APRO/Pedro Zamora Briseño
La Asociación Mexicana de Atención a Niños con Cáncer (AMANC) calificó como “reprobable, en todos los sentidos, la reiterada postura del gobierno federal de minimizar la problemática” del desabasto de medicamentos para menores con esa enfermedad, ya que mientras las autoridades aseguran que la situación está resuelta con las compras en el extranjero, “la realidad en los hospitales es otra”.
A través de un documento suscrito por la presidenta de esa organización en Colima, Soraya Araceli Acuña Martínez, AMANC insistió en la necesidad de que el Estado garantice atención oportuna, completa y de calidad, desde los servicios públicos de salud, a todas las niñas y niños con cáncer en el país.
Asimismo, se pronunció por “el entendimiento para eliminar las verdades a medias, evitar los apasionamientos y nos encaminemos a soluciones de fondo”.
La institución de asistencia social señaló que el Estado ha justificado las irregularidades del desabasto y el retraso de medicamentos como parte de los efectos del desmantelamiento de la complicidad entre autoridades pasadas y empresas, pero “esto es inadmisible e irresponsable a falta de denuncias penales de por medio y a la luz del incumplimiento de su obligación de atender a los pacientes”.
También consideró reprobable que en ningún momento se reconozca la participación de la sociedad civil para tratar de disminuir el desabasto, que durante todo 2020 se cuestionó sobre su veracidad y todavía hoy se duda de las consecuencias en la sobrevida de los menores.
En el primer trimestre de este año, expuso AMANC, convocados por el Programa México en Alianza con St. Jude, 11 organizaciones documentaron, con volúmenes y facturas de compra, los faltantes de metotrexato, vincristina, mercaptopurina, L-asparaginasa, dexametasona, citarabina, etoposido, ciclofosfamida, ifosfamida y doxorubicina, en diversos estados de la República.
Cuestionó: “¿De qué se trata? Por un lado, evidenciamos y cubrimos los faltantes con el apoyo de voluntarios y donantes, y por el otro, nada parece suceder y hasta se descalifica la genuina exigencia de que el gobierno cumpla el derecho a la protección a la salud. Faltaba más que no fuera legítima la defensa al derecho de la salud”.
Recordó que en marzo de 2020 la Agrupación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica (AMOHP) advertía sobre el desabasto en hospitales públicos y pedía a las autoridades no politizar el tema para atender las necesidades reales de niñas y niños con cáncer, mientras que, en octubre de ese mismo año, organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Ciudad de México anticiparon nueve meses de desabasto, que justamente es lo que se ha padecido.
Aunado a esto, refirió, en diciembre de 2020 fue anunciada la gratuidad de los hospitales adscritos a la Secretaría de Salud, que “lejos de resolver y garantizar la atención, prohibió que los servicios médicos pudieran expedir recetas para que las familias consiguieran por fuera lo que los hospitales no han podido cubrir”.
Añadió que la atención de niñas y niños requiere de estudios para confirmar el diagnóstico y una serie de servicios que no se reducen a sólo medicamentos, pues la atención debe ser integral, porque con ayuda de donaciones, las organizaciones pueden cubrir lo que los hospitales no proporcionan.
Según el documento, actualmente AMANC ha descentralizado sus acciones en la Ciudad de México, teniendo en operación 23 sedes en distintas entidades federativas y apoyando a nivel nacional a más de 3 mil 200 pacientes cada año.
En distintos momentos, destacó, esa asociación ha tratado de coadyuvar en la detección oportuna de la enfermedad, en el acceso a los tratamientos oncológicos, a la no privatización de los servicios médicos, al abasto de medicamentos y a la generación de políticas públicas en torno a esta enfermedad.
Desde 2015, dijo, ha impulsado la plataforma para el Registro Único de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, un recurso tecnológico para contar con cifras puntuales del estatus de la enfermedad en México, pero esta plataforma financiada por la Fundación Gonzalo Río Arronte IAP no ha sido adoptada aún por el gobierno federal, “situación desafortunada para solventar en cierta medida la problemática del cáncer infantil en el país”.
Del 11 de diciembre de 2019 al 11 de diciembre de 2020, AMANC hizo un ejercicio de concientización en su página web, dejando ver que a lo largo de 365 días se habrían acumulado 2 mil 190 decesos de menores de edad, causados por la detección tardía de la enfermedad, la falta de acceso oportuno a los tratamientos médicos y las complicaciones propias de la enfermedad.
De acuerdo con datos oficiales, comentó, cada 90 minutos se detecta un nuevo caso y cada cuatro horas se reporta una muerte por esta causa, acumulando una incidencia anual superior de 5 mil nuevos casos, con una tasa de sobrevida de 51%.
En el caso de Colima, AMANC informó que en 2021 se ha tenido un promedio de 23 a 38 ingresos hospitalarios por mes, nueve nuevos diagnósticos y actualmente se cuentan 29 pacientes en tratamiento activo, 23 en etapa de vigilancia y cuatro defunciones.
Indicó que, a la fecha, en la entidad ningún menor se ha quedado sin tratamiento por falta de medicamentos, y en los 18 meses de desabasto la asociación ha realizado una aportación de 1 millón 435 mil 070 pesos en gastos asistenciales que le corresponden a la Secretaría de Salud, pues el desabasto de medicamentos no es el único problema, ya que carecen de convenios con laboratorios e insumos como catéteres y agujas, por citar los más comunes.
Actualmente AMANC atiende a 56 menores (38 de Colima, 13 de Jalisco y cinco de Michoacán) con medicamentos, estudios de laboratorio, insumos o equipo hospitalario.
La organización advirtió que el cáncer es una enfermedad que desgasta emocional, sicológica y económicamente a las familias de los pacientes, pues no hay recurso que alcance para cubrir todas las necesidades que los enfermos oncopediátricos presentan, pero “hacemos lo posible por brindarles todo lo que requieran durante el proceso de la enfermedad, de acuerdo con nuestra capacidad económica. La situación actual precisa que se generen acciones puntuales permanentes para no dejar a ningún menor de edad sin medicamentos”.