APRO/Arturo Rodríguez
Hace casi un año, el 23 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante el proceso electoral 2020-2021 denunciaría los delitos electorales, evitaría el fraude electoral y, de plano, se convertiría en el “guardián de las elecciones”.
La advertencia fue polémica por esos días, pero ahora que se ha materializado desde la segunda semana de mayo, ha detonado diversas acusaciones contra el Ejecutivo federal por intromisión en la contienda.
Renuente a suspender sus conferencias de prensa mañaneras, el mandatario acumula diferentes quejas por expresiones que tienen que ver con información sobre programas sociales, difusión de encuestas electorales y, en la polémica más reciente, por denunciar el reparto de tarjetas con promesa de apoyos económicos, en particular, del candidato del PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.
La discusión se ha centrado en dos principios importantes para una elección: el de autenticidad, por aquello de que los señalamientos e intervenciones del mandatario favorezcan o perjudiquen a candidatos, y el de libertad de voto, relacionado con el condicionamiento del voto a cambio de recursos, considera el investigador Jaime Cárdenas Gracia.
Con una medida cautelar emitida el 19 de abril último y un apercibimiento por desacato el 23 del mismo mes, emitidas por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), está en discusión la legalidad de la conducta presidencial en el proceso electoral.
Sin embargo, desde aquella declaración del 23 junio, el presidente de México expuso: “No es injerencia. Es sólo decir ¿cómo le va a entregar registro si no cumplió? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada?
“Para que no haya fraude electoral me voy a convertir en guardián, para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude.”
Paradójicamente, las baterías del presidente López Obrador se centraron en descalificar primero al INE y después al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por negarle los registros al menos a 60 precandidatos de Morena, entre ellos a Félix Salgado Macedonio, quien pretendía la gubernatura de Guerrero.
El 27 de abril último, el tribunal confirmó la cancelación de registro al guerrerense y también a Raúl Morón, candidato al gobierno de Michoacán.
Desde entonces, las declaraciones del mandatario federal sobre el proceso electoral han sido controversiales, especialmente cuando del miércoles 5 al viernes 7 abordó el caso de Nuevo León, específicamente sobre Adrián de la Garza, que el lunes 10 escandalizó por la apertura de una carpeta de investigación en su contra, anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como contra el candidato de Movimiento Ciudadano en esa misma entidad, Samuel García Sepúlveda, por financiamiento indebido y rebase de los topes de gastos.
El martes 11, en su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre su papel en la apertura de dichos expedientes y, en respuesta, admitió que sí tuvo que ver con los procedimientos legales, pues los había dado a conocer la semana previa, y reiteró su argumento:
“¿Cómo, siendo presidente, me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera, y todos los ciudadanos tenemos que ayudar para dejar a nuestros hijos y nuestros nietos un sistema auténticamente democrático (con) respeto a las decisiones del pueblo, el respeto a la opinión de la mayoría.”
En otro momento expuso: “Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la fiscalía, aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada… Que investigue la fiscalía y se aplique la ley. Es un delito grave el fraude electoral”, apuntó.
El mandatario consideró que su desempeño público y las denuncias por posibles fraudes, entre otros actos ilegales, como la compra de votos, no le hacen acreedor a sanciones, y advirtió que seguirá interviniendo.
¿Deber o intromisión?
Desde las declaraciones de junio último, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, consideró que el señalamiento presidencial podía referirse a los propios funcionarios de gobierno para que no intervengan en la elección, pero asegurando que el “guardián” de las elecciones es el organismo electoral.
El episodio fue uno más de las diferentes polémicas entre el consejero presidente del INE y el titular del Poder Ejecutivo, iniciada desde el primer mes de la 4T, cuando el gobierno federal anunció un plan de austeridad que implicaba la reducción de salarios.
Ahora, los partidos de oposición han insistido en llamados, denuncias y quejas por intromisión de López Obrador en la contienda, poniendo al INE y al TEPJF en la posición de tener que analizar su conducta, un asunto sobre el cual el propio mandatario ha considerado que no hay motivos para ser sancionado.
