APRO/Rosa Santana
Cerca de las 19:00 horas del 27 de marzo, en la esquina de La Selva y Faisán, de la colonia Tumbenkán en Tulum, se cruzaron los destinos de la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza y de la policía municipal Verónica V., quien, carente de formación profesional, mató a la primera al someterla de la única manera que supo: mediante la fuerza bruta.
Originaria de Sonsonate, El Salvador, cuna de sanguinarias pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, Victoria, quien al fallecer tenía 36 años, huyó de la miseria y la violencia en su país en 2016 junto con sus dos hijas, F y E, actualmente de 17 y 15 años. Llegaron a Quintana Roo en 2018, al parecer desde Tapachula, como parte de un programa de acogida temporal por razones humanitarias que le permitió vivir y trabajar legalmente en la entidad.
Victoria formó pareja con el tabasqueño Héctor H., de 35 años, con quien vivía en extrema pobreza en el asentamiento irregular 2 de Octubre, en un ambiente de hacinamiento y violencia doméstica con sus dos hijas y cuatro hijastros. El 6 de marzo, en respuesta a un reporte de su concubino, la policía detuvo por primera vez a Victoria y la presentó ante el juez civil por una falta administrativa. Había bebido de más. Pero cuando los agentes se la llevaban suplicó a gritos que no dejaran sola a una de sus hijas con el padrastro porque ya la había violado. La otra había escapado del hogar. Por eso el DIF acudió por la menor en peligro y la mantuvo bajo resguardo hasta después de la muerte de la madre, en espera de la llegada de sus familiares.
El 31 de marzo, cuando dio a conocer que Héctor había sido detenido el día anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que el jurídico del DIF de Tulum –después de verificar mediante entrevistas y estudios que la menor era una víctima– denunció el 11 de marzo el abuso sexual a que fue sometida, aunque la investigación fue lenta debido a que Victoria no pudo presentarse a ratificar la denuncia, como legalmente procedía.
La institución emitió una alerta Ámber para localizar a la otra hija de Victoria, quien horas más tarde salió de su escondite y acudió a las instalaciones del Ministerio Público en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, donde aún permanecía el cuerpo de su madre en la morgue sin ser formalmente identificado.
Fue F, la joven que escapó, quien al difundirse en las redes sociales los videos de la muerte de Victoria contactó a través de una cuenta falsa al periodista Pedro Canché, director del sitio pedrocanchenoticias, para identificar a la mujer fallecida como su madre. Como señas particulares refirió sus tatuajes. También le dijo que estaba enferma del corazón y padecía ataques de ansiedad. Al reaparecer en la FGE, donde se topó con Canché, la chica pidió al comunicador que le hiciera saber al presidente de su país, Nayib Armando Bukele, que ella no desea volver a El Salvador.
En el lapso entre su primera detención y su muerte, Victoria abandonó a Héctor. Hasta el cierre de esta edición no se sabía dónde estuvo ni de dónde venía cuando entró al Oxxo; tampoco la causa de su errático comportamiento que, sin que ella agrediera a nadie, derivó en su detención y asesinato a manos de policías municipales. Una maniobra de sometimiento mal aplicada le produjo fractura de las vértebras de la base del cráneo. Los videos fueron ampliamente difundidos en las redes sociales y noticieros.
“Fue el Estado”
Lo que se ve en ese material audiovisual, dice el consultor internacional en materia de armas y seguridad Daniel Gómez Tagle, es “un acto totalmente fuera de proporción. Los policías no cumplen ni un solo parámetro de lo que es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza ni el recién aprobado protocolo del 26 de enero que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. No puede definirse sino como una barbarie lo que están haciendo con Victoria Salazar. No hay un principio ético”.
El especialista, quien en los últimos cinco años se ha dedicado a investigar las deficiencias legales en materia de uso de la fuerza y derechos humanos, enfocado en la elaboración de mecanismos de control, considera que el grupo de policías implicados en el caso de Victoria incurrió en “una falta de humanidad incomprensible”, y sin mencionarla alude a Verónica, la agente que la privó de la vida: “Más allá de que sea un policía, esa persona tiene evidentemente problemas con la sociedad que le rodea y se agrava con el hecho de que traía uniforme; su función es proteger a la ciudadanía”.
Al respecto, Canché descubrió que, en efecto, Verónica y Victoria eran vecinas en el mismo cinturón de miseria. Escasos 50 metros las separaban, aunque se conocieron hasta el fatídico día. La agente vivía con su hija y tres nietos en un diminuto cuarto que le prestaron a cambio de cuidar que no fuera invadido.
Gómez Tagle también concluye que los otros policías implicados, quienes no intervinieron para detener la peligrosa situación pese a que había testigos grabando, mueve a pensar que están acostumbrados a ese nivel de violencia y que éste es normal para ellos, lo cual “es gravísimo”.
También destaca que dejarle a Verónica la tarea de someter a Victoria porque ambas eran mujeres es una errónea interpretación del principio de proporcionalidad, ya que ésta “no se da en cuestión de género, sino en la actuación policial”.
Y puntualiza que el asesinato de Victoria no es feminicidio, sino abuso policial institucional, que –advierte– “va a seguir pasando en tanto no abordemos que, como en Quintana Roo, Tijuana, Jalisco, Chihuahua… el culpable es un policía, eso es innegable, pero el responsable es el Estado, que capacita y equipa a ese policía”.
Añade: “Si hay que ser breve y contundente, falló el Estado. El Estado publica en el Diario Oficial un protocolo tan mal redactado y tan mal hecho que en lugar de decir ‘medios menos lesivos’ dice ‘medios menos lascivos’. Ni siquiera leen los documentos, mucho menos los estudian. Así de grave es. No sabe el Estado ni lo que está promulgando”.
