APRO/Gloria Leticia Díaz
Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo de que los procesos de vacunación contra el covid-19 se vean contaminados por la corrupción y los distintos procesos electorales que se desarrollan en América Latina.
En un informe titulado Vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud de todas las personas, la organización recordó las previsiones de comicios en El Salvador y Bolivia, realizadas en febrero y este mes, respectivamente, y los procesos –también este año– en Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile, Honduras, México, Argentina y tentativamente Venezuela y Paraguay.
“Los ciclos electorales pueden ser momentos en los que los gobiernos podrían presionar a determinados sectores de la sociedad que les critican. En contextos así podríamos asistir a un uso de las vacunas destinado a obtener beneficios políticos o personales”, alertó Amnistía Internacional al señalar que “incluso fuera de los ciclos electorales” los políticos de la región se han distinguido por incurrir en irregularidades, tan es así que América Latina y el Caribe “tienen una puntuación baja en el Índice de Percepción de la Corrupción y Transparencia Internacional”.
El informe, que revisó los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe, puntualiza: “en el contexto de las elecciones y los ciclos políticos, la corrupción podría menoscabar el acceso justo a las vacunas y erosionar más el disfrute del derecho a la salud”.
Y destaca que, en el análisis de los programas de vacunación, sólo 13 países lo hicieron público, considerando como población prioritaria al personal sanitario, pero en el caso de México, Perú y Brasil, Amnistía tuvo información de que “se está vacunado a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a los trabajadores y trabajadoras en primera línea que tratan directamente con pacientes de covid-19”.
Sólo seis países tienen registros desglosados por género, profesión, ubicación y otros datos sobre el número de trabajadores que han contraído coronavirus, en tanto que varios países tienen escasez de personal sanitario.
En el documento se resalta que, si bien países como Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana contemplan a la población indígena en sus planes de vacunación, “no mencionan protocolos específicos” para tratar a esos pueblos.
En su informe, la organización denuncia: “los gobiernos de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o lo han bloqueado directamente, a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha afirmado que incluir a estos grupos en sus programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia”.
En cuanto a la gratuidad de las vacunas, a partir de la revisión de los planes de vacunación, Amnistía Internacional detectó que sólo nueve de los 17 países analizados han confirmado el acceso a ese derecho en sus programas oficiales o han emitido normas que lo garantizan.
La directora para América Latina y el Caribe de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, resaltó que con el 8% de la población mundial, la región acumula 27% de las muertes por covid-19 en el mundo con 343 mil fallecidos, siendo Estados Unidos y Brasil los países que encabezan la lista con el mayor número de víctimas, y México es el que tiene el mayor índice de letalidad.
La defensora agregó que, siendo América Latina y el Caribe la región con mayores desigualdades sociales y económicas en el planeta, a un año de la pandemia por covid-19 los sistemas de salud se encuentran “colapsados” y con la predicción de que “se produzcan más olas de contagios” en las próximas semanas.
Al señalar que América Latina y el Caribe tienen el reto de vacunar a más de 629 millones de habitantes, Guevara Rosas apuntó que “en el contexto de la escasez mundial de suministros de vacunas, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el diseño y la producción, adquisición y distribución de vacunas son primordiales”.
Consideró que ante la crisis mundial de salud que afecta a las naciones más empobrecidas, “las empresas farmacéuticas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con arreglo al derecho internacional, que requiere que los agentes privados adopten medidas proactivas para prevenir violaciones de derechos humanos, compartir su conocimiento y tecnología para que el número de dosis de vacunas disponibles sea el máximo posible, y trabajar conjuntamente para garantizar el acceso inmediato a unas vacunas vitales entre las personas que corren mayor riesgo frente al covid-19 en todos los países”.
Entre las recomendaciones que hace la organización en su informe destacan: hacer públicos los contratos y acuerdos con las empresas farmacéuticas; garantizar la “disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de las vacunas contra el covid-19 a todas las personas”; proteger a los grupos vulnerables e impedir la discriminación y la desigualdad; garantizar el acceso a la información exacta sobre los planes de vacunación; coordinar acciones en todos los niveles de gobierno; proteger al personal sanitario; vacunar a todas las personas con independencia de su condición migratoria.
La organización consideró indispensable brindar seguridad y protección a quienes denuncien delitos de corrupción en el sector salud o en otros; prohibir compras directas del sector privado y “contemplar imposición de sanciones a personas u organizaciones privadas que eludan el plan nacional de vacunación o que de algún otro modo obstaculicen indebidamente las medidas estatales para garantizar un acceso a las vacunas; abstenerse de utilizar vacunas con fines personales o políticos, y administrar las vacunas de forma gratuita en los centros de salud.
Amnistía Internacional también recomendó a las empresas farmacéuticas no tomar medidas que “afecten indebidamente a la capacidad de los estados para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas”; publicar los contratos y acuerdos firmados; conceder licencias abiertas y no exclusivas que incluyan la transferencia de tecnología, y sumarse a los mecanismos mundiales como el C-TAP.
