APRO / María Teresa Montaño
La mañana del miércoles 9 los habitantes de este municipio del sur del Estado de México explotaron en cuetes, bandas y calles abarrotadas ante la increíble noticia de que el candidato Rigoberto López Rivera, de la coalición Va por el Estado de México (PRI-PAN-PRD), había ganado las elecciones tras una voltereta inusitada de resultados, después de haber sido forzado a abandonar la contienda entre el 7 y el 21 de mayo.
Se trató de un triunfo que la mayoría de los tejupilquenses interpretó como una auténtica “revuelta ciudadana” contra el crimen organizado que controla esta región. Aunque las razones del triunfo pudieran ser otras…
La noche del domingo de las elecciones, después del cierre de casillas en Tejupilco, varios grupos de personas recorrieron algunas de las secciones más importantes donde se esperaba la votación más copiosa del Distrito 36 local, con cabecera en esta localidad; secuestraron a funcionarios de casilla y representantes de las mesas directivas, los concentraron en locales y los alimentaron. Mientras tanto, estos grupos tomaron el control de la votación.
Algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) recibieron un trato decoroso durante el rapto –tenían que firmar las actas–, pero otros simplemente fueron echados de los puestos de votación bajo amenazas.
“En esas dos horas se voltea la indicación de hacia dónde va el voto y eso permitió que el candidato de la coalición ganara la votación en ese municipio. Hubo un cambio de instrucción”, indicó un representante del partido, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad.
Para el jueves 10, la victoria de Rigoberto López era definitiva, además de sorpresiva. Más tarde, el resultado fue confirmado por la junta municipal del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con un triunfo incuestionable sobre el candidato de Morena, Antonhy Domínguez, cuya propaganda desde principios de mayo, a la par de la extraña desaparición de su contrincante, fue impuesta a los más de mil 100 taxistas que operan en esta región montañosa.
De acuerdo con testimonios, los grupos delictivos que controlan la zona les habían impuesto desde principios de mayo los pegotes, cachuchas, impresos y otros materiales propagandísticos, como moneda de tránsito de las hipervigiladas carreteras y caminos de esta región, donde los ranchos resguardan la operación de laboratorios de narcóticos que suministran drogas a las grandes zonas metropolitanas del centro del país, y donde se ha impuesto un control absoluto en casi todas las actividades comerciales, algo que popularmente es conocido como el “pago de aranceles” y que cobra La Familia Michoacana.
La mano del narco
Al menos dos facciones de La Familia Michoacana que controlan alrededor de 10 municipios del sur mexiquense, bajo la mano de El Pez y La Fresa, lanzaron por primera vez y de manera coordinada con líderes locales de diversos partidos una estrategia político-electoral combinada con tácticas criminales para imponer candidatos.
Lo anterior incluyó el amedrentamiento de comunidades completas, el control de la propaganda, relleno de urnas, rapto de funcionarios y representantes de casillas e, incluso, “volantazos” de último momento que terminaron por inclinar la balanza para un candidato u otro, como habría ocurrido en Tejupilco.
Testimonios de personas vinculadas a los partidos integrantes de la alianza Va Por el Estado de México, dirigencias y organizaciones, además de ciudadanos que participaron directa o indirectamente en la contienda del pasado domingo 6 –desde distintos bandos y actividades–, confirmaron que no sólo se trató de una de las elecciones más violentas en la entidad mexiquense, con 280 denuncias al cierre de la jornada de las votaciones, sino una donde particularmente el crimen organizado abiertamente jugó sus cartas.
En Tejupilco el candidato del PRI, Rigoberto López, fue “levantado” y forzado a dejar la campaña dos semanas completas, pero no fue el único: en Valle de Bravo la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Sudikey Rodríguez, fue raptada e intimidada para abandonar la contienda, lo que tuvo un efecto inmediato, pues dejó de hacer campaña prácticamente dos semanas.
Fuentes cercanas a la alianza PRI-PAN-PRD aseguraron que la inactividad de la candidata durante la campaña tuvo un efecto demoledor, ya que la diferencia de votos respecto de su contrincante fue de sólo 300 sufragios, algo que, de acuerdo con un abogado electoral consultado, pudo hacerse valer fácilmente en el tribunal electoral como una causal ineludible para anular los comicios en Valle de Bravo, donde se levantó con el triunfo la candidata de Morena, Michelle Núñez.
“Hubiera sido muy sencillo echar abajo esa elección si se demuestra que la candidata había estado secuestrada”, aseguró.
Agresiones
Otra estrategia del crimen organizado que operó en la “región caliente” del Estado de México durante el proceso para renovar el Congreso local y los 125 ayuntamientos fue la regionalización de las campañas por parte del crimen organizado, es decir, que a los aspirantes se les informó por diversas vías, canales de comunicación de los grupos criminales, “dónde sí y dónde no podían hacer campaña”; en tanto que a las comunidades, a la gente común –la mayoría campesinos–, el “Poder Supremo”, como se le conoce en la región a La Familia Michoacana, les hizo saber con anticipación el sentido de la votación.