“En su momento, lo que tienen que determinar (las autoridades electorales) es si se trata de una intromisión indebida (del presidente) o de un deber de denunciar aquello que sea constitutivo de delito. Ahí está el dilema jurídico”, explica Cárdenas Gracia en entrevista con Proceso sobre las expresiones presidenciales.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cárdenas fue consejero electoral de 1996 a 2003, fue parte del movimiento lopezobradorista y brevemente funcionario de la actual administración como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Hoy, dedicado exclusivamente a la actividad académica, enfatiza el deber de denunciar que está contenido en el artículo 222, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para Jaime Cárdenas, la conducta presidencial ni siquiera se trata de algo poco ortodoxo.
Las intromisiones, recuerda, ocurrieron muchas veces, y pone de ejemplo el caso de Vicente Fox, cuando intervino en el proceso electoral de 2006; eso fue parte de los razonamientos del Tribunal Electoral cuando calificó la elección de Felipe Calderón; no se trató de denuncias de delitos electorales, como en el caso de López Obrador, pero sí fue una intromisión en favor de Calderón, poniendo en riesgo el proceso electoral. También hubo casos de intromisión de Calderón, que, sin embargo, no se sancionaban.
En la ortodoxia presidencial, lo que había era genuflexión ante los poderes fácticos, advierte Miguel Ángel Eraña Sánchez, investigador del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, quien coincide en que la posición presidencial es adecuada.
De hecho, abunda en el caso de Adrián de la Garza, pero también de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, entre otros, para destacar que el uso de programas sociales con fines electorales es equiparable a delincuencia organizada.
“Eso está en la legislación electoral y procesal penal: la posibilidad de que cualquier fiscalía pueda abrir carpetas de investigación por uso de programas sociales o sus apariencias; que a cambio de un beneficio social se pida el voto es un delito gravísimo y, sin embargo, no hemos visto mucha actuación de la fiscalía o no se ha sabido, pero no hemos visto que jueces de control puedan tener jurisdicción en plena campaña y que candidatos se vayan a la cárcel.”
Eraña se refiere a continuación a las expresiones presidenciales: “No me parece tan mal, en esta animosidad del presidente, utilizar la tribuna presidencial para echar el foco a los presuntos delincuentes electorales, porque es como decir que la delincuencia organizada está actuando.
“Lo que tenemos es un presidente con modos que no parecen de un jefe de Estado, porque estábamos acostumbrados a la actuación pastosa de presidentes hipócritas. Lo vimos de Salinas a Peña Nieto: presidentes activos en los comicios, hipócritas en la palestra presidencial.”
En el fondo, sostiene, lo que hay es mucha estridencia sobre lo que el presidente dice, pero poca crítica sobre presuntos delincuentes electorales, por lo que las expresiones presidenciales son “una buena manera de presionar a que se activen procesos y carpetas de investigación”, aunque duela en los tres partidos, e inclusive en el Partido Verde por lo que toca al caso potosino.
Eraña Sánchez es insistente en su neutralidad académica sin sesgo partidista. Advierte que sus expresiones pueden pasar por defensa del presidente, una posición que rechaza, para enfocar a lo que desde hace décadas ha sido objeto de sus análisis: autoridades electorales que aplican la ley de manera selectiva y facciosa.
Y es que, más allá del momento polémico, observa que existen poderes fácticos empresariales que están trasvasando recursos descomunales en elecciones estatales, como las de Nuevo León y San Luis Potosí, una alusión a los casos del emecista Samuel García y del verde Ricardo Gallardo, para advertir:
“De aquí a que transcurran las últimas etapas electorales, que acaben las elecciones sin consecuencias a conductas ilícitas, produciendo que sea irreparable el daño democrático, porque se va a querer actuar con efectos retroactivos. Luego no querrán controvertir elecciones por diferencia volviendo al gran mercado corrupción electoral.”
Añade: “Tengo que ser muy crítico. Me gustaría decir que se puede ver como un asunto de formas políticas que desgastan, como usar el atril presidencial… pero si se trata de que se cumpla la Constitución, es necesario ver que estamos frente a una cuestión de Estado”.
Inclusive, advierte que la ilegalidad en las denuncias del Ejecutivo está descartada, pues el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece, en su fracción séptima, que a la Secretaría de Gobernación le corresponde vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, entre los que se encuentran los electorales. Por lo tanto, el Ejecutivo –sostiene– también es autoridad vigilante.
