APRO/Gloria Leticia Díaz
Familiares presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la negativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a darles atención médica, toda vez que han desarrollado enfermedades diversas tras la desaparición de sus seres queridos.
Este jueves, 11 familiares de desaparecidos, acompañados de integrantes de la organización civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, se reunieron con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, a quien presentaron la denuncia por “actos y omisiones de la CEAV que constituyen violaciones a sus derechos humanos”.
La queja –presentada por siete mujeres y cuatro hombres, de entre 48 y 84 años– expone que “han desarrollado graves enfermedades y padecimientos de salud luego de la desaparición de sus familiares, como cáncer, diabetes y glaucoma”.
Tras señalar que en 2019 el padre de una persona desaparecida falleció a causa de cáncer “sin ninguna atención médica por parte de la CEAV”, los quejosos destacaron que, al igual que esa persona, ellos “desarrollaron problemas de salud derivados de sus actividades de búsqueda”.
Asimismo, acusaron que la CEAV “se ha negado a proporcionar apoyo médico a las víctimas con el argumento de la supuesta inexistencia del nexo causal entre la desaparición de sus familiares y los problemas de salud que han desarrollado”.
En un comunicado, Idheas explicó que “si bien científicamente no se puede determinar con precisión la causa de los problemas de salud que aquejan a las víctimas, ante esta incertidumbre debe operar el principio de pro persona a favor de ellas”.
Ante la negativa de la institución, la organización y las víctimas solicitaron a la CNDH “evaluar el comportamiento omisivo y negligente de los funcionarios de la CEAV, quienes están identificados y reiteradamente han negado la atención en salud a estas personas, las han puesto en riesgo y han vulnerado la Constitución, la Ley General de Víctimas y la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas”.
Los familiares solicitaron a Piedra Ibarra “medidas cautelares que garanticen la atención médica a las víctimas”, de manera particular, a favor de una madre que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa dos.
De igual manera, que “convoque de manera inmediata y urgente a una mesa de trabajo con participación de las víctimas y sus representantes, peritos, médicos y psicólogos con perspectiva de derechos humanos, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la CEAV, para resolver de manera estructural la situación de las víctimas de la queja y muchas otras que se encuentran en la misma situación”.
Puntualizaron que ellos son prueba de “un problema mayor que afecta a todas las víctimas de desaparición, por lo que piden a la CNDH dejar la queja abierta para que otras personas puedan ser incorporadas, se documenten las violaciones a sus derechos y se revise su situación médica”.
Al asumir como propio el comunicado de las víctimas y de Idheas, la CNDH confirmó que integrará el expediente de queja respectivo y, tras analizar el caso, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
En la reunión de trabajo, Piedra Ibarra estuvo acompañada por el secretario ejecutivo, Francisco Estrada, y el director de la Primera Visitaduría, Paolo Martínez Ruiz, mientras que por parte de las víctimas estuvieron las señoras Araceli Salcedo, María Esther Montero y Sandra Luz Román, en representación de los 11 quejosos, a quienes asistió el director de Idheas, Juan Carlos Gutiérrez.
Araceli Salcedo, del Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdova, informó que el año pasado le fue diagnosticado cáncer en la garganta en fase 4, y que la CEAV se negó a solventar su atención especializada.
Madre de Fernanda Rubí Salcedo, desaparecida el 7 septiembre de 2012, explicó que dentro de su colectivo, en el que se encuentran cerca de 360 madres de víctimas de desaparición, hay varios casos que registran enfermedades graves, por lo que pidió a Piedra Ibarra mantener abierta la queja para que más personas afectadas por la ausencia de sus familiares sean integradas a la misma.
Sandra Luz Román dijo que ella fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017 y, pese a que se le canalizó al Instituto Nacional de Cancerología, ella ha tenido que solventar los gastos de su tratamiento.
Contó que en la búsqueda de personas desaparecidas tuvo una caída de más de seis metros de altura que le provocó dos hernias discales, cirugía que también tuvo que solventar.
Ambas mujeres consideraron injusto que la CEAV no atienda sus demandas de apoyo para atención médica, cuando han sido aliadas en la localización de cuerpos en fosas clandestinas.
Por su parte, María Esther Montero sostuvo que desde hace un año y cinco meses, cuando falleció su esposo, se le retiró el apoyo que contaba para alimentos y renta de casa habitación, por lo que en estos momentos carece de vivienda, mientras sigue en espera de que su hijo aparezca.
Luego de escucharlas, Piedra Ibarra reconoció que no son los primeros familiares de desaparecidos que se quejan de enfermedades graves, y se comprometió a revisar con detenimiento la queja y resolver en consecuencia.
