Master of puppets, I’m pulling your strings
Twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can’t see a thing
Just call my name ’cause I’ll hear you scream…
Master of puppets – Metallica
El Estado Mexicano se encuentra en un contexto de riesgo latente. Las fallas estructurales le amenazan de tal manera que, lo que ahora es una democracia republicana civil perfectible y en vías de consolidación, se convierta en un arreglo político más tendiente a la autocracia y al ejercicio omnímodo del poder desde el ejecutivo.
Esto en un contexto en el que el presidente ha militarizado varias operaciones civiles del gobierno, con una crisis de seguridad incontrovertible, y con una posición en la que el presidente ha criticado ferozmente a las instituciones que disienten de su forma de ver y hacer política.
Sobre esto último, en los días pasados han ocurrido al menos las siguientes confrontaciones directas entre el ejecutivo y los demás poderes u órganos autónomos: en el caso del Poder Judicial, el titular de ejecutivo amagó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia con señalarlos como corruptos si no votaran para ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte, justo como lo exigía el ejecutivo.
No sólo eso; además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó y avaló la postura del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar la sobrerrepresentación de diputados de representación proporcional en San Lázaro, lo que impediría que Morena (o cualquier otro partido) tenga mayorías artificiales en los escaños legislativos, por cálculos erróneos entre los votos uninominales y los plurinominales. Esto, en el caso de una mayoría legislativa supeditada al ejecutivo, ha desbalanceado los contrapesos entre poderes.
A la par, el mismo TEPJF ratificó el criterio del INE para el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón para contender por las gubernaturas respectivas en Guerrero y Michoacán. Ante esto, no sólo los candidatos implicados, sino también su partido, y –sobre todo- el presidente de la república, han comenzado una campaña de amagos contra ambas instituciones electorales (INE y TEPJF), acusándolos de ser contrarios a la democracia.
En la misma tónica, el presidente había impulsado la iniciativa de un Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil que implicaba el acopio de datos biométricos. Ante esta amenaza a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el padrón. Igualmente, el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió la primera suspensión definitiva a dicho padrón.
Mientras esos conflictos políticos ocurren en la realpolitik, el país se incendia en la violencia. La organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal lleva desde 2008 haciendo un recuento de la violencia mundial, y reporta cada año los índices de homicidios por cada cien mil habitantes de cada ciudad del mundo, a partir de los datos públicos disponibles en cada localidad del planeta.
Así en los resultados del 2020 se destaca que, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 18 son mexicanas. No sólo eso, de las 10 más violentas, México ocupa más de la mitad de los lugares en los que las personas pierden la vida por causas violentas, por encima de ciudades en países con guerra civil o conflictos bélicos.
El orden de las ciudades mexicanas más violentas, dentro de las 50 más violentas, es así: la ciudad más violenta del mundo es Celaya, luego Tijuana, Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, y Ensenada en sexto lugar; Uruapan en octavo, Zacatecas el 15, Acapulco el 18, Culiacán el 25, Cuernavaca el 26, Morelia el 27, Chihuahua el 32, Colima el 35, Benito Juárez el 44, Victoria el 45, León el 47, y Minatitlán el 49.
Que nuestro país tenga dentro de las ciudades más violentas del mundo a 18 localidades, y dentro de las 10 más violentas a 8, dice mucho sobre cómo se ha manejado la política de seguridad y la procuración de justicia en el país. Dice mucho sobre cómo la actividad criminal supera en violencia a zonas en guerra, y dice también cómo nos hemos habituado a la muerte y a la violencia.
Ante este escenario tan atroz, la ciudadanía comienza a mudar su cultura política y su ideología. Con ello, en el contexto actual, se corre el riesgo de abrir la puerta a formas de ejercitar el poder que nos separen de la democracia civil. Prueba de ello es el resultado de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (2020), presentada a finales de marzo pasado por el Inegi y el INE.
En esta encuesta se revelan dos datos preocupantes: 40% de la población está de acuerdo en tener un gobierno militar; y el 77% afirma que el país necesita un gobierno encabezado por un líder político fuerte, sin contrapesos. Los resultados muestran, además, que esta tendencia es más marcada en la población joven que en la vieja; lo que permite asumir que las nuevas generaciones de votantes son damnificados de la catástrofe cívica y padecen taras ciudadanas que el Estado no ha sabido (o no ha querido) atender.
En este espacio no se va a abundar sobre la paulatina y (no tan) discreta militarización de muchas operaciones civiles del gobierno; del crecimiento inusitado en presupuestos y poder de facto en favor de la milicia; de la impostura de una Guardia Nacional que no es civil, más que en el papel; y de la inconsistencia legal de que las fuerzas armadas nacionales se estén extralimitando de los Planes DN I, DN II, y DN III; ya que el tema ha sido tratado en otras columnas también disponibles en LJA.mx, pero se deja el apunte para el cierre del comentario.
En suma, el contexto nacional apunta a una tendencia en la que el Estado Mexicano, como lo conocemos, de república democrática y civil, pueda desquebrajarse pronto, cediendo a modelos menos democráticos y basados en contrapesos de poder, para llegar a formas autoritarias y autocráticas en el ejercicio de la política.
Los factores que marcan esta tendencia son las constantes arengas del ejecutivo por regresar a aquel presidencialismo sin balances ni contrapesos en el que los dos poderes restantes, así como las demás instituciones, estaban supeditadas al presidente. Otro factor es la violencia criminal que nos pone en condiciones de vulnerabilidad propios de países en guerra. Un factor más es el empoderamiento de la milicia y el riesgo de que su adhesión sea más hacia la persona del ejecutivo que hacia las instituciones del Estado. El último factor es el cambio ideológico y de cultura política en el que falta menos para que la sociedad pida una autocracia. Nuestro país padece el riesgo de que el estado falle de manera gravísima.
@_alan_santacruz
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