Lo que está en juego en las próximas elecciones del 6 de Junio/2021 es el cambio constitucional de aparatos de gobierno y cámaras de diputados locales, en prácticamente toda la geografía de nuestro país, siendo 15 estados los que renuevan al titular del Poder Ejecutivo de su territorio; a nivel federal, se reconstituye la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En donde, consecuentemente, el INE funge en coordinación con los Organismos Públicos Locales para desarrollar las actividades respectivas para la elección de Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. En las mismas mesas electorales se añade, la organización de funcionarios electorales para instrumentar la elección federal de Diputados.
Digamos que, en gran síntesis, las próximas elecciones competen e interesan primordialmente a las y los ciudadanos de cada entidad federativa que concurren a dicho proceso y, paralelamente, son de interés e injerencia para el Poder Legislativo de la Federación, en el recambio representativo de su cámara de Diputados; nada más. De manera que la gerencia, el interés y la competencia directa e inmediata de dicho proceso compete a los ciudadanos de nivel local, a quienes corresponde dotarse con los equipos de funcionarios públicos que, en su turno, habrán de conducir y realizar las funciones y tareas propias de sus jurisdicciones territoriales respectivas desde Lo Local. Y se asume que, a nivel federal, sólo el Poder Legislativo tiene injerencia para renovar su estructura representativa de Diputados. Aguascalientes, por ejemplo, elige 18 diputaciones de Mayoría Relativa, 9 Diputaciones de Representación Proporcional, 11 Presidencias Municipales, 12 Sindicaturas y 86 Regidurías.
De lo anterior se infiere que al Poder Ejecutivo Federal y toda su estructura de gabinete legal y ampliado –sea, la burocracia federal toda- no le compete, ni tiene injerencia alguna en este proceso electoral que viene. Como tampoco le compete al Poder Judicial de la Federación intervención legal alguna, excepto al TEPJF, institución y órgano especializado e instancia última creada exprofeso para dirimir los litigios o transgresiones que hubiera al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe.
Sitio propio y de alta relevancia ocupa el otro órgano autónomo de naturaleza electoral propia que es el INE, a quien compete por Ley, el todo y pormenores del proceso electoral en cuanto tal, y su incidencia a todo lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo desde luego la dimensión de Lo Local. Hoy, asediado e impugnado por un par de candidatos a la titularidad de los gobiernos de Veracruz, Raúl Morón Orozco / Morena / Gubernatura / y Guerrero, Félix Salgado Macedonio, dados de baja de la nómina de candidatos por dicha instancia, debido al incumplimiento de estipulaciones específicas del Código Electoral; ambos del movimiento partido mayoritario Morena, y simultáneamente impugnadores de dicha resolución del INE que los deja fuera de la contienda política, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF. Esto por la vía formal jurídica. Pero, ahora vueltos acendrados activistas para concitar a la ciudadanía en general, para desaparecer al INE como el órgano electoral que es por mandato constitucional; contando en ello, con el apoyo directísimo y simpatía del mismo titular del Poder Ejecutivo de la Federación, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, ¿en dónde o en qué estamos? Desde luego en una discusión pública que toca de cerca y de junto nada menos que la identidad y sobrevivencia del órgano protagonista de las elecciones en México, como se manda en la misma Constitución Política del Estado Mexicano. El lenguaje descalificativo en contra de dos de sus principales consejeros, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente y secretario ejecutivo; dr. Ciro Murayama Rendón, consejero electoral, proviene del mismo Palacio Nacional, por lo que huelga explicar que priva el ánimo ya no sólo contencioso, sino impugnativo de su personalidad y figura pública misma; que se amplifica estentóreamente a la desaparición misma de la institución que representan y con la que están vinculados organizacionalmente. Disputa pública y publicitada que, para efectos de la próxima elección llamada Intermedia, no debiera primar.
