Ifigenia Martínez y Porfirio Muñóz Ledo presentaron ayer el decálogo del “Movimiento por la República” que busca evitar la centralización del poder y garantizar la división de poderes, así como el respeto a la Constitución. Se suman a una ya muy larga lista de notables como el entonces secretario de Hacienda Carlos Urzúa, que han decidido bajarse del tren de la 4T porque no están de acuerdo con las formas, los objetivos y los escasos resultados del gobierno de López Obrador.
Estamos a 3 semanas de la elección más importante de la historia moderna de México. La que definirá si recuperamos la vía institucional, el estado de derecho y mantenemos nuestra joven y delicada democracia o si le damos paso a un sistema antiguo de poder a un solo hombre autoritario que desprecia las leyes, las instituciones y la democracia. Estamos ante el peligro de perder nuestra libertad y de terminar de entregar totalmente el país a López Obrador para que haga lo que se le venga en gana.
Por esto ya ayer el Partido Redes Progresistas que dirige el yerno de Elba Esther Gordillo rompió con Morena y público en redes sociales un video en el que llegan a señalar que “se les está cayendo el país a pedazos” y por otra parte, diversos candidatos renuncian para sumarse a las campañas del PRI o la alianza Va por México, entre las que sobresale el anuncio de Eduardo Bours candidato de Movimiento Ciudadano en Sonora para sumarse al candidato a gobernador Ernesto Gandara para fortalecerlo ante el exsecretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, candidato de Morena.
Si bien, en 2018 la gran mayoría de la población no estaba de acuerdo con muchas cosas que hicieron los gobiernos anteriores, estaban molestos con los políticos por sus actos de corrupción; tampoco estaban satisfechos con los resultados económicos porque aún cuando crecíamos a tasas superiores a 2.5% promedio necesitábamos más y sabíamos que teníamos la capacidad de hacerlo y además había una brecha cada vez más grande entre muy ricos y muy pobres, aunque hubo buenos resultados en el combate a la pobreza extrema; el rechazo ciudadano a esos gobiernos y políticos creció también por la inseguridad que crecía de manera incontrolable, cada vez más muertes y violencia en las calles, cada vez más inseguridad para mujeres y niños; todos queríamos mejores servicios en hospitales, transporte y movilidad, no teníamos servicios públicos eficientes y sabíamos que podíamos tenerlos.
Por supuesto que había mucho que mejorar y por eso ganó López Obrador, porque los gobiernos del PRI y del PAN no pudieron satisfacer esas demandas. Y entonces muchos pensaron que habíamos tenido los peores gobiernos posibles, pensaron que no perderíamos nada si se apostaba por una opción contraria a todo eso, una totalmente opuesta, se pensaba que no podríamos estar peor.
Pero el resultado ha sido desastroso. No solamente no ha logrado el gobierno de Morena arreglar ningún problema, sino que ha empeorado la situación en todos los rubros y además ha creado nuevos y más graves aún.
No ha habido una política pública de combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción creado en el anterior sexenio fue pervertido al permitir que López Obrador designara un fiscal “carnal”. El que había criticado que Peña Nieto quisiera designar a un abogado amigo nombró al suyo y ahora lo tiene como empleado en una fiscalía que fue diseñada para ser autónoma e independiente. Gertz Manero demostró hace unas semanas que está al servicio del presidente al ordenar investigaciones a los candidatos del PRI y MC en Nuevo León, justo en medio del proceso electoral para ver si se puede rescatar a la candidata de Morena. Tampoco han metido a la cárcel a Peña Nieto, Lozoya sigue en su casa, lo de Rosario Robles parece más bien una venganza personal y los acusados desde el púlpito presidencial siguen en libertad.
En el ámbito económico las noticias son malas en su mayoría. El primer año del gobierno registró una caída en el crecimiento de menos 0.1%. En 2020 la economía se hundió un 8.5% en parte por el freno que se impuso para contener la pandemia, pero mucho también por la política anti empresarial del gobierno. No apoyaron a pequeños y medianos empresarios a hacer frente a la pandemia. 94% de los negocios manifestaron no haber recibido ningún apoyo, pero en cambio si les cobraron todos los impuestos.
De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto del Covid-19 en las Empresas, esto significó la quiebra de más de 1 millones de negocios. Si consideramos que en promedio en estos trabajan al menos 4 personas, estamos hablando de un impacto de 4 millones de personas que perdieron su empleo, debieron buscar otro o auto emplearse. Hoy la falta de apoyos del gobierno puede medirse en función del porcentaje de crecimiento económico que está observando Estados Unidos que en el primer trimestre de 2021 registró un 1.6% mientras que México apenas un 0.44%. Los niveles de crecimiento económico tardarán en regresar al menos 4 años de acuerdo con diversos análisis.
En materia de seguridad el Inegi reportó mediante la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que el 66.4% de los habitantes de las ciudades se sienten inseguros en las calles y que la mitad de la población considera que este fenómeno seguirá igual o empeorará. En lo que va de este gobierno las víctimas de homicidio doloso están por alcanzar las 77 mil, un promedio de 97 casos diarios considerando información del Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En cuanto a servicios de salud y transporte no hacen falta cifras, los niños y mujeres embarazadas sin medicamentos, la falta de atención médica por haber quitado el seguro popular, la nefasto y criminal gestión de la pandemia, los dos accidentes de la línea 12 del metro, los asaltos en transporte público, las fallas en el servicio de energía eléctrica y distribución de gas y gasolinas, son sólo ejemplos de la ineptitud de los funcionarios del actual gobierno. Apenas ayer el presidente pidió disculpas a los familiares de los heridos y fallecidos del accidente de la línea 12 del metro, antes tuvo que atender un festival del día de las madres en Palacio, ir a jugar beisbol, para entonces tener tiempo de pedirle perdón a los mayas, quienes que no se lo aceptaron, y a la comunidad China por la masacre en Torreón ocurrida en 1911, claro, hay prioridades.
Pero lo peor es que a pesar de estos malos resultados, quiere López Obrador acabar con las instituciones autónomas que regulan el poder presidencial y garantizan a los ciudadanos transparencia, quiere experimentar alargar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si también le pega a él extender su mandato y quedarse con todo el poder concentrado en él mismo.
Se encienden las alarmas en Palacio Nacional y no por los retos lanzados por Diego Fernández de Cevallos al presidente para que presente una denuncia formal contra él en lugar de estarlo acusando sin sustento, tampoco porque dos jueces federales suspendieron de manera definitiva la inconstitucional reforma a la Ley de Hidrocarburos, sino porque comienza a llegarles información de que no alcanzarán la mayoría en la Cámara de Diputados y que tampoco alcanzarán la victoria en la mayoría de las elecciones de gobernador como habían pensado. La verdad los alcanza y rebasa la propaganda. Los ciudadanos van a votar por aquellos que tampoco les gustaban, pero al menos no atentaban contra la libertad y la democracia. Van a votar por los que a pesar de tanta corrupción costaban menos que los supuestos honestos de ahora con 10% de capacidad.
