Cierto día, me decía un joven alumno de la carrera de derecho de una prestigiada Universidad al sur de ésta ciudad, “los abogados debemos emplear un lenguaje jurídico, pues así lo ha señalado Miguel Carbonell –jurista reconocido- en diferentes conferencias” a lo que quien ahora suscribe le conteste, que efectivamente los abogados y/o profesionistas del derecho, debemos primero, conocer ese lenguaje jurídico, luego interpretarlo, posteriormente explicarlo o traducirlo a un lenguaje llano.
Lo anterior viene a colación, porque si bien lo recuerda, estimado lector, la semana pasada le platicaba de la publicidad de las sentencias emitidas por el Poder Judicial, en las cuales se ha sugerido a los juzgadores desde hace ya un par de años, que éstas sean redactadas en un lenguaje ciudadano, sin los tecnicismos que utilizan los abogados.
Hasta ahora, algunos juzgadores al momento de escribir las sentencias, lo hacen pensando no en otros jueces o en los representantes legales, lo hacen pensando en una persona que tiene nombre y apellido que tocó las puertas del poder judicial y solicitó que le fuere reconocido cualquier tipo de derecho, contemplado en las leyes.
De acuerdo con el artículo 27 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, se establece que las motivaciones deben ser expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que se compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.
Es decir, no porque los juzgadores o abogados hablen en un lenguaje común, en lugar de un lenguaje técnico o bien porque sus sentencias o demandas sean de veinte páginas, en lugar de cien páginas, se perdería su fuerza argumentativa, al contrario, se trata de ciudadanizar la labor de quienes participan directa o indirectamente en la emisión de este tipo de sentencias, aunque sabemos que mucho dependerá de la buena voluntad de los juzgadores.
Sin embargo, recordemos que esta ardua labor de la ciudadanización de las sentencias, no es propia del Poder Judicial, existen otros poderes como el Ejecutivo o Legislativo, que emiten resoluciones, oficio o documentan información dirigida a los ciudadanos, en un lenguaje, complejo, técnico y repleto de artículos, leyes, reglamentos, decretos, etc., esto claro porque la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige el que deban de fundamentar su actuación.
Ahora bien, ello no quiere decir, que para este tipo de poderes –Ejecutivo o Legislativo- inclusive el Judicial, no les sea aplicable, la recomendación de que la información que sea generada por cada uno de ellos, tenga un lenguaje sencillo, para muestra, el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, señala que los sujetos obligados (dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal) buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona.
Luego entonces, si lo que se está buscando es, ciudadanizar la actuación de los poderes del Estado, es necesario, trabajar desde el origen mismo de esos tecnicismos o frases “domingueras” empleadas al más puro estilo de los tecnócratas (especialistas en la materia), a fin de eliminar cualquier tipo de lenguaje complejo que obstaculice la sana comprensión de sus lectores.
Bueno, pues a propósito de todo este lenguaje no ciudadano, encontré en un Manual titulado “Lenguaje Claro” emitido por la Secretaría de la Función Pública en el año dos mil diecisiete, el cual además de ser muy amigable, cita algunos ejemplos de palabras complicadas, pero también de palabras más sencillas y naturales.
Veamos entonces, en la página 30 del citado Manual, se observan cuatro ejemplos, de los cuales sólo citaré dos, el primero, en un lenguaje complejo, señala lo siguiente: “Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.”.
Ahora, este mismo ejemplo, en un lenguaje sencillo y natural o con palabras simples, señala lo siguiente: “Cualquier maltrato, molestia o solicitud de contribución a una persona durante su aprehensión o mientras esté en prisión, será sancionada por las autoridades competentes.”.
Un segundo ejemplo, en lenguaje complejo, señala lo siguiente: Es de aclarársele que de no haberse establecido estos plazos los resultados desfavorables, tendrían vigencia de un año y, por tanto, pasado ese plazo podría presentar las evaluaciones correspondientes.”.
En cambio, en palabras simples, sería: En caso de que el resultado de sus evaluaciones sea desfavorable, deberá esperar un año para presentarlas nuevamente.”.
Pues bien, como se ve en esta serie de ejemplos, el lenguaje sencillo o palabras simples, no restan veracidad a los argumentos o al actuar de las autoridades, solo se busca evitar el uso de palabras complicadas que oscurecen sus actos y por ende desaniman a los ciudadanos.
De momento, puede parecer una labor complicada para el Poder Judicial el que todos los juzgadores –sin excepción alguna- redacten las sentencias en lenguaje ciudadano o bien para el Poder Ejecutivo o Legislativo, emitan sus actos en un mismo lenguaje, pero no es tarde para comenzar a trabajar en ello, más si consideramos que va en beneficio de la ciudadanía, a los ciudadanos en general, nos interesa, no sólo saber qué hacen las autoridades, sino como lo hacen y porqué lo hacen, pero en lenguaje ciudadano.