Hacia la parte que colinda con Morelos, la candidata del PRD, Vanessa Linares, fue asaltada en dos ocasiones durante la campaña. Los avisos fueron claros –además de que le propinaron salvajes golpizas a sus colaboradores y levantaron a uno de ellos–: le ordenaron bajarse de la campaña porque el que iba a ganar era cierto candidato.
Para asegurarse este triunfo en Ocuilan, el crimen organizado que controla la zona y la actividad forestal estuvo patrullando los caminos y las distintas rutas de acceso a las casillas, impidiendo o bloqueando el paso sobre todo en algunas rancherías y comunidades pequeñas donde tenían ubicados a los simpatizantes de Linares.
“Anduvieron armados todo el tiempo en el municipio, con un tipo de armamento militar y distintivos ajenos a los oficiales porque ya traen uniformes”, dicen fuentes que participaron en el proceso electoral de esa región sureña.
Los uniformes que portan los contingentes que controlan esa zona limítrofe con Morelos son similares a los que utiliza el Ejército Mexicano, pero en lugar de portar los emblemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, lucen el parche de una “fresa”, pues así se conoce al líder de La Familia Michoacana que controla la zona, por lo cual a los grupos armados de este reducto se le denominan Los fresas.
En Amanalco, municipio ubicado en la ruta del sur, se reportó el levantón de una presidenta de mesa directiva de casilla; en Luvianos, también Tierra Caliente, una candidata a regidora está desaparecida junto con su hijo menor.
Grupos de choque
El día de las elecciones también se reportaron incidentes en las zonas que componen el Valle de México. Grupos de choque integrados por encapuchados ingresaron a casillas en diversos municipios metropolitanos robando urnas, amedrentando a la gente y causando destrozos.
En Metepec, por ejemplo, se reportaron al menos tres incidentes violentos en las inmediaciones del Tecnológico Regional, en el centro del Pueblo Mágico y en la colonia Adolfo López Mateos, donde sujetos causaron destrozos y pánico, de acuerdo con los representantes de partidos.
Otros casos fueron denunciados en Chimalhuacán e Ixtapaluca, donde grupos de choque de la organización Antorcha Popular obstaculizaron, intimidaron y persiguieron durante toda la campaña a los candidatos de Morena, aunque particularmente se ensañaron con la aspirante Xóchitl Flores, quien sufrió violencia política de género de manera continua.
En Nextlalpan los grupos de choque de organizaciones políticas que controlan la zona y de caciques destruyeron más de 70% de las urnas y se las robaron, por lo que fue imposible rehacer la elección y habrá que repetirla.
También se reportaron incidentes violentos en Nezahualcóyotl –donde hubo al menos dos personas baleadas en días previos a la jornada–,Tecámac, Ecatepec, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Mientras que la compra masiva de votos también en el oriente del territorio y municipios del Valle de Toluca se combinó con acciones orientadas a causar miedo entre el electorado.
Pese a los incidentes violentos, se reportó una participación cercana al 55%, aunque en total los partidos registraron al menos 280 denuncias por violencia electoral.
Como resultados de las elecciones de violencia en el Estado de México, la alianza PRI-PAN-PRD logró reposicionarse en 50 municipios y el PRI sólo obtuvo al menos 20 ayuntamientos más; en tanto que Morena perdió 37 alcaldías que ya gobierna y que ganó en 2018, y ganó 30.
Autoridades blandas
De acuerdo con Adán Gordo, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), si bien los partidos políticos y coaliciones reportaron incidentes de violencia en la “mesa política” que instaló la Secretaría General de Gobierno y el IEEM, estas nunca tuvieron una atención efectiva.
También comentó que las autoridades del IEEM, al frente de la nueva consejera provisional, Daniella Durán Ceja, han sido poco efectivas en la atención de las quejas.
Consideró que a la presidenta le faltó contundencia y energía para atender y resolver las distintas denuncias en el contexto del proceso electoral.
Otras fuentes consultadas que pidieron anonimato y son cercanas a las dirigencias partidistas consideraron que lo ocurrido en municipios como Tejupilco, Valle de Bravo y Luvianos evidencian que el Estado de México ha entrado en esquemas de “autogobiernos” implantados por un crimen organizado, principalmente hacia el sur del estado.
Los ciudadanos de estos lugares no sólo coinciden con los señalamientos, lo sufren cotidianamente.
En Tejupilco, de acuerdo con habitantes de la zona, “se pagan aranceles por casi todo”; asegura que el crimen organizado se ha ensañado en el último año con las pollerías y recauderías, con controles que se extienden desde el sur hasta municipios del Valle de Toluca, donde impone y controla precios, pero también el abasto.
También cobran derecho de piso a otro tipo de negocios y empresas, incluyendo más recientemente a farmacias y operadoras de venta de materiales de construcción, abarrotes, tiendas de venta de bebidas alcohólicas y hasta pequeñas tiendas.
