Entre 2020 y 2021 los presupuestos de las auditorías de Durango y de la CDMX tuvieron reducciones notables, -40.5% y -22.8%, respectivamente
Existen grandes asimetrías entre los presupuestos de los congresos estatales; dos entidades similares en población e ingreso per cápita pueden tener congresos con costos distintos
Contrario a lo que suele pensarse, los congresos estatales no sólo importan para redactar o desechar leyes, una de sus responsabilidades es aprobar y modificar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y llamar a rendir cuentas a quienes excedan los límites presupuestales.
Los congresos son esenciales para la competitividad de los estados, ya que tienen la capacidad de generar marcos legislativos y regulatorios que permitan atraer y retener inversión; tienen la responsabilidad de aprobar y vigilar que el destino de los recursos públicos se usen para apoyar la generación de talento y promover objetivos de desarrollo. Por esta razón el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza el Informe Legislativo 2021. En una primera entrega del informe estudiamos su composición y la paridad de los Congresos estatales.
Recursos públicos: ¿con cuántos recursos cuentan?
Para 2021, el presupuesto de los 32 poderes legislativos locales asciende a 18 mil 562 millones de pesos. Aproximadamente tres cuartos de ese presupuesto se destinará a los Congresos (13 mil 709 mdp) y un cuarto (4 mil 768 mdp) a las Auditorías estatales.
Los Congresos estatales con más presupuestos son: La Ciudad de México (1 mil 744 mdp), el Estado de México (985 mdp) y Michoacán (900 mdp). Los que menos presupuesto tienen son: Tamaulipas (194 mdp), Yucatán (135 mdp) y Colima (115 mdp).
En el ámbito nacional, el promedio del presupuesto destinado a un congresista estatal es de 12 millones de pesos. En la CDMX, Baja California, Sonora, Michoacán, Jalisco y Morelos se destinan más de 20 millones de pesos por congresista (más de dos veces el promedio nacional). En contraste, en Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Puebla y Colima el presupuesto por congresista no excede los 6 millones de pesos (presupuesto del Congreso entre el número de congresistas).
Auditorías estatales: ¿qué tanta autonomía tienen?
Las auditorías vigilan el ejercicio del gasto público, su calidad y transparencia; además de los resultados de los programas sociales.
En 2021, los poderes legislativos destinarán en promedio un 25% de su presupuesto a sus respectivas auditorías estatales.
San Luis Potosí destina el mayor porcentaje del presupuesto de su Poder Legislativo a su Auditoría (50%), mientras que Morelos y Durango sólo destinan un 8% y 13% respectivamente.
Dos estados han tenido notables disminuciones al presupuesto de sus Auditorías. Destaca el caso de Durango y la Ciudad de México, que entre 2020 y 2021 redujeron -40.5% y -22.8% el presupuesto destinado a sus órganos de fiscalización. En Durango,un mes después de la reducción presupuestal, el auditor superior presentó su renuncia, sumándose a una serie de renuncias de auditores estatales después de recibir presiones presupuestales o políticas por parte de sus congresos.
Los congresos estatales y sus auditorías son una pieza fundamental del andamiaje institucional. Los congresos que no son vigilados pueden ignorar sus responsabilidades, mantener auditorías débiles y volverse cómplices de malas administraciones. Por estas razones el IMCO Propone:
- Establecer que al menos el 20% del presupuesto del Poder Legislativo se destine a las Auditorías estatales para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.
- Incluir la participación de consejos ciudadanos en los procesos de elección de auditores para garantizar perfiles adecuados.
- Verificar, para los procesos de selección de auditores, posibles conflictos de interés y cercanía con personas como el gobernador o el secretario de Finanzas.
- Invertir en la profesionalización de los congresos locales y en plataformas de datos abiertos que permitan a la ciudadanía conocer el trabajo legislativo y el uso de los recursos de los poderes legislativos.
IMCO