Sin embargo, arrebata la conversación de los lugares propios de origen de nivel local en que debiera situarse, para imponer la voz del disenso e impugnación, a nivel central, nada menos que contra el propio árbitro de la contienda electoral, mismo que velis nolis/quieras o no/ nos conducirá y estrictamente vigilará en la Jornada Electoral 6 de Junio/2021, al resto, que es decir al todo que conformamos desde Lo Local, del proceso electoral sobreviniente.
Lo que pone de manifiesto, desde el discurso dominante presidencial, que sustantivamente no importa la reconfiguración de los gobiernos locales y su representatividad relativa de cara a la Nación; sino, el destino y suerte de su membrete político que, a todas luces, no refulge como desearían en todas las candilejas de todas las plazas y plazuelas que configuran el gran mosaico territorial y poblacional del diverso, pluriétnico y multicultural país que conformamos. Cabe el cual, sí importa y mucho la dimensión de su esencia e identidad local. Interés y competencia que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos el derecho de posicionar y defender, sin estridencias.
En gran suma, lo que está operando el titular del Ejecutivo Federal en unión con sus correligionarios de partido, Morena, es la pretensión de apropiarse de la conversación nacional, para dejar al resto –la ciudadanía mexicana total– un mero murmullo o barullo pueblerino. Y puestas así las cosas, más doctamente dicho quae cum it sint, no debemos dejar espacio a la tolerancia de un atraco de tal jaez o naturaleza. Queremos, creo yo, y debemos tocar el son que queremos y este hoy se llama: derecho local, interés de la Patria Chica como gustaba de decirse en Aguascalientes. Es aquí en donde nos jugamos nuestra suerte y el poder de decidir por el futuro que queremos. Sin estridencias ni cabezas de playa elegidas, apartadas y seleccionadas por Morena.
Nunca como ahora tiene relevancia la dimensión de la región y la localidad. Aguascalientes, por ejemplo, sabemos, compite y se posiciona como uno de los centros automotrices más importantes a nivel global; y esta vocación productiva no puede ni debe serle quitada, por simples intereses políticos espurios de transición política, venga de donde venga. Hoy, curiosamente, afrontamos el imperativo de ser auténticos, es decir de ser nosotros mismos, con nuestra historia y vocación local propia, inimitable e inenajenable. Conocedores también, de que nuestro elemento crítico para desarrollo y sobrevivencia es el agua; a cuyo respeto tenemos que presentar un frente común de cuidado, de protección ambiental, de preservación de sus fuentes, de su debida conducción, distribución, consumo y uso. En ello nos va la vida, nos va el futuro y de esta precisa conversación nadie puede distraernos, tenemos el deber cívico y civil de conversar y decidir sobre las políticas públicas que nos conciernen e interesan a fondo.
Ya lo experimentamos con Donald Trump, quien se autoasumía como nuevo y pretendido emperador de América, y se atrevió a dictar sobre México, la constitución de un “marquesado”, en términos nobiliarios, el Marquesado de América Latina, que no puede ser otra cosa que eso: su marca continental declarada urbi et orbi, ante la ciudad, Washington D.C. y el mundo. A sabiendas de que provenimos de una larga historia, en que hubo de ser construida la gran madre patria de América, ya sea que se trate de la denominación geopolítica de América del Norte, o bien, que sea la denominación geopolítica del Sur o América Latina, ambas anudadas con un tensionado cinturón de Centro América y El Caribe. Y que Trump redujo a su frontera Sur con México, a partir de allí el marquesado.
Esta suerte de reduccionismo geopolítico impuesto por Trump hoy tiene ya otra deriva con el presidente Joe Biden. De igual manera, el actual reduccionismo político que ensaya de imponer el presidente López Obrador y sus líderes correligionarios, no consiste en un corte de tipo geográfico o geopolítico propiamente dicho, sino de dimensión cognoscitiva y jurisdiccional, o sea, artificialmente abstraer el enfoque de interés local, para plancharlo a nivel nacional; lo que interesa, al final, es conquistar la mayoría en el Congreso de la Unión, y desde allí luego conceder lo que decida y disponga a nivel local, para el resto de la Patria; haciendo obviamente caso omiso de la Patria Chica.
