- Aunque los organismos electorales locales están haciendo su parte en la atención de estas denuncias, en el caso de los partidos políticos deben revisar las quejas presentadas por sus militantes
La violencia política contra las mujeres por razón de género es el mayor obstáculo que enfrentan las ciudadanas para ejercer plenamente sus derechos político-electorales en el actual proceso electoral, muestra de ello es que cada mes se presentan 13 quejas por esta violencia ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
En una mesa de diálogo virtual que se realizó ayer para hacer un corte de caja sobre este tema, la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, expuso que si bien la paridad de género es un paso más hacia la igualdad, aún no se ha garantizado que las mujeres accedan al poder sin violencia ni discriminación.
La experta en materia electoral señaló que entre los principales retos para garantizar la implementación de las reformas sobre violencia política, vigentes desde el 13 de abril de 2020, están: identificar estos actos, hacer que las autoridades electorales atiendan todas las denuncias, reconocer que es un problema estructural y saber ante qué autoridad presentar una queja.
En este proceso electoral, donde la mitad de las candidaturas fueron para mujeres, del 14 de abril de 2020 al 22 de marzo de 2021, el INE ha recibido 55 quejas, denuncias o vistas en materia de violencia política de género, de las cuales 14 fueron tramitadas y 41 remitidas a autoridades locales o jurisdiccionales, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría Ejecutiva del organismo: “El número de quejas que recibimos no deja de aumentar. De acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, al 11 de abril de 2021, sumaban 67 quejas denuncias o vistas, de las cuales 46 se han presentado en este año. Es decir que están recibiendo un promedio de 13 quejas por mes“.
Ravel Cuevas destacó que algunas de las quejas presentadas por las víctimas no constituyen por sí mismas violencia política por razón de género, pero sí se trata de violencia de género. “Esta situación me hace reflexionar en que uno de los retos más grandes que tenemos como autoridades es lograr que las mujeres sepan a qué instancia acudir para presentar sus quejas”.
La consejera aseguró que si las víctimas acuden a las autoridades competentes desde el principio, se evitarán dilaciones innecesarias en la atención, en particular ahora que las y los candidatos se encuentran en periodo de campañas rumbo a la elección del próximo 6 de junio, fecha en que se elegirán 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y ayuntamientos en 29 estados.
Mencionó que aunque los organismos electorales locales están haciendo su parte en la atención de estas denuncias, en el caso de los partidos políticos deben revisar las quejas presentadas por sus militantes, y no han consolidado su compromiso y convicción para erradicar la violencia política contra mujeres por razón de género y consumar la paridad de género.
Reformas de relevancia histórica
Estas reformas en materia de violencia política, que por primera vez se implementan en un proceso electoral, tienen una relevancia histórica para la democracia del país, no sólo para impulsar la participación política de las mujeres libre de todo tipo de violencia, sino para sentar firmes bases hacia una cultura política basada en los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, aseguró la consejera del INE, Norma de la Cruz Magaña.
Explicó que los cambios normativos sintetizan un avance tangible, resultado de múltiples esfuerzos impulsados por ciudadanas desde distintos ámbitos para superar obstáculos que impiden, limitan o menoscaban el ejercicio efectivo de sus derechos políticos-electorales.
Las reformas a ocho leyes vigentes desde 2020 fueron a:
— Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
— Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
— Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en Material Electoral
— Ley General de Partidos Políticos
— Ley General en Materia de Delitos Electorales
— Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
— Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
— Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con estas reformas se establecieron responsabilidades a diversas instituciones, incluyendo a los partidos políticos y se definieron sanciones que se deben de aplicar para atender y reparar el daño causado, desde las vías administrativa, penal y jurisdiccional.
La consejera De la Cruz Magaña destacó que las obligaciones que se desprenden de estas reformas por primera vez se aplican en el actual Proceso Electoral 2021-2021, por tanto, el INE como los Organismos Públicos Electorales han emitido una serie de acuerdos en el ámbito de sus atribuciones para garantizar su implementación, entre las cuales se encuentran:
— Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia contra las mujeres
— Registro Nacional de Personas Sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres
— Lineamientos para los partidos políticos nacionales y locales en los que se incluyen los criterios de “3 de 3 contra la violencia” para personas aspirantes a una candidatura de elección popular
— Guía para presentar quejas y denuncias en materia de violencia contra las mujeres.
“Si bien sabemos que la violencia política contra las mujeres en razón de género refiere una problemática estructural, compleja, que responde a una cultura política patriarcal que no es fácil desmontar, también sabemos que es posible transformar esta realidad y, por ello, son tan importantes las reformas enunciadas”, dijo la consejera.
En esta mesa de diálogo también participaron la doctora Andrea Samaniego Sánchez, la maestra Edith Chávez Ramos, la doctora Georgina Gerema López Hernández y el consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
