- El estado de Chihuahua no cumplió con la sentencia al no mantener un programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas en ese estado
- La indiferencia de buena parte de la sociedad también es uno de los factores para que la violencia contra las mujeres continue proliferando en Chihuahua y en el país
El Estado mexicano no ha implementado medidas para prevenir las desapariciones y los asesinatos de mujeres en México, como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia, dictada hace doce años, sobre tres casos de feminicidio.
En México sigue pendiente administrar e impartir justicia para las víctimas feminicidio, como lo aseguró la abogada Rosa María Álvarez González, quien fue jueza ad hoc (elegida para un asunto en particular) de la Corte IDH en el caso conocido como “Campo Algodonero”, sobre tres asesinatos de mujeres, ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.
En un foro virtual organizado este miércoles 7 de julio, por la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explicó que el estado de Chihuahua no cumplió con la sentencia al no mantener un programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua.
En la resolución de la Corte Interamericana, publicada en 2009, se pidió publicar una página electrónica donde se actualizaran los datos de todas las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993; y se pidió crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, con datos genéticos de sus familiares o recabados de los cuerpos no identificados en territorio nacional. Eso no sucedió.
Frente a esta deuda, en el foro virtual las legisladoras convocaron a expertas a establecer una agenda de trabajo para la próxima Legislatura —que comenzará funciones en septiembre próximo—. La abogada Álvarez González, por su parte, aseguró que aún se puede diseñar una política de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas. “Nunca es tarde para implementarlo, más ahora que estamos en una pandemia de feminicidios”, dijo.
Álvarez González, quien en 2020 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, explicó a las legisladoras que también falta dar seguimiento y evaluar las capacitaciones en perspectiva de género y Derechos Humanos a funcionarios públicos. “Se han dado muchísimos (cursos), pero no sabemos si funcionaron o no funcionaron ni cuál fue el efecto de tantos cursos en los que se invirtió tanto dinero, y se sigue invirtiendo”.
La abogada señaló que la indiferencia de buena parte de la sociedad también es uno de los factores para que la violencia contra las mujeres continue proliferando en Chihuahua y en todo el territorio nacional. “Sin embargo, se tiene que reconocer que gracias a la participación muy activa de las organizaciones de mujeres, lo que sucedió en su momento en Ciudad Juárez fue conocido y reprobado en todo el mundo”, dijo.
Álvarez González destacó que las movilizaciones feministas de 2020 y 2021 muestran que la violencia contra las mujeres sigue presente y se agravó con el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19. En este contexto señaló que las autoridades siguen sin cumplir con sus obligaciones constitucionales y emanadas de tratados internacionales en justicia para las mujeres.
La abogada advirtió que en México las mujeres están lejos de vivir una vida libre de violencia, de ahí la importancia de retomar el cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”, donde se condenó al Estado mexicano por su responsabilidad de no investigar con perspectiva de género tres casos de feminicidio.
Otros temas fundamentales de la sentencia que no han sido cumplidos son localizar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y asesinato de las jóvenes, dos de ellas menores de edad; y castigar a los funcionarios responsables de discriminar a las familias, responsabilizar a las víctimas de lo sucedido y hostigar y amenazar a las madres y padres que exigían justicia.
La abogada aseguró que la sentencia condenatoria contra México se basó, fundamentalmente, en la falta de prevención de los crímenes contra las mujeres. Aunque las autoridades sabían de la existencia de un patrón de violencia de género, que dejó centenares de mujeres y adolescentes asesinadas en Ciudad Juárez, no tomaron medidas de prevención para localizarlas con vida.
La actual presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Rocío Villarauz Martínez, destacó la relevancia de proponer estrategias para avanzar y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia en México, en conjunción con la sociedad civil, la academia y el Poder Judicial y recordó que en marzo de este 2021 la actual Legislatura aprobó reformar el tipo de feminicidio para ampliar sus causales y penas.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
