Millonada, todavía no va se cumple la mitad del año, todavía no acaba la Madre de Todas las Elecciones y el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes ya ha multado a los candidatos y partidos políticos por más de 3.5 millones, en un estupendo trabajo de Claudia Rodríguez Loera en el que consultó los estrados para informarnos sobre quién es quién en materia de sanciones económicas.
Las multas suman la cantidad de 3 millones 584 mil 890 pesos con 99 centavos, y son tres candidatos quienes ocupan los primeros lugares por la cantidad que fueron sancionados, el candidato dos veces perdedor de la alcaldía capitalina, Arturo Ávila Anaya, quien tiene una deuda por 72 mil 592 pesos; el candidato que ganó Cosío con la marca del Verde Ecologista, Enrique Delgado Esparza, quien debe 18 mil 820 pesos; y la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia que buscó ser diputada en el Distrito III, Flavia Narváez Martínez, quien tendrá que pagar 8 mil 962 pesos; los detalles de los motivos de las multas los puede leer en la nota de Claudia Rodríguez Loera, quien además destacó que el TEEA emitió ya dos procedimientos especiales sancionadores por violencia política en razón de género, uno para Sebastián Martínez González y Gustavo Chávez Ortiz, quienes fueron multados por 4 mil 481 pesos; y la segunda sanción fue contra Juan Antonio Gutiérrez Almaguer, Saúl Martínez Pérez y José Antonio Arámbula López del Partido Acción Nacional, quienes deberán pagar una multa, también, de 4 mil 481 pesos.
Omisiones. Las omisiones importan y cuestan, eso lo dejó claro ayer el Pleno de la magistratura del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes al dictar sanciones por violencia política de género de parte de los panistas Antonio Arámbula, Juan Antonio Gutiérrez Almaguer y Saúl Martínez Pérez, contra la candidata a presidenta municipal de Jesús María por Morena, Karla Espinoza, por descalificaciones en su contra con comentarios machistas y francamente hasta misóginos al discriminarla por ser mujer y dañar su reputación y su imagen como candidata. El Tribunal determinó que aunque Antonio Arámbula pudo haber frenado los denuestos no lo hizo, fue omiso, se hizo pato, pues, y permitió que sus compañeros de partido agredieran a la candidata, lo mismo que el PAN, que a cargo de Gustavo Báez, no repudió los dichos de Juan Antonio Gutiérrez y Saúl Martínez, quienes sin ningún miramiento fueron capaces de colocar en una situación de vulnerabilidad a Karla Espinoza, en medio de una contienda electoral nacional sumamente violenta para todos los actores políticos, y en la cual ocurrieron 21 asesinatos contra mujeres que participaban en campañas, con declaraciones gravísimas. Porque la ignorancia es peligrosa, estos 4 hombres, Antonio Arámbula, Gustavo Báez, Juan Antonio Gutiérrez y Saúl Martínez refuerzan el mensaje que la violencia les transmite a las mujeres: no participen de la vida pública del país, lo que coarta los derechos políticos y electorales de todas las que en algún momento deciden involucrarse. Nada sorprende si al final observamos que es el PAN el que violenta de manera institucional la vida de todas al omitir y con eso frenar el avance de los derechos humanos desde los Congresos o en los gobiernos con políticas públicas que van en retroceso de una vida libre de violencia, que entre el conservadurismo y el involucramiento de entes religiosos se empeñan en obstaculizar que las mujeres tengan una vida plena. Ya lo hemos dejado sentado en este editorial, ni siquiera en el PAN las mujeres toman decisiones, se observan pocas que han destacado por su labor, pero al final, opacadas por las figuras masculinas que a todas luces y sin pudor les dictan cómo se debe hacer política, reproduciendo al final las mismas violencias institucionales para todas las mujeres del estado. El caso claro está en el Congreso de la Paridad, que con mayoría panista se empeña en trabajar para sus propios intereses sin atender las necesidades de la población más vulnerable del estado, como ayer, en la sesión que aprueban una reforma para proteger los derechos de la niñez que consiste en que “en caso de que se identifiquen alteraciones de las conductas o indicios de la existencia de trastornos mentales y del comportamiento se deberá prestar atención inmediata de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable”, si esto se trata de que la atención que ofrece el sector Salud a los menores es deficiente, pues no vimos que hicieran un llamado al titular Miguel Ángel Piza, pero si le invirtieron tiempo, esfuerzo y una sesión a dejar en papel lo que en la práctica no se cumple, pues no tiene sentido. Pero esta es la Comisión de la Familia que encabeza la panista Paloma Amézquita, la misma que permitió iniciativas inconstitucionales contra los derechos humanos y que omite a rajatabla a la comunidad LBGT+. Por eso insistimos, las omisiones importan y cuestan, y en el PAN son expertos.
