APRO/Rosa Santana
A punto de cumplir medio siglo como estado, el más joven del país, Quintana Roo ya es reconocido en el mundo no sólo por sus atractivos turísticos, sino por la vocación criminal de muchos de sus políticos, incluidos dos exgobernadores actualmente encarcelados por delitos de corrupción y delincuencia organizada.
Esos escándalos no paran. El pasado 4 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del entonces dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña Ruiz de Chávez, por su presunta conexión con la mafia rumana. Mientras que el 24 del mismo mes el ámbito político se cimbró con el asesinato del secretario de Desarrollo Social y Turismo de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero, quien se perfilaba como próximo alcalde.
El nombre de De la Peña Ruiz, coordinador de la bancada verde en el Congreso de Quintana Roo, apareció en el requerimiento 110/F/B/978/2021 de la UIF (folio SIARA UIF/2021/000097), en el que la dependencia solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria congelar las cuentas bancarias de un grupo de políticos, empresarios y exfuncionarios para investigar su aparente relación con la mafia rumana, que desde Quintana Roo opera una organización internacional de clonadores de tarjetas de crédito, presuntamente liderada por Florian Tudor, el Tiburón, bajo la protección de una red de corrupción judicial.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, declaró en Campeche que se trata de “un grupo de personas de nacionalidad rumana, pero también mexicana, que fueron denunciadas en diferentes países, particularmente en Canadá y en Estados Unidos, y en menor medida en México”. Se dedicaban a clonar tarjetas de crédito de turistas nacionales y extranjeros en los cajeros de las zonas turísticas: primero de Cancún, luego en el resto de la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, Los Cabos y Acapulco.
Por ese motivo el FBI, la UIF, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción decidieron emprender una investigación conjunta. “Se presentó la denuncia y se hizo un congelamiento de cuentas global de las personas que se encontró que estaban relacionadas”, dice Nieto.
En respuesta a la petición de audiencia de Tudor, cuyas cuentas no figuran entre las que congeló la UIF, el 26 de febrero el presidente López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que la atendiera. La funcionaria lo hizo a principios de marzo.
En cambio, están en esa lista José Luis Jonathan Yong Mendoza, secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) en el bienio del exalcalde verde Remberto Estrada (2016-18), y su padre, José Luis Yong Cruz. Además, Francisco Garibay Osorio, quien dirigió el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo en el gobierno de Félix González Canto, y su hijo Iván Eliud Garibay Pulido, entre otros.
El escándalo le costó a De la Peña la presidencia estatal del PVEM, que lo hizo regidor y secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, así como dos veces diputado local. Pero él dejó claro el 11 de febrero, en su cuenta de Twitter, que le “vale madre” la opinión de quienes publican acusaciones “sin fundamento”.
A los “quintanarroenses, amigos, conocidos, periodistas y medios de comunicación serios, haters, resentidos y/o chayoteros” les informó que estaba en la Ciudad de México “atendiendo la notificación” de la UIF “de manera formal y frontal”, “con la frente en alto”. Añadió: “No tengo, no he tenido ni tendré relación, amistad o negocios con presuntos grupos y personas criminales”.
Medios locales también señalan a Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, hermano de José, como uno de los artífices de despojos de predios que se perpetraron en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje a través de fraudulentos juicios laborales cuando él era subsecretario de Trabajo en la administración de Roberto Borge Angulo, quien desde 2017 está preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, en espera de juicio por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública y operaciones con recursos de procedencia ilícita, éste del fuero federal.
Se le acusa de lavado de dinero por 900 millones 99 mil 418 pesos y la venta ilícita de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados de propiedades del estado en Cancún y Cozumel. El quebranto se estima en 5 mil millones de pesos.
Gobernadores, alcaldes, fiscales…
Roberto Borge Angulo, quien llegó a la gubernatura en 2011 como candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, es el segundo exmandatario de Quintana Roo encarcelado. Lo antecede Mario Villanueva Madrid, detenido en 2001 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, después enjuiciado en México y Estados Unidos. Debido a su edad y al deterioro de su salud, actualmente termina su condena en prisión domiciliaria en Chetumal, donde sus simpatizantes no cesan de clamar por su liberación.
Aún resuenan los casos de los exalcaldes de Benito Juárez, Juan Ignacio Chacho García Zalvidea, que militó en el PAN, el PRD y PVEM, y Gregorio Greg Sánchez Martínez, quien llegó a la presidencia municipal por el PRD y hoy milita en el Partido Encuentro Social de Quintana Roo, así como la de Tulum, la priista Edith Mendoza Pino, quienes también pisaron la cárcel.
Aunque los tres ya están libres, sólo fue exonerado Greg Sánchez, después de ser detenido por la Procuraduría General de la República en 2010, cuando le disputaba a Borge la gubernatura, y recluido en un penal federal de Nayarit acusado de delitos contra la salud y lavado de dinero. Chacho fue enjuiciado por peculado y Mendoza por malversación.
No se olvidan los escándalos del dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, como el video en el que se le exhibió en 2004 aceptando un soborno de 2 millones de dólares para facilitar la construcción de hoteles en la zona turística de Quintana Roo; o la muerte de la búlgara Galina Chankova Chaneva, quien en 2011 “cayó” del vigesimonoveno piso de la torre Emerald, en Cancún, presuntamente durante una fiesta en el departamento 19B, cuya propiedad se atribuyó al entonces legislador federal.
En Yucatán está fresca la deshonrosa salida de Wilbert Antonio Cetina Arjona como fiscal general del estado en noviembre pasado, luego de que el Diario de Yucatán divulgara comprometedoras conversaciones que lo vinculaban con la mafia inmobiliaria, a la que se le atribuyen presuntas ligas con exfuncionarios, funcionarios en activo y hasta con exgobernadores, como el panista Patricio Patrón y la expriista Ivonne Ortega Pacheco, actual coordinadora nacional para el Empoderamiento Ciudadano, de MC. Caso similar el de la mafia agraria peninsular, que ha despojado de miles de hectáreas a los ejidos de la región.
En Campeche causan resquemor los casos del fallecido Juan Camilo Mouriño Terrazo y sus allegados, como Mario Ávila Lizárraga, excandidato a gobernador del PAN e inhabilitado 10 años para desempeñar cargos públicos por su implicación, como funcionario de Pemex, en el caso Oceanografía; además de Jorge Luis Lavalle Maury, señalado por el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, como uno de los senadores que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
En 2009 Lavalle protagonizó, junto con Carlos Mouriño Terrazo, otro escándalo de corrupción cuando el Grupo Megamedia, editor del Diario de Yucatán, lo acusó de pretender pagar la publicidad de la campaña de Ávila Lizárraga con dinero de la Lotería Nacional.
También está el caso del dirigente nacional del PRI y aún gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.
Otros ejemplos del afán dinástico son los yucatecos Emilio Gamboa Patrón –señalado por la periodista Lydia Cacho como miembro de una red de pederastia– y Jorge Carlos Ramírez Marín, cuyos hijos Juan Pablo Gamboa Miner y Jorge Carlos Ramírez Granados figuran como candidatos del PRI a diputados federales; o el de Ortega Pacheco y sus primos Felipe y Víctor, hijos del extinto exgobernador Víctor Cervera Pacheco.
