las relaciones adecuadas, virtuosas o eficientes entre la comunidad científica, la ciudadanía, el mercado y el Estado. Por esta razón, la gobernanza de la ciencia se puede ejercer a diversos niveles: a nivel de las elecciones de las y los científicos individuales, a nivel de las organizaciones científicas que buscan financiamiento, a nivel de subcomunidades científicas divididas por disciplinas que ejercen un control sobre la práctica científica individual, a nivel de comunidades científicas nacionales/regionales/globales, a nivel de la burocracia gubernamental que asigna recursos a las investigaciones, a nivel de las y los representantes elegidos democráticamente que suelen establecer prioridades tanto presupuestarias como programáticas, a nivel de las direcciones de ciencia y tecnología de los Estados, a nivel del mercado que extrae valor de la investigación básica (muchas veces financiada por el Estado), y a nivel de la ciudadanía que promueve, apoya o se opone a ciertos tipos y objetivos de investigación.
Así, la cuestión de la gobernanza de la ciencia debe dar respuesta a un paquete amplio de preguntas: ¿quién debe financiar la ciencia y quién qué tipo de investigación?, ¿cómo se fomenta una respuesta adecuada de la ciudadanía ante la ciencia y de la ciencia ante los intereses y valores de la ciudadanía?, ¿a quién le corresponden los beneficios de los resultados de la investigación, y a quién de qué tipo de investigación?, ¿qué tipo de interrelaciones se deben incentivar entre los miembros de la comunidad científica, entre la ciudadanía y la comunidad científica, y entre esta última y el Estado?, ¿cómo se distribuye de manera adecuada y eficiente el trabajo cognitivo entre la comunidad científica?, ¿a qué investigaciones (o tipos de investigación) se les debe dar preferencia en el financiamiento?, ¿qué criterios deben usarse para evaluar los resultados científicos, y si estos deben variar dependiendo el tipo de investigación y disciplina?, ¿cómo debe configurarse la comunidad científica y qué configuraciones debemos incentivar y privilegiar?, ¿cuál debe ser el papel público de las y los expertos en problemas que conciernen a la ciudadanía en su conjunto; o a grupos específicos de la ciudadanía, sobre cuestiones donde es relevante la experticia de la comunidad científica?, ¿existen problemas o cuestiones que, por alguna razón, no deban ser investigados?, y un largo etcétera que depende en su mayoría de las respuestas específicas que demos a cada una de estas preguntas.
La política científica y su diseño, por otra parte, buscan encaminar, promover, potenciar e incentivar las mejores interacciones y los mejores arreglos institucionales para que la investigación científica cumpla con sus propósitos, los cuales podrían ser tan variados como los intereses humanos en general, e individuales en lo particular. Por ello es importante delimitar en qué sentido hablamos de “mejores” interrelaciones y arreglos. Resulta indudable que ante esta cuestión existen cuestiones morales y axiológicas ineludibles y relevantes. También existe una pléyade variopinta de cuestiones pragmáticas, algunas de interés individual, otras de interés público, y otras de urgencia tanto nacional como global. La pandemia de covid-19, por poner un ejemplo sensible y actual, nos ha hecho tener en la mira algunos de estos asuntos y reflexionar, muchas veces de manera espontánea y anárquica, sobre la manera en que la comunidad científica, el mercado, la ciudadanía y los gobiernos deberían relacionarse y bajo qué reglas. La política científica, en cuestiones de emergencia, cae bajo los reflectores, cuando habitualmente se queda en el camerino.
Con respecto a los modelos de gobernanza de la ciencia, de lo que se trata es de responder a un conjunto de preguntas relacionadas: ¿quién determina los objetivos de las ciencias?, ¿con qué medios?, y ¿de acuerdo con qué normas? Pensar en cuál modelo de gobernanza de la ciencia es el mejor en un territorio, en cuáles son sus desafíos, en cómo dicho modelo debe informar en el diseño de la política científica, etc., se han vuelto cuestiones inesquivables y de la mayor relevancia en la actualidad. El problema mayor al que nos enfrentamos es la escasa o nula reflexión que se da sobre estos temas, lejos de la discusión informal que suele darse a partir de los escándalos que de manera cotidiana nos informan los medios de comunicación.
