- Tendría un valor de mercado hasta por 250 millones de dólares
- Además de 45 mil empleos directos durante el primer año
El cannabis de uso industrial y medicinal tendría un valor de mercado hasta por 250 millones de dólares, es decir, alrededor de los 5 mil millones de pesos, por lo que representaría una buena alternativa para impulsar la economía del país, luego del impacto de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, manifestó el analista financiero Gerardo Sánchez.
Señaló que además las arcas del gobierno se verían incrementadas, pues tan sólo por el concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se generarían alrededor de 800 millones de pesos, además de 45 mil empleos directos en este negocio durante el primer año en áreas como invernaderos, extracción de aceite y fibras.
“Además de una derrama inicial de mil millones de dólares en la compra de tierras, elaborar invernaderos, bodegas y laboratorios especializados”, explicó al recalcar que la cannabis podría representar un gran impulso a la economía luego de que el 2020 y aún el actual han sido complicados para el país, al ser aún incipiente la reactivación económica a partir del inicio de la vacunación contra el covid-19 y el semáforo epidemiológico en verde. “Creo que la cannabis podría ser un gran impulso en la economía para este año”, dijo.
Desde el 2017 el uso medicinal de la mariguana en México había estado permitido, pero no regulado. Apenas en enero de 2021 entraron en vigor los lineamientos para el uso medicinal de la cannabis, donde se contempla desde la producción hasta la investigación de la planta con fines médicos.
La razón por la que México es un potencial mercado exitoso es debido a su posesión de buenas tierras y su localización geográfica, la cual, a diferencia de Canadá, puede obtener el producto todo el año sin preocuparse por los meses de siembra específicos. En México se podría tener una constante cosecha sin tener los costos de luz, calefacción y mano de obra calificada a los cuales el país norteamericano se ve obligado a pagar para poder llevar a cabo su producción.