López Obrador ha sido desde el momento en que fue reconocido como presidente electo un defensor del poder ejecutivo. Para él, los anteriores presidentes no ejercieron el poder a plenitud, estuvieron sometidos a los empresarios, a los medios de comunicación, a mandatarios extranjeros, principalmente de los Estados Unidos e incluso acusa que en el pasado “se permitió la creación de grupos que crecieron al amparo del poder…”.
Es muy probable que la mayoría estemos de acuerdo con varias o todas esas conclusiones, como también lo estamos en lo que se refiere al gran problema de la corrupción del pasado. López Obrador ha tenido éxito porque tiene un buen análisis de la problemática del país, sobre todo del sentir popular sobre esos problemas.
Por todos esos motivos es que los mexicanos depositaron en él, la esperanza de que todo eso se iba a terminar. Ya no habría inseguridad en un año, luego pidió seis meses adicionales y después ya se olvidó de ponerle tiempo de cumplimiento y la corrupción se acabaría solamente por el hecho de que él fuera presidente.
La realidad a tres años de haber ganado las elecciones ha sido la contraria a sus promesas. Sigue habiendo corrupción en su gobierno, tiene funcionarios corruptos trabajando para él, y no hay una política de Estado para atacar el problema, empezando por la designación de un fiscal carnal al frente de la Fiscalía General de la República, lo que de entrada rompió con el propósito de autonomía de gestión y después con la injerencia reiterada del jefe del Ejecutivo en el Poder Judicial de la Federación.
En la medición correspondiente a 2020 de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, México ocupa el sitio 124 de 180 naciones. Obtuvimos una calificación de 31 puntos sobre 100, cuando lo ideal es estar por encima de 50 y la media mundial es de 43. Estos datos contrastan con la presunción de que tenemos el mejor presidente del mundo y el más honesto. 44% de los ciudadanos perciben un incremento en la corrupción en México y un 34% admitieron haber pagado algún soborno a algún funcionario público. Dinamarca alcanzó el primer lugar con 88 puntos, mientras que Sudán del Sur es el peor con 12, no muy lejos de Venezuela que tuvo 15.
El estudio de Transparencia Internacional considera aspectos como la corrupción que conlleva la crisis sanitaria actual y México no es de los mejores sobre todo por haber clasificado como confidenciales los acuerdos y contratos de nuestro gobierno con Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y Cansino.
Sin embargo, para lavarse las manos como Poncio Pilatos, el presidente promueve una consulta pública que costará 528 millones de pesos para preguntarle al “pueblo” si quiere que se enjuicie a los expresidentes, cuando es su obligación perseguir cualquier delito de cualquier ciudadano siempre y cuando se apegue al marco jurídico vigente “… tampoco me puedo quedar callado, hacer como que no me entero y, peor aún, convertirme en tapadera. ¿Cómo queda el Presidente, la investidura, la institución? Se debilita” decía en septiembre de 2020 en ese mismo afán de mantener la dignidad del cargo que ocupa. Pero ahora dice que “no voy a votar porque se enjuicie a los expresidentes, pero tampoco voy a pasar a la historia como tapadera, como alcahuete”. O sea que no está dispuesto a cumplir con su mandato, con la ley, o no puede hacerlo y le echa la bolita a la gente.
El honesto presidente que dijo en octubre de 2018 “… yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos”, y que para demostrarlo acusa con aparente valentía casi a diario a periodistas y empresarios, a la clase media “aspiracionista” que no le dio su voto a Morena y a los “fifís” que para desilusión de muchos ya dijo que al menos deben tener 500 millones de dólares, es el mismo que no ha tenido el valor de mencionar por su nombre a los verdaderos enemigos de México, a los líderes del crimen organizado.
Para el crimen organizado hay abrazos, no balazos, hay liberación de Ovidio, hay visita y saludo personal a la mamá del Chapo Guzmán, liberación del General Cienfuegos sin mayor explicación y el reconocimiento de que se portaron bien durante el día de la jornada electoral, aún cuando de acuerdo al Quinto Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellekt, del 7 de septiembre al 31 de mayo pasado, 90 aspirantes, candidatos y políticos fueron asesinados durante el proceso y se reportaron unas 693 agresiones como secuestros y agresiones que sin duda influyeron en el resultado electoral de muchos distritos y gubernaturas ganadas por morena y muy probablemente de otros partidos también.
Por ese motivo, Silviano Aureoles, gobernador de Michoacán, acudió a Palacio Nacional a entregar pruebas documentales y videos, “información muy delicada, de mucho riesgo” de la participación del narco en las elecciones de ese estado, pero no fue recibido por el presidente. Se trata de un gobernador electo constitucionalmente que también tiene un mandato popular, pero el presidente no quiso recibirlo. A ese nivel llega la preocupación de López Obrador por enterarse de la situación del crimen organizado en México “hay que respetar la investidura presidencial” volvió a decir el experto en pretextos.
El primero de agosto se celebrará la consulta para conocer la opinión del “pueblo” sobre los expresidentes, no hubiera estado mal que se incluyera al actual, finalmente ¿cuál es la diferencia entre aquellos y éste? Finalmente todo parece indicar que seguiremos igual o peor en temas de corrupción y narcopoder.
El punto es: ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué reformas legales le vamos a exigir a los nuevos diputados federales para que nos garanticen que ningún servidor público, empezando por el propio presidente, no se hagan de la vista gorda cuando los ciudadanos o gobernantes les presenten pruebas de colusión y corrupción? ¿Cómo van a impedir que el poder esté supeditado ya no a los empresarios o medios de comunicación, sino a los narcos? Ese es el tema que debería preocuparnos, no una consulta para ver si cumple López Obrador con su obligación o no.
