APRO/Rafael Croda
Un mes después del inicio de un paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque –quien propuso una impopular reforma fiscal–, Colombia está sumida en la peor crisis de su historia reciente y en una espiral de violencia urbana que incluye asesinatos de manifestantes por parte de la Fuerza Pública, incendios de edificios públicos, saqueos de comercios y bloqueos de las principales vías de comunicación.
El suroccidente del país enfrenta un severo desabasto de productos básicos y de combustible; el transporte público de las principales ciudades opera parcialmente por la quema de estaciones y autobuses, y los desiguales enfrentamientos entre policías antimotines y jóvenes manifestantes se han vuelto parte de la cotidianidad nocturna en barrios populares de Cali y Bogotá.
“Esto es un estallido social que desbordó al gobierno y que el presidente Duque está gestionando pésimamente”, dice a Proceso la directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), María Victoria Llorente.
Duque no quita el dedo del renglón. Hace unos días puso a su consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, a recorrer varios medios locales para insistir en la tesis de que el conflicto que vive Colombia es producto de un “plan desestabilizador” impulsado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
Para Llorente ese discurso “es un despropósito, porque le otorga a Maduro y a las guerrillas un poder y una capacidad que no tienen, y porque termina estigmatizando a millones de colombianos que han salido a protestar porque tienen quejas legítimas”.
La teoría del complot que esgrimen el gobierno y el ultraderechista partido oficial, Centro Democrático, es considerada por organismos de derechos humanos como un intento de justificar la cruenta represión desatada contra los manifestantes. De hecho, lo sucedido en Colombia en el último mes es uno de los más graves episodios de violencia estatal en América Latina en este siglo.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la ONG Temblores, que se han convertido en referentes para documentar las violaciones a los derechos humanos en las protestas, la Fuerza Pública colombiana es responsable de 44 homicidios de manifestantes y civiles armados y actores sin identificar han asesinados a otros 17, lo que arroja un total de 61.
Las víctimas que se han registrado en Colombia en un mes son más que las 46 muertes de manifestantes que, de acuerdo con un informe de la ONU, fueron responsabilidad de fuerzas de seguridad de Maduro en Venezuela en 2017, cuando el presidente chavista reprimió las masivas movilizaciones en su contra, que se prolongaron cuatro meses.
Temblores ha documentado la muerte de dos policías durante las protestas en Colombia, así como 3 mil 155 casos de violencia policiaca –105 al día, en promedio–, 46 manifestantes con afectaciones oculares y 22 víctimas de abuso sexual por parte de la Fuerza Pública. Indepaz, por su parte, tiene un registro de 346 desaparecidos durante un mes de movilizaciones, más de 11 cada día en promedio.
Por eso no fue extraño el duro pronunciamiento que emitió el martes 25 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en Colombia, en el que condenó “las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales” y en el que urgió al gobierno de Duque a regular el uso de la fuerza.
Duque negó ese día el ingreso inmediato a Colombia de una misión de la CIDH para verificar la situación humanitaria, y el organismo respondió a ese portazo con un informe en el que reportó que en al menos mil 38 protestas se presentaron muertes, desapariciones, heridos y agresiones sexuales contra manifestantes “como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.
Luego el presidente reculó y dijo que la CIDH puede ingresar a Colombia cuando quiera, pero el duro informe ya había tenido un impacto en Washington, donde se encontraba la canciller Marta Lucía Ramírez intentando convencer a la administración de Joe Biden de que el gobierno colombiano respeta el derecho a la protesta y los derechos humanos.
Ramírez envió el jueves 27 una carta a la CIDH en la que condiciona la visita de la misión humanitaria a que se acuerde una agenda que satisfaga al gobierno y, sobre la fecha, señaló que sería después de la audiencia pública sobre Colombia que el organismo tiene programada para el próximo 29 de junio.
Llorente señala que en esta coyuntura la mirada internacional sobre Colombia retrocedió a las épocas en que este país era conocido a escala global por los capos de la droga y la producción de cocaína, sólo que ahora es visto “como sinónimo de violación a los derechos humanos”.
En medio del paro nacional, Duque se ubicó como el mandatario más impopular en la historia de Colombia, al menos desde que se realizan estudios de opinión, con una desaprobación de 76% y un respaldo de 18%.
Llorente señala que la debilidad de Duque acaba permeando a todas las instituciones del Estado y dificulta encontrar una salida a esta crisis.
El gobierno lleva sentado dos semanas con representantes del Comité Nacional del Paro, pero las partes ni siquiera han acordado un protocolo de garantías para la protesta pacífica, paso previo a las negociaciones, porque los representantes de Duque exigieron a última hora un compromiso para suspender los bloqueos de vías.
Llorente dice que, un mes después del paro nacional, el gobierno carece de un “mecanismo de salida” a esta crisis y no sabe cómo gestionarla, lo que puede complejizar aún más el estallido social que remece a Colombia.
Mientras tanto, Freddy Bermúdez, agente de la fiscalía, fue linchado el viernes en Calí, luego de que disparó su arma de fuego contra un grupo de manifestantes, dos de los cuales perdieron la vida.
Según testigos, Bermúdez cruzó a la fuerza en su motocicleta un piquete de manifestantes en el sector La Luna de esa ciudad y cuando trataron de detenerlo sacó su arma y mató a dos de ellos. Tres cuadras más adelante el agente fue detenido por un grupo de jóvenes, quienes lo lincharon con piedras y a golpes.
El mismo viernes, en la zona rural de Candelaria, cerca de Calí, fue asesinado por civiles otro joven manifestante identificado como Sebastián.