La violencia es un tema que no vamos a poder soltar por sus consecuencias en las elecciones, de las que ayer se nos informó gracias al trabajo realizado por los Observadores electorales, quienes presentaron un informe ante el INE, del que destacamos que Alianza Cívica Nuevo León A.C. estudió la percepción respecto a la injerencia del crimen organizado en las campañas electorales y comprobó un aumento en relación con la pasada elección al pasar de 28 a 42%; o que al interior de los partidos políticos se han desarrollado formas sutiles o más sofisticadas de mantener fuera de la jugada a las mujeres, relegándolas de las candidaturas o de plano discriminándolas, en la reunión entre los consejeros del INE y organizaciones que contaron con el respaldo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 (FAOE), administrado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH), se presentaron otras conclusiones, buenas, como la confianza que la ciudadanía tiene en el instituto que preside Lorenzo Córdova y lo bien que funcionarios los protocolos sanitarios… pero, las áreas de oportunidad son más, no sólo la violencia política en razón de género, también las trampas detectadas por parte de los partidos políticos y verificadas por los observadores electorales, como la presencia de casas de compra de votos, acarreo de ciudadanos, es decir, se mantienen las prácticas clientelares y el abuso de la confianza de los electores. Lamentable.
Nueva queja, organizaciones de la sociedad civil organizada, en defensa de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ presentarán una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en contra del presidente del Frente Nacional Antiderechos local, por sus dichos en contra de las llamadas cuotas arcoíris y de otros grupos considerados vulnerables, por lo que podría repetirse la historia del 2015 por aquellas desafortunadas manifestaciones del obispo José María de la Torre Martín (QEPD), quien se vio obligado a emitir una disculpa pública a la comunidad de la diversidad sexual luego de una denuncia ante el mencionado Consejo por declaraciones mediáticas que se consideraron como discriminatorias. La noticia de la denuncia y la amonestación fue entonces noticia nacional.
A ciegas. Gracias a nuestro compañero Gabriel Soriano, nos dimos cuenta que sí, es el fiscal general Jesús Figueroa el que con su dedito designa o remueve a las titulares del Centro de Justicia para las Mujeres, según la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en su artículo 87, ahora que salió a Blanca Estela López y designó a Érica Liliana Padilla, que fue presentada en un video producción de la Fiscalía, que no dice nada más que recorrieron el edificio, pero no se plantean ni si hubo entrega-recepción ni los pendientes ni el plan de trabajo de Érica Liliana Padilla, que suponemos al menos sí debe traer bajo el brazo como para que Jesús Figueroa la impusiera como coordinadora. Porque bien vale la pena saber los criterios de selección, en el boletín de prensa de la Fiscalía exponen su currículum, una Maestría en Desarrollo de Capital Humano, por la UAA y el Doctorado en Gobierno y Administración Pública, por parte de la Escuela Libre en Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, así como su trabajo en esta administración gubernamental en el DIF Estatal. Y tanto se vale cuestionar la selección porque Érica Padilla sería la quinta mujer al frente del Centro en este periodo, lo que deja ver que a lo mejor el criterio no es el correcto, tal vez quien pudiera incidir y hacer observaciones en la forma de designación sería la comisión de Igualdad y Género, a cargo de la panista Mónica Jiménez, o la de Justicia, que preside Alejandro González, pero pues… ya se van, qué les va a andar importando.
La del estribo. A confesión de parte, relevo de pruebas, así se refirió Gustavo Báez sobre la Legislatura de la que él forma parte: “Yo creo que históricamente una de las Legislaturas más pobres para el estado de Aguascalientes. Con menos debates, con atropellos y donde la Suprema Corte nos avasalló y nos dijo qué teníamos que hacer. Le quedamos a deber muchísimo a Aguascalientes”, por supuesto, quedaron a deber… nos leemos el lunes, con mejor ánimo que hoy.
@PurisimaGrilla
