APRO/Juan Omar Fierro
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la concentración de los amparos contra el rediseño del espacio aéreo –correspondiente al Valle de México– en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que analiza las decenas de demandas de amparo que intentaron frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AIFA) y que invalidó las suspensiones que se habían otorgado contra la obra.
La determinación tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprovechando una de las atribuciones que le otorga la nueva reforma judicial sobre la concentración de amparos, frenó de tajo cualquier posibilidad de que dos jueces federales adscritos a juzgados de Distrito del Estado de México, puedan suspender de manera definitiva el rediseño del espacio aéreo ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la operación simultánea de los aeropuertos de Toluca, Santa Lucía y Ciudad de México.
De acuerdo con el juicio de amparo 324/2021 que estaba radicado en el Juzgado Décimo Tercero Primero de Distrito del Estado de México, la orden provino directamente de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que el expediente del caso fue retirado del juzgador que ya había otorgado una suspensión provisional a una asociación de colonos que argumentó daños al medio ambiente para impugnar la medida.
“El presente debe ser remitido al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En esos términos, de conformidad con lo resuelto por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para que, por su conducto, se turne al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que continúe con el trámite y resolución del mismo”, señala la resolución publicada este día.
El Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, Samuel Sánchez, fue el primero en conceder la suspensión provisional contra el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, pero ya no pudo dictar la suspensión definitiva y tampoco podrá resolver si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) violó dicha suspensión al no cancelar las operaciones del espacio aéreo, argumentando que esa dependencia necesitaría más de tres meses para regresar al esquema anterior, así como paralizar el despegue y aterrizaje de vuelos nacionales e internacionales en los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía.
De acuerdo con fuentes judiciales, al menos trece amparos contra el rediseño del espacio aéreo serán enviados al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán Rosas, mismo que desde 2019 analiza y resuelve decenas de litigios contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la zona de Texcoco.
El impartidor de justicia negó las suspensiones definitivas en contra de la obra y de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, esgrimiendo el interés social por encima de casos particulares.
También cabe señalar que el representante legal de los colonos afectados por el ruido de las operaciones aéreas, Javier Mijangos, es el mismo abogado que defiende a decenas de empresas energéticas que han conseguido frenar la entrada en vigor de la reforma del sector eléctrico con la que el gobierno federal pretende restringir las operaciones de plantas de energía eólica y fotovoltaica en el Sistema Eléctrico Nacional, con el fin de fortalecer la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este mercado.
Efecto de la reforma judicial
La concentración de amparos en juzgados y tribunales designados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es uno de los cambios que se le han cuestionado a la reforma judicial que entró en vigor el pasado 15 de marzo.
Dicha reforma también amplía el mandato por dos años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, al frente del Consejo de la Judicatura y de la propia Corte, por lo que también ha sido ampliamente criticada.
El Acuerdo General 3/2021 aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura el pasado 24 de marzo, es decir, una semana después de que entrara en vigor la reforma judicial, señala que todos los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito “tendrán jurisdicción en toda la República mexicana para el dictado de sentencias en auxilio de otros con los que compartan alguna especialidad, cuando por cargas de trabajo así lo determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Esta determinará tanto el órgano auxiliar como el que será auxiliado, el número y tipo de expedientes objeto del auxilio, su temporalidad y demás lineamientos aplicables, con base en la información estadística disponible.”.
De esta manera, litigios que podrían estar en tribunales o juzgados de una entidad federativa, pueden ser asignados a sus homólogos de otros estados, como sucedió en este caso con los amparos que impugnaban el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México.
