- Con la regularización de la mariguana, organizaciones advierten la oportunidad de frenar las ganancias ilícitas de los traficantes de drogas. Impulsores del Proyecto Amapola: Las deudas del opio ven potencial para beneficiar a campesinos
EMEEQUIS/ Alejandra Crail
La regularización de la mariguana en México abre paso a una deuda pendiente con la amapola, la planta conocida como adormidera de la que surgen la morfina, codeína y heroína: urgen medidas para mitigar la desigualdad en la cadena mercantil de la planta, advierten organizaciones.
La Cámara de Diputados aprobó con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones la ley que establece que cualquier adulto que quiera consumir cannabis pueda hacerlo de forma legal, con ciertas restricciones.
Expertos y asociaciones civiles ven en ello una oportunidad para que avance el proceso de regularización de la amapola. Y es que aunque México es el segundo productor mundial de la adormidera, no forma parte de los 23 países que tienen la posibilidad de cultivarla y venderla legalmente con el amparo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte del abastecimiento global de medicamentos cuya base son los opiáceos –como la morfina y la codeína que tratan dolores agudos y crónicos–.
En cambio, el cultivo y la comercialización de la amapola se ha concentrado en el mercado ilícito con la producción de heroína, convirtiéndolo en una fuente de ingresos indispensable para campesinos de varias zonas rurales del país. En 2019, por ejemplo, la ONU ubicó al país entre las naciones con mayor número de cultivos ilícitos, debajo de países como Afganistán y Myanmar, según el Informe mundial sobre las drogas.
Aunque el gobierno mexicano impulsa la erradicación de estos cultivos, en realidad es una acción simulada porque, en su mayoría, estos –a diferencia de lo que se cree usualmente– no se encuentran en parcelas escondidas o de difícil acceso, pues la amapola en lugares como en Guerrero y Sinaloa se encuentra en los patios de las casas, en parcelas abiertas y cercanos a rutas transitables.
“Están a la vista de todos, incluso de las autoridades encargadas de luchar contra su producción. El boom de los cultivos ilícitos no se da a espaldas del Estado”, explican con el Proyecto Amapola: las deudas del opio, integrantes de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Noria Research, Centro de Estudios México-Estados Unidos y Revista Espejo.
Romain Le Cour de Noria Research detalla que una combinación entre la Guerra contra las drogas, que instauró con mayor fuerza el gobierno de Felipe Calderón, junto con la implementación de programas sociales han convertido a agricultores en productores de droga más eficientes, logrando que comunidades enteras subsistan a partir del cultivo y evitando que el Estado cumpla sus funciones sociales, educativas y de desarrollo para con ellos.
Sociólogos, periodistas y activistas definieron a partir de un trabajo de 15 meses las características de 59 municipios en tres regiones del país ubicadas en seis estados de la República que tienen presencia de cultivos de amapola y así pudieron definir que la amapola “es una puerta de entrada hacia territorios emblemáticos de la ‘Guerra contra las drogas’ y las vidas de las familias del México rural”.
Las sierras, el campo, son territorios importantísimos para el tráfico de drogas a nivel nacional e internacional, las ganancias que generan las gomas de opio fluyen entre las ciudades y la periferia, alimentando la economía regional, por ello su regularización –con un análisis serio de por medio– no puede descartarse.
AMLO y la amapola
Apenas el 8 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a los miembros de su gobierno que se analice a fondo el cultivo de la amapola y de la mariguana, pues consideró que tanto las comunidades rurales como indígenas en donde se concentra el cultivo están quedando rezagadas con el boom del fentanilo –una droga mucho más redituable para el crimen organizado– que inició en 2017 y que provocó una afectación económica grave de comunidades enteras que viven de la siembra de estas plantas.
“Hay condiciones inmejorables para hacer lo que más beneficie a México y a nuestro pueblo, porque el gobierno actual es libre, completamente libre, no está subordinado a gobiernos extranjeros ni a grupos de intereses creados”, dijo en su conferencia mañanera.
