MÉRIDA, Yuc., (apro).- La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal insistió hoy en su exigencia al gobierno federal para que cancele en definitiva el proyecto del “mal llamado” Tren Maya y que los 170 mil millones de pesos que le tiene destinados los reoriente a la atención de la pandemia.
“El presupuesto destinado a turismo y al mal llamado Tren Maya tuvo un incremento del 700% en comparación con el 2020, mientras que el sector Salud tuvo un incremento del 9.1%”, señaló.
“Así de lamentable es la austeridad republicana que limita el acceso a la salud como un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional, pero da rienda suelta con el presupuesto en beneficio de empresas y consorcios que construyen su tren al que le han mal llamado maya”, recalcó.
En su nuevo posicionamiento, exigió al gobierno federal y Fonatur transparentar la información y cesar en sus engaños a las comunidades para manipularlas con “una falsa idea de justicia social y bienestar”, porque “los 19 polos de desarrollo que se tienen programados no incluyen la participación de las comunidades mayas más que para despojarlos de sus tierras”.
Y reprochó que el proyecto generó especulación inmobiliaria que ha derivado en conflictos ejidales y en amenazas a quienes se oponen a la venta de la totalidad de sus ejidos, como ocurre en Chun, municipio de Umán, en esta entidad.
Señaló también que en la ruta del tren se han encontrado hasta ahora más 10 mil vestigios arqueológicos y reclamó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) su opacidad en el manejo de las piezas halladas en los cinco tramos del proyecto.
Equiparó la situación con el auto de fe que fray Diego de Landa perpetró en la localidad de Maní en el siglo XVI cuando ordenó la destrucción de artículos sagrados del pueblo maya.
“Este manejo poco transparente del destino de las piezas que nos han dejado nuestros antepasados, nos recuerda la quema y destrucción de más de 5 mil piezas pertenecientes a nuestra cultura ocurrido en el convento de Maní en el año de 1562, como castigo a los mayas rebeldes que no aceptaron al nuevo Dios”, comparó.
“El despojo y la destrucción continúa ahora con un tren que nosotros, los mayas, no solicitamos, por lo tanto, no lo aceptamos. La historia se repite y el despojo que lleva más de 500 años solo se moderniza”, acusó.
Asimismo, denunció amenazas directas contra los miembros del Colectivo Tres Barrios, integrado por familias de las colonias tradicionales Santa Lucía, Camino Real y La Ermita de la ciudad de Campeche que se resisten a aceptar la “relocalización consensuada” para despejar la ruta del tren, cuyas obras tienen paralizadas debido a una serie de juicios de amparo que promovieron para defenderse del desalojo forzado.
De dichas amenazas responsabilizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
También acusó a ONU-Hábitat de prestarse a los atropellos.
ONU-Hábitat, dijeron, “ha sido contratada por el Fonatur para hacer el trabajo sucio a favor del mal llamado Tren Maya, por la cantidad de 5 millones de dólares. Condenable el vergonzoso actuar de esta oficina internacional al servicio del capitalismo y de las empresas, que se mueve al ritmo de los dólares que les pagan para hacer su “trabajo humanitario de despojo”.
Además, denunció “la cooptación” del Fonatur a grupos y organizaciones dedicadas al turismo comunitario para “arraigar la idea de desarrollo” y ganar la aceptación del proyecto.
Al respecto, expuso que el pasado 17 de junio se firmó en Temozón, Yucatán, la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario (APTC) entre el gobierno federal y 24 cooperativas, cuyos representantes firmaron “de buena fe” porque no entendieron el convenio, solo que podrán vender sus artesanías en las estaciones del tren.
“Como puede verse en la página web de la Alianza, las instituciones involucradas en este monumental engaño a las comunidades mayas son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady)”, acusaron.
A López Obrador, “presidente de este doloroso e injusto país llamado México, quien ha repetido en múltiples ocasiones en su ejercicio de adoctrinamiento masivo que llama ‘mañanera’, que nadie puede estar sobre la ley ni el estado de derecho en este país”, le recordó que “él tampoco”.
Y en ese sentido, resaltó que “el mal llamado Tren Maya” avanza “por encima de la legalidad”, pues a pesar de las suspensiones judiciales los trabajos no se detuvieron.
Lo anterior, dijo, “evidencia un desafío frontal de Fonatur y el gobierno federal a las determinaciones del Poder Judicial Federal”.
Sostuvo que “desde la perspectiva de los derechos de los pueblos, nuevamente se parte de un esquema tutelar en donde el gobierno federal sin consultar ni dialogar con los pueblos impone esquemas y modalidades de comercio con el aval de instituciones internacionales que legitiman este actuar”.
Por todo lo anterior, exigió otra vez al gobierno federal que respete el territorio de los pueblos mayas y sus recursos naturales.
“Que no continúe la destrucción de las selvas desplazando animales de su hábitat con el pretexto de desarrollar el sur del país, un falso desarrollo que nos quieren vender como bienestar y justicia social, pero que solo traerá destrucción y más pobreza en las comunidades mayas”, pidió.
Reclamó que el megaproyecto obradorista requiere grandes cantidades de tierras ejidales por las que utiliza “la estrategia de dividir y enfrentar a los ejidatarios entre sí, para facilitar el despojo legal”.
También demandó al INAH que transparente los hallazgos de patrimonio arqueológico en la ruta del tren y que las piezas recuperadas se regresen a las comunidades mayas, sus “dueños y herederos legítimos” para su conservación.
Además, exigió al gobierno federal y al Fonatur que cesen las agresiones y amenazas a los colectivos y personas inconformes con el proyecto o que se resisten a la “relocalización consensuada”.
De igual manera responsabilizaron a al gobierno federal, ONU-Hábitat, a Fonatur y las empresas contratadas para negociar el pago de los terrenos, como Barrientos y Asociados S.A de C.V., “de las agresiones y amenazas que sufren las comunidades donde existe resistencia a la construcción del mal llamado tren maya”.