En esta línea, Lisa Sánchez de MUCD, explica que en México sí es posible apelar a la regulación de la producción de amapola a diferencia de lo que ocurre con la mariguana, porque está previsto en el derecho internacional, sin embargo, advierte que esta posibilidad se ve coartada porque requeriría un crecimiento de la demanda global para iniciar un proceso de solicitud ante la ONU y que, a su vez, este organismo pueda aceptar un nuevo productor en el mercado. Todo esto necesitaría, además, la creación de institucionalidad interna para regular todo el proceso del mercado.
“Ya no sólo por la voluntad política de México sino que tiene implicaciones a nivel internacional”, asegura.
En suma, se debe apelar a un análisis profundo que permita conocer la evolución de los cultivos, las características de su producción, distribución, precios y rendimientos y, sobre todo, el papel de la base de este mercado: el campo.
Los campesinos, detallan los investigadores del Proyecto, se han ido especializando generación tras generación en la mano de obra especializada en la amapola, son cultivadores, peones, rayadores, corredores, acopiadores, cocineros de heroína, transportista, traficantes o sicarios.
Aunque el Gobierno Federal ha apelado al programa Sembrando Vida como la alternativa al cultivo ilícito, promoviendo la siembra de árboles frutales y maderables como otra opción económica para las familias que, según los especialistas, llevan cultivando amapola por más de cuatro generaciones, esto no ha resultado efectivo.
Marcos Vizcarra, uno de los periodistas que coadyuvó en las investigaciones de Proyecto Amapola, definió en su informe que aunque el precio por kilo de amapola ha bajado en relación a 2010 cuando valía alrededor de 30 mil pesos, este se recuperó tras la caída de hace dos años cuando bajó a un mínimo histórico de 6 mil pesos por kilo.
Actualmente, reporta el periodista, en Sinaloa, Durango y Chihuahua –el centro histórico de cultivo de amapola y mariguana en México–, el llamado “Triángulo dorado”, el kilo de amapola ronda entre los 16 y los 18 mil pesos, según la zona.
Sin embargo, la riqueza no se transfiera completamente al proletariado de la cadena de producción, es decir, a los campesinos, que pese a su papel indispensable en la cadena productiva son los menos favorecidos económicamente y, pese a ello, el cultivo de amapola es la opción más rentable.
Los especialistas llaman a la planta “adormidera social” porque permite que zonas marginadas sobrevivan mientras el Estado es omiso con sus funciones, atendiendo lo relacionado con el cultivo ilícito sólo en el ámbito represivo, pero sin ofrecer alternativas útiles.
De la mariguana a la amapola
Este análisis profundo puede abrir caminos para la discusión del papel del Estado como garante de derechos en las zonas donde históricamente sus habitantes han vivido del cultivo de esta planta, convirtiéndose la base de la economía del tráfico de drogas nacional e internacional.
La posibilidad de una regularización en la legislación está latente, contemplando el proceso que se ha vivido con la cannabis, cuyo uso recreativo avanzó un paso en el proceso de legalización en México, luego de que en la Cámara de Diputados se aprobara este miércoles 10 de marzo la ley de su regulación.
Luego de dos años de un largo proceso legislativo, en San Lázaro se aprobó con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones la ley que establece que cualquier adulto que quiera consumir cannabis pueda hacerlo de forma legal, con ciertas restricciones.
Entre las modificaciones que quedaron establecidas en este paso es que ya no se creará una institución que regule lo relativo a la planta, sino que la Comisión Nacional contra las Adicciones se encargará de la aplicación de la ley, la supervisión de la siembra, cosecha, distribución, así como de otorgar los permisos para crear asociaciones de consumo.
Hasta este punto, la ley define que la posesión personal de hasta 28 gramos es legal, sin embargo, la criminalización persiste, pues la legislación contempla multas de 10 mil pesos para quienes superen el máximo permitido, una de las principales críticas de la sociedad civil.
Desde 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que prohibir el consumo de cannabis atentaba contra el desarrollo de la libre personalidad de los usuarios y estableció que el poder legislativo debería hacer los cambios legislativos necesarios para garantizar este derecho.
Con la aprobación parcial que se dio este miércoles en San Lázaro, las modificaciones pasarán a la Cámara de Senadores, de aceptarlas, la ley quedará lista para su publicación y aplicación.
